Con la declaración de la Corte Constitucional del 26 de enero sobre el Estado de Cosas Inconstitucional “por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para las personas que firmaron el acuerdo de paz, que dejaron la guerrilla de las FARC y que están en proceso de reincorporación”, la preocupación por la vida de las personas que decidieron apostarle a la paz, está de nuevo en la agenda pública.
En conversación con Economías Sociales del Común (Ecomun), la entidad creada tras la firma del Acuerdo de Paz para la reincorporación económica y social de las personas excombatientes, se reitera que la preocupación no es nueva:
“Ya existía un diagnóstico general del incumplimiento de los acuerdos. El mayor obstáculo para construir paz es el problema de inseguridad, el desplazamiento, la persecución”, señaló Juan Camilo Londoño, miembro del Consejo de Administración de Ecomun.
Para finales del 2021 se registraron más de 303 asesinatos de ex miembros de las FARC-EP. En el marco de lo inconstitucional no sólo está el asesinato de líderes y lideresas, sino también el desplazamiento de colectivos, las amenazas, el fusilamiento, la persecución, el robo y el abandono de los proyectos económicos.
Los casos de agresiones a Ecomun
Ecomun, integrada por distintas formas asociativas con asiento en los territorios donde las extintas FARC desarrollaron su actividad, tiene un lamentable registro de agresiones a sus integrantes a título individual y colectivo.
Según indicó Londoño, se registran casos en el Cauca, Arauca, Antioquia y Meta: “A la cooperativa Esperanza del Común de Buenos Aires, Cauca, en la que se agrupaban más de 250 reincorporados y que contaba con proyectos productivos relacionados con caficultura, cultivos, planta de transformación, procesos formativos, le han asesinado 7 integrantes bajo las mismas condiciones.
Todos los integrantes de la cooperativa abandonaron el proyecto productivo, se desplazaron a Cali, Santander de Quilichao, Popayán y otros territorios”.
El mismo caso vive la Cooperativa Integral de Infraestructura en Uribe, Meta, colectivo integrado de 200 personas que fue desplazado por amenazas de los grupos ilegales hacia San Martín, Villavicencio, Granada, Bogotá y Bucaramanga.
Y se repite el panorama en La Macarena, Meta: Allí fueron asesinados y desplazados excombatientes integrantes de Ecomun, quienes también fueron blanco de amenazas.
El caso de Arauca, muy sonado en los últimos días, es de los más preocupantes: “14 cooperativas que tienen más de 600 personas reincorporadas que evalúan la posibilidad de irse del departamento”, menciona Londoño.
También recordó que, en el departamento de Antioquia, concretamente en la vereda Santa Lucía del municipio de Ituango, la cooperativa Coemprender se vio obligada a abandonar su territorio en el marco de una caravana humanitaria y reubicarse en el municipio de Mutatá para volver a empezar.
Así, muchos casos: “Más de 300 personas en proceso de reincorporación asesinadas por la actitud negligente y cómplice por parte de las instituciones gubernamentales”.
La larga lista de incumplimientos
En el Acuerdo de Paz pactado en La Habana se estableció una ruta o mecanismo para el desmonte de grupos paramilitares. Estos grupos siguen controlando los territorios con la complicidad de las fuerzas militares y del estado.
La Unidad Nacional de Protección debe brindar protección a las personas que están en riesgo inminente, sin embargo, los esquemas o son insuficientes o en muchos casos no se les han asignado a las personas que requieren de la protección.
En el decreto 899 del 2019, que surgió del periodo legislativo conocido como Fast Track, se estableció que necesario crear un fondo fiduciario con destinado específicamente a la reincorporación que sería manejado por Ecomun, como lo expresó Londoño:
“Ese fondo implicaba el financiamiento de proyectos productivos colectivos o de vivienda y el funcionamiento de Ecomun, sin embargo, nunca se destinaron los recursos”.
“Los dineros de la paz los manejan instituciones gubernamentales y ONG privadas que, en la mayoría de los casos, no conocen ni sienten las necesidades o urgencias de las personas excombatientes. Por lo tanto, los recursos han estado mal destinados”, señala.
En el Acuerdo de Paz se establece, además del asunto de los recursos, el acceso a la tierra para los reincorporados y para los campesinos.
Eso no se ha cumplido. Las personas en proceso de reincorporación no han podido avanzar teniendo en cuenta que más del 50 % de esta población es de vocación agropecuaria: “En últimas no hay garantías para el acceso a la tierra, ni para la vida”.
Paz con dignidad
“La paz no es solamente silenciar los fusiles. Se necesita inversión social y justicia social”, sentenció Londoño quien situó como precedente del Estado de Cosas Inconstitucional un Auto emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a propósito de las garantías para la vida de los firmantes de la paz en el suroccidente colombiano, resultado de un fuerte proceso de movilización de los excombatientes.
“Protestamos ante las graves condiciones de seguridad en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Hubo una concentración de todos los integrantes de todas las cooperativas asociadas de Ecomun y, como consecuencia, la JEP emitió órdenes para mejorar las condiciones de seguridad”.
Según Londoño “se desarrollaría un plan piloto en el municipio de Argelia donde residen cooperativas desplazadas por un grupo armado paramilitar usando el nombre de las antiguas FARC-EP, que actúa en connivencia con las Fuerzas Armadas y se dedica a asesinar líderes y lideresas campesinas”.
La orden también tenía propuesto desarrollar una estrategia con participación interinstitucional para garantizar la seguridad.
Se espera que con la declaración de la Corte Constitucional y las órdenes derivadas se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad y que los colectivos puedan desarrollar sus actividades económicas en los territorios.
En suma, que permitan a las personas firmantes de la paz seguir trabajando por una paz con vida digna.
