“La justicia es el valor moral que sostiene a la vida en sociedad y que responde a la idea de que cada persona obtiene lo que le corresponde, lo que le pertenece o lo que se merece”. Definición muy bonita pero inadecuada para el momento actual, pues eso de los valores morales es algo obsoleto. Y no por innecesarios sino porque el neoliberalismo, la competencia, el afán de acaparar riquezas, terminaron por tirarlos a la basura.
Desde chico he escuchado que “la justicia es para los de ruana”, expresión inventada seguramente hace más de un siglo, desde cuando la población campesina era mayoría en Colombia, donde los campesinos eran las víctimas de la justicia mientras que los patronos, así cometieran los más graves delitos, siempre eran absueltos por los jueces. Hoy ha hecho carrera otro dicho: “las leyes son para violarlas”, al cual le agregaron algo reprochable, al compararlas con las mujeres. El más diciente es “hecha la ley, hecha la trampa”. El pueblo se inventa dichos sabios mediante los cuales resumen toda una historia en pocas palabras.
No se sabe si por equivocación, por sospecha, por premiar a alguien, o por buena fe, han acusado, con ayuda de la CIA, a unos magistrados expresidentes de la Corte Suprema de Justicia de ser corruptos, de haberse enriquecido a cambio de favorecer delincuentes con sus fallos absolutorios. Claro que hace poco fue acusado otro magistrado, Jorge Pretelt, por haber cobrado $500 millones a cambio de un torcido jurídico, pero el caso parece que no ascendió a mayores y el señor anda muy orondo, libre, con su “dignidad” en alto. Y otros en Villavicencio, aunque de menor rango, también cobraban por excarcelar delincuentes.
Así las cosas, estos no son hechos aislados, si sumamos todos los que conoce el público bien informado, el prevaricato, el dolo y la corrupción son delitos de diaria ocurrencia, a lo largo y ancho del país. Sospecho que hace algunos años, unos directivos de la U. del Quindío cuadraron con abogados y funcionarios de la justicia la forma de arrebatarles derechos adquiridos a ex docentes y empleados de la misma, contando con la aquiescencia de la Corte Suprema de Justicia. A esto lo llaman buena administración. En Colombia, todo el mundo conoce quiénes son los abogados de los grandes casos: Jaime Granados, Abelardo de la Espriella, Jorge Lombana, etc. No es que sean juristas de alto coturno sino conocedores a fondo de las trampas creadas para obstruir la justicia, malinterpretando las leyes.
Como el Presupuesto Nacional no alcanza para nombrar los jueces y magistrados suficientes para resolver los casos cotidianos, los anaqueles se mantienen repletos de demandas y procesos no resueltos y ahí entra a funcionar el cartel de los fallos y sentencias donde ciertos funcionarios trasladan los procesos del lugar de los más viejos al de los más recientes y viceversa, de tal manera que quienes carecemos de dinero para pagar esta operación tendremos que morirnos esperando el estudio de nuestro caso o que se llene de comején o que lo archiven.
Amigo lector, me excuso por la brevedad de este escrito cuando hay tanto para decir. Todos los poderes están corrompidos: del Congreso ni hablar; del Ejecutivo, igual. Lo cierto es que vivimos en un estercolero, tan hediondo como el relleno de doña Juana y está difícil salir de él porque los intereses creados son enormes. ¿Acaso no presenciaron el despelote formado en el Congreso en la discusión de la reforma a la Justicia? El Estado está podrido; urge destruirlo y construir uno donde sí funcione la ética y haya justicia social.
