Dejando de lado la seguidilla de tragicómicos sucesos desencadenados por la salvaguarda de la JEP a la extradición de Santrich, la oportunista renuncia del fiscal Martínez y la ministra de Justicia, la "libertad" e inmediata retención del cuestionado desmovilizado, el escándalo desatado por el New York Times sobre directrices dadas a comandantes de brigadas y batallones por el comandante del Ejército Nicasio Martínez para mejorar sus resultados operacionales —incrementando las bajas de los enemigos, aún a costa de garantizar la seguridad a civiles en zonas en conflicto, justificando la unión con grupos irregulares (¿paramilitares?) y abriendo posible retorno a los falsos positivos—, revivió la discusión sobre las taras que en la formación de oficiales y soldados de las fuerzas armadas colombianas dejó el adoctrinamiento al que durante décadas fueron sometidos siguiendo la doctrina de la seguridad nacional, impuesta para los tiempos de la Guerra Fría y la lucha global contra el comunismo.
Gracias a la formación ideológica y de milicia contrainsurgente, los egresados de las academias militares de los distintos países fueron entrenados para enfrentarse no solo contra guerrillas armadas como las que desde los años 60 surgieron en Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Perú, República Dominicana, entre otros países. También para enfrentar los movimientos campesinos, obreros y estudiantiles que se movilizaban en campos y ciudades luchando por sus derechos gremiales, democráticos y respaldados por diversos partidos políticos, no solo de filiación izquierdista, y a los que consideraban “brazos desarmados de la insurgencia” y como tales fueron perseguidos política y legalmente, acudiendo a represión desmedida contras sus movilizaciones y descabezando sus líderes mediante desapariciones o asesinatos selectivos cometidos por paramilitares asociados a ellos, principalmente durante las dictaduras militares en los países del Cono Sur, y en Colombia, por décadas, gracias al Estado de Sitio institucionalizado desde el Frente Nacional hasta 1991.
A raíz del asesinato en el Catatumbo de Dilmer Rueda, desmovilizado de las Farc, afloraron diferencias entre la alta oficialidad del Ejército, acerca del papel de la institución en la sociedad y su posición frente al proceso de paz y los derechos humanos, tal como se conoció mediante grabaciones filtradas y declaraciones anónimas suministradas al NYT y Noticias Uno, por oficiales descontentos con directrices operacionales del comandante general del Ejército, que para el 2019, recomendaba retornar a cuestionados métodos heredados de la seguridad democrática de Uribe, que replanteó el anterior gobierno al asumir el proceso de paz con las Farc.
Así lo evidencia, el matoneo interno y en las redes sociales al que fue sometido por varios colegas el oficial que reconoció y pidió perdón por el crimen del desmovilizado Rueda. Actitud preocupante, pues también es conocida la íntima e histórica relación que ha tenido el expresidente Uribe y los guerreristas del Centro Democrático con altos mandos militares, activos y en retiro, promoviendo la continuación del enfrentamiento armado, descartando negociaciones con ELN, poniéndole talanqueras al proceso de paz y funcionamiento de la JEP y boicoteando confesiones de crímenes cometidos por militares, políticos y empresarios ligados al paramilitarismo y exigiendo la verdad y reparación solo a los guerrilleros.
Sin duda que la continuación del conflicto armado en Colombia atizado por políticos radicales, guerrillas, delincuencia organizada y neoparamilitares retardará la adaptación del Ejército, más profesionalizado en la lucha contrainsurgente interna, que en custodiar las fronteras.
