Un titular de prensa puso a pensar a sectores sociales de la Costa: “Alarma y preocupación por aumento de tarifas de acueducto”. No era para menos. Se anunciaba un incremento del 40 por ciento en las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado para las ciudades con más de cinco mil suscriptores (alrededor de cien mil habitantes), determinado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entidad dependiente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Según el portal internet de la CRA “la nueva metodología para los servicios de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores se expidió mediante la Resolución CRA 688 de 2014, y fue modificada, adicionada y aclarada mediante Resolución CRA 735 de 2015. Las tarifas, producto de la aplicación de la misma, entrarán a regir a partir de los consumos del 1 de julio de 2016, que se facturan de forma vencida”.
Se trata de un incremento tan exagerado que Carmelo Faillace, gerente comercial de la Triple A, empresa prestadora del servicio de agua, alcantarillado y aseo en Barranquilla y gran parte del departamento del Atlántico -- concesión bajo control del Canal Isabel de la Municipalidad de Madrid, España-- expresó a los medios que “la actual tarifa quedaría definida con el nuevo marco regulatorio y tendría un incremento del 40% sobre la tarifa actual que viene aplicando la empresa”. Sin embargo, la misma no ha entrado a considerar que se haga un aumento en esa proporción, sino que “el ajuste inmediato no superaría el 3% para el mes de julio”. Los incrementos tarifarios en los servicios públicos domiciliarios han sido permanentes desde que entró a regir la ley 142 de 1994, que permitió la privatización de las empresas de carácter público que operan con los principios de “eficiencia económica y suficiencia financiera”. La tarifa de la Tiple A ha aumentado desde enero de 2015 de $1.643,83 el metro cúbico a $1.912,69 en junio de 2016, es decir un 16,84% (casi el doble de la inflación).
La situación es todavía más grave si se tiene en cuenta que la misma CRA, según Resolución 750 de 8 de febrero de 2016, modificó el consumo básico de agua en el país que supone otro aumento en las tarifas del vital líquido. Antes de esta resolución el consumo básico estaba en 20 metros cúbicos mensuales por familia, hasta ese nivel de consumo el estrato 1 tenía un subsidio de hasta 60%, el estrato dos de hasta 50% y el estrato tres hasta 15%; pero a partir de ahora se inicia una rebaja gradual del consumo básico subsidiable que para la Costa con altitud por debajo de los mil metros sobre el nivel del mar a partir de mayo 2016 baja a 19 metros cúbicos, enero de 2107 a 18; julio de 2017 a 17 y enero de 2018 quedará en 16 metros cúbicos, consumos por encima de estos rangos pagarán tarifa plena como estratos 4, 5 o 6, con grandes aumentos. Pero también variaron el consumo complementario hasta 32 metros cúbicos y consumos suntuarios los mayores a 32 metros cúbicos mensuales.
En resumen, se trata de un doble incremento oficial en las tarifas del agua potable y el alcantarillado, con argumentos sibilinos, que golpean la economía familiar de todos los estratos sociales sin excepción, obviamente a favor de las empresas prestadoras, que en la Costa son trasnacionales que se han hecho a las concesiones, volviendo un servicio esencial y derecho fundamental establecido por la Corte Constitucional en reiteradas sentencias en un negocio lucrativo para el gran capital internacional. Otra muestra más de cómo el modelo económico actual es el causante de la crisis social prevaleciente.
@normanalarcon
