Este lunes 12 de agosto mientras un grupo de periodistas de la red de medios Proclama del Cauca se dirigía a la ciudad de Popayán con el fin de cubrir la reunión de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez con el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, en la que se evaluaron las posibles acciones para enfrentar las amenazas y agresiones de las que son víctimas las comunidades en Caloto, Toribío, Corinto, y Jambaló, el gerente de Proclama, David Luna, recibió una llamada desde el celular 3137167014 de alguien que se identificó como el comandante del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) en el departamento del Cauca, en la que lo amenazaban por “rebelde”, al no asistir a reuniones con el supuesto movimiento armado y no responder a “exigencias económicas, políticas y territoriales” que le demandaban.
Con el fin de escuchar atentamente las amenazas y el intento de extorsión, siendo las 11:10 de la mañana, a pocos kilómetros de Popayán, sobre la vía panamericana, se detuvo el vehículo en el que se movilizaba el grupo (cinco periodistas y dos escoltas), quienes, gracias al altavoz del celular, escucharon y grabaron las intimidaciones de que era víctima el gerente de la organización periodística.
Es de destacar que similar situación soportaron el pasado primero de agosto los periodistas Miguel Ángel Palta de 90 Minutos, Fransuá Martínez de Blu Radio; Eduardo Manzano de Noticias Caracol; junto a los camarógrafos Arlex Piedrahita y Alexander Cárdenas, quienes recibieron amenazas de otra organización armada ilegal, y que adicionalmente, el 4 de agosto los comunicadores recibieron otro mensaje en el que los amenazaban nuevamente de muerte.
En estas circunstancias de intimidaciones, amenazas, extorsión y persecución al periodismo regional, en perjuicio del derecho a la libertad de expresión y el de las comunidades a la libertad de información, Proclama del Cauca hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue estos hechos y lleve a la justicia a los responsables. Igualmente a las Fuerzas Militares y de Policía para la garantía de protección al derecho a la vida, a la libertad de movilización y a la libertad de empresa, que pretenden desconocer quienes amparados por la violencia intentan convertir al norte del Cauca en un territorio sin ley y sin gobierno.
Es que en lo corrido de este año se han registrado 36 homicidios en contra de integrantes de comunidades indígenas, según la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que obligó al Consejo Regional Indígena del Cauca a declarar la emergencia comunitaria y asamblea permanente para buscar un mecanismo de protección de las comunidades.
Orlando Gómez (q.e.p.d.)
La situación es tan grave en el norte del Cauca que hoy, mientras la ministra del Interior estaba discutiendo las medidas a adoptar para evitar más hechos trágicos con delegados de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, con el gobernador Óscar Rodrigo Campo Hurtado y con los representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), como si fuera un desafío o un reto de la criminalidad a la institucionalidad, simultáneamente era asesinado Orlando Gómez, rector de la Institución Educativa Afro Empresarial Huasanó (Caloto), luego de haber sido secuestrado por dos hombres que se lo llevaron en su propio carro al salir del colegio. El cadáver fue encontrado en horas de la tarde en la vereda El Jagual en Corinto.
