La negación del Senado de la República de realizar el debate sobre Álvaro Uribe y el paramilitarismo planteado por Iván Cepeda constituye un grave precedente por doble partida. De una parte, causa alarma el hecho de que en el Congreso, recinto por excelencia de la palabra, se quiera silenciar un debate de control político de la oposición de la izquierda democrática sobre un tema de fundamental incidencia nacional como es el paramilitarismo y el papel que en su desarrollo hayan podido desempeñar personas con altas responsabilidades en el Estado colombiano. Algunos han querido argumentar en defensa de tan reprochable actitud de lesa democracia que el debate estaba mal planteado o que incluso era precipitado, como si cuestiones de forma pudieran esconder el profundo calado autoritario que mostraron las mayorías de la derecha, agrupadas alrededor del expresidente Uribe.
Una corporación de elección popular, por definición, tiene que estar abierta a toda clase de debates y a adelantarlos dentro de las reglas del respeto mutuo y la responsabilidad. Si la libertad de expresión del ciudadano o ciudadana se rodea de las más altas garantías por parte del Estado democrático, el de los integrantes del Congreso recibe un plus de protección al disponer la Constitución que los parlamentarios gozan de inviolabilidad por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo (Art. 185, C.P.). Negar la expresión de un sector minoritario, por antipática que le parezca a algunos, es violar la esencia de la función parlamentaria que tiene tres y solo tres atribuciones: reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político (Art. 114 C.P.).
El segundo precedente, aun cuando menos doctrinario, reviste la mayor gravedad. La mayoría que negó la celebración del debate resquebrajó la mayoría de la coalición de gobierno de la Unidad Nacional al solidarizarse alrededor de un interés del partido de la oposición de ultraderecha que finca su enfrentamiento con el Gobierno sobre su desacuerdo con el proceso de paz de La Habana, la principal bandera presidencial. Así el expresidente Uribe haya votado a favor del debate, sus amigos que se caracterizan por obedecer disciplinadamente sus orientaciones, cerraron filas para impedir que fuera incomodado en su ejercicio de senador por las denuncias que anunciaba el senador Cepeda. Ello debe prender las alertas en el Gobierno Nacional sobre cómo se va a fortalecer en el parlamento el bloque necesario para la aprobación de las piezas de legislación claves que quedan pendientes para cimentar los acuerdos que avanzan en las negociaciones con las Farc y que incluyen, por ejemplo, el polémico tema de la justicia transicional que se ha constituido en principal caballo de batalla en contra de las negociaciones de paz.
Este doble precedente de la negación del debate de Iván Cepeda debe servir a las fuerzas democráticas para concretar la unidad alrededor de respaldo a los diálogos de paz y al Gobierno para abrir las compuertas de la información que faciliten la ambientación de la refrendación de los acuerdos. El éxito de dicha refrendación popular pasa, sin duda, por una movilización ciudadana protagónica que influya sobre los ánimos retardatarios de la derecha fundamentalista que en esta oportunidad logró el apoyo de una parte sustancial de la bancada gubernamental. Para los alzados en armas el mensaje es claro. Su respuesta debe ir en la dirección de ambientar los acuerdos con un cese inmediato de los condenables actos de sabotaje a la infraestructura que sirve a la población civil como lo demuestra emblemáticamente el haber dejado sin luz a Buenaventura, donde habita una de las poblaciones más vulneradas de Colombia. No sobra insistir nuevamente ante las partes sobre la necesidad de concretar un cese al fuego en este nivel avanzado de las conversaciones para garantizar su efectiva culminación.
