El gobierno venezolano está implementando un proyecto que atacaría cualquier discurso de odio en redes sociales con sanciones drásticas. En cualquier país con democracia sería viable y pertinente; sin embargo, frente al panorama antidemocrático de Venezuela, se pone en cuestión el tipo de publicaciones que pasarían a ser tomadas como discurso de odio. ¿Qué o quién tendría la autonomía de decidir si una publicación es discurso de odio? ¿Cuál es el límite entre la libertad de expresión y el discurso de odio en un régimen antidemocrático?
Hablemos claro, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela se atribuyó ilegítimamente distintos poderes legislativos de la Asamblea Nacional Legislativa, en medio de un país donde la mayoría exige un cambio de gobierno, el cual tiene demandas por fraude electoral, denunciado por los propios administradores del sistema de votación del día del referendo, y el cual persigue y censura a aquel que lo denuncie, “difame” o manifieste su derecho de salir a la calle e invite a marchar exigiendo justicia. Mediante esta nueva medida de control, el gobierno de Venezuela podría perseguir a cualquiera que esté en su contra, bajo el pretexto de “discurso de odio”.
Si vives en un país donde se te obliga a ser parte de un sistema que ha vulnerado los derechos humanos, tu reacción más natural es intentar denunciarlo por todos los medios, si este país sufre hambre y crisis económica, lo más natural es que con “rabia” quieras que el actual gobierno terminé. El gobierno quiere mover su ficha bajo la demonización de las redes sociales, como resultado de su opresión sistemática al pueblo venezolano.
Judicializar el discurso de odio es necesario en cualquier país para evitar la vulneración de los derechos humanos, un ejemplo de esto es censurar los contenidos racistas, xenófobos e incluso dar pena de privación de libertad por estos hechos. Pero utilizarlo como una herramienta de censura frente a la denuncia por parte del pueblo al gobierno, es mancillar la libertad de expresión y vulnerar los derechos humanos.
En vista de esto, Delcy Rodríguez, declaró que: “Las redes sociales se han convertido en la plataforma más grotesca y brutal para atentar contra el pueblo. Esas expresiones, amenazas de muerte, esas expresiones de odio deben acabarse en Venezuela y por eso esta ley va a contener sanciones para el delito de odio, va a contener sanciones y regulaciones en los medios de comunicación.”
¿Sancionamos el odio con más odio? En el discurso de Delcy hay cosas erróneas y me atrevería a decir que falsas, primero las plataformas digitales no son grotescas ni brutales, los gobiernos antidemocráticos sí, segundo, el mayor atentado que ha recibido el pueblo venezolano ha sido la dictadura que tiene el poder, no las redes sociales, y tercero, durante el gobierno de Maduro los líderes opositores también han recibido amenazas de muerte, las cuales han quedado en la impunidad y a esto se le suma la persecución al denunciar públicamente las agresiones del gobierno.
Apoyo que un país judicialice y castigue los discurso de odio, siempre y cuando el gobierno actúe bajo un ambiente democrático y no desde un lado de la balanza. Que le permita al pueblo estar en condiciones de igualdad social, donde además se brinde el cumplimiento de los derechos a todas las partes y no mancille el significado de los conceptos como el “discurso de odio” para intentar buscar beneficios políticos, que permitan ejercer mayor control y censura al pueblo.
