En un extenso documento de 29 páginas, en el que hace un relato exhaustivo desde 1989, fecha en que el Distrito de Santa Marta firmó la concesión del manejo de aguas de la ciudad, cuya deficiencia derivó incluso en muertes de ciudadanos por su falta de potabilidad, el ex alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo instauró una denuncia penal contra 6 ex gerentes colombianos de Metro agua y el español Edmundo Rodríguez Sobrino, además de otras personas indeterminadas, por su responsabilidad.
Fue Caicedo quien desde el 2012 que inició su mandato como burgomaestre alzó la voz sobre los abusivos contratos a que habían llegado los alcaldes anteriores, todos atados a los intereses de la clase político que ha mandado en la ciudad, con las distintas empresas españolas involucradas en la prestación de servicios públicos de la ciudad, además del recaudo de impuestos y rentas. Gracias a una acción popular liderada, la Alcaldía en cabeza de Rafael Martínez logró quitarle el manejo del servicio a Metroagua, mientras por su parte el gobierno nacional intervino Electricaribe a su vez por el pésimo servicio de electricidad. .
La denuncia penal busca que no haya impunidad y que se asuman consecuencias penales por el mal manejo de estas millonarias concesiones de servicios, que terminaron favoreciendo a los empresarios españoles en detrimento de la ciudadania samaria. Caicedo con su denuncia busca que la Fiscalia establezca el grado de responsabilidad que le asiste como gobernante al burgomaestre del periodo 2008-2011 - Juan Pablo Díaz Granados, actual viceministro de agricultura y exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el Magdalena-, sobre quien recae una investigación en curso en la Procuraduría por la transferencia de $ 111.445 millones proveniente de recursos de sistema nacional de regalías a Metrogua para obras de acueducto y alcantarillado en noviembre del 2007; el acta de inicio de la obra se suscribió casi que tres meses después de la firma del contrato y el término de ejecución de la obra terminó siendo casi que el doble de lo pactado inicialmente, sin que Díaz Granados hubiera hecho el seguimiento responsable, según la Procuraduría, que por lo dicho en la denuncia de Caicedo, ha guardado silencio frente al caso a pesar de estar en investigación hace ya un tiempo.
La denuncia penal fue dirigida al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez y está interpuesta en contra de Antonio Navarro Reina, Raúl Quintero Lions, Luis Fernando Arboleda, Luis José Londoño, Johana Segreda Mercado, Diego Fernando García Arias y el español Edmundo Rodríguez Sobrino.
“Los exgerentes y representantes legales denunciados, en contubernio con exalcaldes del Distrito de Santa Marta, se encargaron de tornar lesivo para esta entidad territorial un acuerdo bilateral que correlativamente favoreció los intereses de los grandes socios privados de la empresa prestadora”, asegura la denuncia penal de Caicedo Omar.
Asi como la investigación penal y disciplinaria de alcaldes y funcionarios de la Triple A de Barranquilla se inició en España y es allí donde la Guardia civil y la Fiscalía han hecho el mayor acopio de pruebas y que serán compartidas con las autoridades colombianas, el caso de Santa Marta y Metroagua empezaría en Colombia y replicaría en Madrid, donde el implicado Edmundo Rodríguez Sobrino está detenido por la corrupción en la Triple A.
