El sábado 20 de agosto, a los 13 días de la posesión del presidente Gustavo Petro en representación del Pacto Histórico y apoyado en un Programa de grandes transformaciones de Colombia, de su sociedad y su Estado, ocurrió un hecho de suma gravedad en Armenia, la capital del departamento del Quindío.
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El diputado de la Unión Patriótica, Luis Carlos Serna, único representante en las Asambleas departamentales del país por la Colombia Humana, el partido de base de Gustavo Petro, fue objeto de un atentado que golpeó su lugar de residencia.
Este grave hecho que prolonga las amenazas, estigmatizaciones y asesinatos de líderes sociales ocurridos a lo largo del sangriento gobierno del uribista Iván Duque, está indicando que esta tenebrosa acción terrorista sigue vigente no obstante los anuncios y compromisos del nuevo gobierno que anunció ayer no más en el municipio de Caldono, Cauca, la implementación de una nueva estrategia de protección de los líderes sociales con un modelo comunitario que incluye la organización de unos Puestos de Mando Unificados y humanos por la vida.
La acción criminal contra el diputado Luis Carlos Serna se da unos días después de sus contundentes denuncias sobre el descalabro del Programa de Alimentación Escolar del Quindío, con graves consecuencias para 40 mil niños y jóvenes que asisten a las escuelas y colegios oficiales.
Estamos ya en el segundo semestre del año y el PAE nunca ha funcionado por oscuros manejos que tendrían que investigarse. Serna, un reconocido líder ambientalista, ha denunciado los graves daños hídricos de los grandes cultivos de aguacate en los municipios de Salento, Buenavista, Génova, Barcelona y Pijao, que han establecido en el territorio multinacionales peruanas y chilenas, traídas al Quindío y de las cuales no existen regalías para el departamento por la corrupción.
En su actual desempeño como diputado, Serna, ha denunciado igualmente la corrupción en el hospital público de Calarcá, entregado por la Superintendencia de Salud a una mafia medica paramilitar de la ciudad de Barrancabermeja, y también la oscura trama de robos en la empresa Proyecta, entidad de la gobernación, en la que se entregaron a dedo contratos por 25 mil millones de pesos a los recomendados de Mario Castaño y de Jaramillo, lo que derivó en la captura de su director Pablo César Herrera Correa quien actualmente está preso en uno de los patios del centro penitenciario de Calarcá.
Señalemos que estos fenómenos de corrupción que ha destapado Serna se suman a otras situaciones que hemos denunciado desde hace varios años como las que se dan en la Universidad del Quindío.
La otra grave situación en el departamento es la de la Alcaldía de Armenia, secuestrada por los carteles mafiosos del Norte del Valle y por una de sus fichas, alias “Toto”, el marido de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado, acusada en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el desfalco de 250 mil millones de pesos de las regalías petroleras giradas al gobierno regional.
Frente a estos graves hechos que ponen en peligro la vida del diputado Serna Giraldo, estamos requiriendo la intervención del ministro del Interior y nos estamos preguntando por las acciones del Comando departamental de Policía en cabeza del coronel Jorge Mauro Córdoba Valencia, quien de acuerdo con las palabras del nuevo Director de Polinal el día de su posesión tiene la obligación de acudir en auxilio y protección de los líderes sociales.
También por la posición del general del Ejercito José Antonio Correa, comandante de la Octava Brigada quien en reciente intervención en la Asamblea departamental se fue lanza en ristre utilizando un lenguaje de corte anticomunista y clerical oscurantista contra el Informe de la Comisión de la Verdad y contra las organizaciones de izquierda, los líderes sociales y los sindicatos.
