La CGT siempre ha mantenido una línea de comportamiento propositiva, en todos los escenarios del contexto nacional en los que participa. Lejos de distanciarnos de este propósito, queremos poner en su conocimiento y el de su equipo de gobierno las propuestas de la Confederación, dada la emergencia económica, social y ecológica como consecuencia de la afectación del país por el COVID-19. Las mismas han sido enviadas a algunos ministros de su gabinete y expuestas en medios de comunicación y redes digitales.
1. Establecer una nueva programación del calendario tributario, con la intención de facilitar a los empresarios la posibilidad de destinar recursos para el pago de nóminas.
2. Hacer uso de una buena parte de las reservas internacionales, las cuales equivalen a 53.144 millones de dólares. Esto permitirá no endeudar al país ante los fondos multilaterales. No podemos vivir pagando, para morir debiendo.
3. Ampliar la garantía al 100% del Fondo Nacional de Garantías, para préstamos a empresarios y organizaciones sociales en las entidades financieras y bancarias. Esta garantía deberá tener la condición al empleador de mantener el empleo y pagar las nóminas salariales de los trabajadores.
4. Proteger a las Cajas de Compensación Familiar y con ellas los setenta mil empleos que genera este sector de los servicios. Garantizar los programas sociales para 22.5 millones de colombianos; inyectar recursos con destinación específica al FOSFEC, para atender a la población cesante, ante el agotamiento de estos subsidios entregados a las personas que lo solicitaron. Además de la importancia de estas corporaciones para el proceso de recuperación social y económica.
5. El presupuesto general de la nación para el año 2020 es de 271,7 billones de pesos, de estos el 19,72% es decir 53,6 billones son para el pago de la deuda. Proponemos se destine una partida del pago de la deuda, para aspectos fundamentales como, un porcentaje de subsidios al pago de nóminas en la micro, pequeña y mediana empresa, dado a que allí está la mayor parte del empleo en el país; fortalecer el fondo nacional de garantías y Bancoldex y por último, una renta básica de doscientos mil pesos mensuales, para 10 millones de hogares vulnerables, que cubriría alrededor de 40 millones de personas, los cuales viven de la informalidad y la economía del rebusque. Esta renta básica podría costar 2 billones de pesos mensuales a la nación.
6. Destinar una línea de crédito especial a través del fondo nacional de garantías, para organizaciones sociales, las cuales deben acreditar personería jurídica, trabajadores a su cargo y pagos a la seguridad social integral.
7. Garantizar los pagos salariales a los trabajadores del sector salud e iniciar procesos de formalización laboral, permitiendo con esto la contratación directa en EPS, IPS, hospitales, clínicas y en general la red pública hospitalaria. Igualmente dotar de todos los elementos de bioseguridad a quienes se encuentran en la primera línea de riesgo, por la contención del COVID-19. Enfatizamos en la protección a los trabajadores por parte de las ARL, considerando la pandemia como una enfermedad profesional en los sectores penitenciario, bancario, comercio y los demás sectores que tienen contacto permanente con usuarios y público en general.
8. Los bancos deben ser obligados a prestar o de lo contrario iniciar acciones sancionatorias, buscando formas y mecanismos para que devuelvan a los más vulnerables, ingresos obtenidos en sus tiempos de recuperación, que percibieron dineros de todos los colombianos. Este sector olvidó su responsabilidad social. Urge poner los recursos al sector empresarial con el respaldo del fondo nacional de garantías, con la condición a la industria de conservar los empleos y salarios de los trabajadores.
9. Garantizar recursos suficientes para los pequeños campesinos y productores agropecuarios, otorgar subsidios para su sostenimiento, facilitar créditos a largo plazo con cero intereses y periodos de gracia hasta por un año. Es pertinente manifestar que de este sector emana la seguridad alimentaria para 50 millones de colombianos.
10. No compartimos las propuestas de algunos gremios como Fenalco nacional, a través de las cuales plantean que los trabajadores asuman el 33% de su salario. Los trabajadores del comercio tienen muy bajos ingresos, muchos de ellos por debajo del salario mínimo, por lo que es absolutamente inconveniente e inaceptable pretender que esta crisis la asuman los trabajadores de menores ingresos. No es posible acudir a prácticas poco ortodoxas de socializar las pérdidas con los trabajadores y privatizar las utilidades en favor de los empresarios, es una práctica completamente injusta e insolidaria en medio de semejante coyuntura.
Señor presidente, los modelos económicos en el mundo han cambiado, Colombia no es la excepción. Actualmente la crisis generada por el COVID-19, nos ha llevado a contemplar políticas económicas asistencialistas en dos ámbitos: el primero, a las personas y familias más vulnerables las cuales no cuentan con un empleo formal y requieren ayudas económicas para sobrevivir; el segundo, a la industria, sectores productivos y organizaciones sociales, los cuales requieren apoyo para reactivar sus empresas, garantizar el empleo de los trabajadores y preservar los ingresos de los colombianos. Esta situación nos debe llevar a proponer temas considerados en algunos momentos como políticamente incorrectos, pero ante la urgente necesidad de priorizar la salud, seguridad alimentaria y la vida de los connacionales, se hace absolutamente pertinente y necesario.
Finalmente, señor presidente, insistimos en estas propuestas porque la crisis en el empleo formal y de los sectores de la informalidad no da espera, ya que tiende a empeorar. Según estudios de expertos en los próximos meses se podrían perder aproximadamente cinco millones de empleos, lo que significaría una catástrofe sin precedentes en la economía del país y de los seres humanos.
Con sentimiento de solidaridad y aprecio.
Comité Ejecutivo Nacional
Julio Roberto Gómez Esguerra (presidente)
Miriam Luz Triana Alvis (secretaria general)
