“Los Gobiernos de América, que están demostrando poco liderazgo y que en su gran mayoría están implicados en cuestiones de corrupción, son en parte responsables de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, pues la falta de legitimidad y de unión perpetúa la impunidad”.
Los conceptos son de la abogada y directora de Amnistía Internacional (AI), para las Américas, Erika Guevara, emitidos luego de presentar el 29 de mayo su informe “Disparar a matar”, elaborado in situ sobre la cruenta represión desatada por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Ese día iban en 83 muertos. Al martes 5 de junio las cifras de víctimas abatidas por francotiradores paramilitares de Ortega llegan a 127, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La definición de Guevara exime de cualquier explicación de los hechos y describe el estado actual de la ética política en Latinoamérica. Ética reclamada a comienzos de siglo por personalidades de la región, entre ellos el Premio Nobel Amartya Sen, convocados por el experto argentino Bernardo Kliksberg, quienes diagnosticaron y propusieron caminos para construir una política con ética como alternativa a la corrupción imperante entonces (*).
¿Qué tenemos hoy? Líderes implicados en casos de corrupción —Odebrecht y petrodólares venezolanos— a quienes les es imposible cuestionar dictaduras como la de Maduro porque presumiblemente tengan acuerdos secretos de sobreprecios en intercambios comerciales, cuando no lavado de petrodólares a cambio de ayudas para campañas electorales. Algún día lo sabremos y nos quedará evidente el porqué de la pasividad de esos gobernantes, cuando no el trancazo, ante propuestas en la OEA de adopción de medidas críticas respecto al dictador chavista.
El Grupo de Lima conformado en el último tiempo por 14 países latinoamericanos se pronunció con contundencia, pero también es cierto que previamente dejó correr mucha sangre por las calles venezolanas.
Volviendo a Nicaragua también se explica por la corrupción, pero desde otra acepción del término: destrucción, alteración, perversión de un fin primario. Una región democrática no debe admitir en los mismo ámbitos regímenes dictatoriales. Pero mal se le puede pedir ética a gobiernos que han aceptado que una dictadura como la cubana presida un organismo de países democráticos. A esa corrupción es que también alude la directora de AI para el continente. Al cierre de esta columna el borrador de declaración sobre Nicaragua que circula entre los delegados de la OEA “condena y exige el cese inmediato de los actos de violencia dirigidos contra el público en general”, sin responsabilizar al gobierno de Ortega.
Aunque en su punto sexto, pasa las recomendaciones de la CIDH al análisis por el Consejo Permanente. El informe de la CIDH sí fue explícito respecto a la represión del régimen y los paramilitares, a las violaciones de los derechos humanos, e hizo 15 recomendaciones que Ortega no cumple. El proyecto respalda la investigación internacional de los crímenes cometidos por el régimen en los últimos 48 días.
Pero no solamente esos gobernantes cuestionados por AI son responsables de esa corrupción. También hay corrupción académica. Verificada en usinas ideológicas como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), formador de cientistas sociales latinoamericanos. Su único pronunciamiento sobre la masacre en Nicaragua data del 26 de abril, una semana después de iniciada la cacería humana, en el que tras rechazar genéricamente a la represión, que pareciera no tener responsables para estos politólogos, y, por supuesto, atribuirle al imperialismo la causa de la crisis nicaragüense, guarda silencio. Que interrumpe, eso sí, para seguir prendido de la ubre del PT de Brasil: “Vamos a resistir. El encuentro entre Lula y Dilma en una celda de Curitiba” es la última comunicación firmada por el factótum y viajero permanente de CLACSO, el argentino Pablo Gentili. No vendría mal que estos cientistas —¿cuentistas?— sociales leyeran en el sitio Aporrea, la entrevista a la excomandante sandinista Mónica Baltodano.
Como la crítica bien entendida debe empezar por casa, con vergüenza diré que desde el casi inefable Pepe Mujica hacia abajo, Uruguay ha tenido una actitud deplorable respecto a la pérdida de vidas humanas nicaragüenses. El 22 de abril, cuando empezaba la escalada represiva, el gobierno uruguayo se pronunció en el sentido de seguir “de cerca la situación de tensión social” …Se sumaron por decenas los muertos ocasionados por los fusiles de Ortega en los 43 días siguientes, pero la administración de Tabaré Vázquez no ha dicho ni pío. Mucho menos la central de trabajadores, que en mis tiempos de lucha antidictatorial recibía la solidaridad de los nicaragüenses recién liberados de Somoza. Ni se ha pronunciado ante sus hermanos universitarios caídos en Nicaragua la otrora digna federación de universitarios (FEUU), que tantos años de tortura y prisión política aportó en oposición a los militares uruguayos de los setenta y ochenta. En la 48a Asamblea de la OEA del lunes 4 y martes 5, el representante uruguayo repitió que sigue atentamente los hechos, además de generalidades formales, sin responsabilizar a Ortega.
De sobra es conocida la ambigüedad con que el uruguayo Luis Almagro se ha manejado en este tema y que le ha valido el repudio de la sociedad nicaragüense por la responsabilidad que le cabe al no haber actuado desde 2016. ¿Borra con el codo lo que escribe con el puño respecto a Venezuela? Solo él lo sabe.
Cierto es que hay excepciones. El presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, Jorge Gandini, del Partido Nacional en la oposición, hace unos días en un encuentro de parlamentarios latinoamericanos denunció a las dictaduras de Maduro y Ortega. Hace año y medio, desde la propia izquierda uruguaya, algunas voces comenzaron a criticar el despotismo de Ortega: “Unas elecciones no pueden ser legítimas cuando se viene de un proceso de años de desmontar todos los instrumentos de participación política de la oposición”, advertía el semanario Brecha en 2016; y un historiador, Fernando López D’Alesandro, vinculado al Partido Socialista uruguayo, escribía en el periódico de izquierda “la diaria”: “Los Ortega controlan 33% de las televisoras, la mayoría de las radioemisoras, y otro tanto vale para las tierras, amén del control de la riqueza desde el gobierno. Mientras tanto el modelo tiene a 80% de sus trabajadores en la informalidad. La tierra, en ese país campesino, se distribuye hacia la riqueza. El 47% de los productores posee apenas 2,6% de las tierras agropecuarias, mientras que 3% concentra la propiedad de 38,5% del total de la superficie explotable”.
Pero es muy poco. Los gobernantes uruguayos deberían escuchar a Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Si un elefante tiene su pata en la cola de un ratón y dices que eres neutral, el ratón no apreciará tu neutralidad.
(*) Kliksberg, Bernardo: La agenda ética pendiente de América Latina. FCE de Argentina-BID, 2005.
