Incursionar en el paro no fue sencillo para quien de ordinario estaba supeditado a las normas o restricciones impuestas por el nuevo decreto 1278. En efecto, en principio todo parecía aludir a salarios y a una cierta posibilidad de renovar falencias en el estatuto docente. Con el tiempo el paro adquirió una dimensión nacional al referirse en sí a reformas al sistema general de participaciones y aumentos salariales de los cuales el Magisterio parecía estar exento.
Aunque yo había estado en el viejo decreto 2277 consideraba que había perdido un estatus en el escalafón por culpa de mi renuncia fundada en motivos de fuerza mayor, cuando muchos años después tuve que regresar mediante un concurso docente que me incorporaba en el nuevo decreto 1278 pero que de por sí me degradaba seriamente en algunas garantías al ser sometido a un trato evaluativo diferenciador por parte de los rectores. Me hallaba sumergido en un trato en ocasiones discriminatorio frente a docentes quizá excluidos de evaluaciones o tratos diferenciados por parte de sus superiores. Percibía que los recursos en ocasiones faltaban y ya no había el apoyo de antaño a los maestros en la reproducción materiales. Por ejemplo, en mi época estudiantil se usaba el esténcil por parte de la Institución y todo era como costeado por el Estado.
Ahora en cambio me veía sujeto a presiones directivas para cumplir con apretados programas en que las guías debían en ocasiones reproducirse y hacerse llegar del propio bolsillo de quien impartía la enseñanza, es decir quien escribe estas líneas. Y en ocasiones no era ni tan sencillo ni tan reconocido por el superior en medio de carencias múltiples a nivel interno que cada vez se agravaban más como la falta de personal administrativo, la deficiencia en servicios de baño, la falta de cartillas en algunas áreas, limitantes en suministros o refrigerios, carencia de algunos insumos de aseo o de ayudas didácticas estilo tic apropiadas como para desarrollar algunas tareas, etc., etc.
En algunas ocasiones el estar incluido en el nuevo decreto (1278) me exponía a un trato degradante, subordinativo o de tipo autoritario que subestimaba mi condición docente, que podía relegarme de manera general a un segundo plano en el reconocimiento de mis esfuerzos, etc. Así aunque sufrí algunos traslados debido a mi incierta situación ante el poder en ocasiones prepotente de los directivos pronto comprendí que las razones justas del paro afloraban desde la realidad misma de trato degradante y postración que sufría el sector educativo en general desde el Estado por su autoridad desmedida u omisión de funciones pues éste era en ocasiones indiferente con el estatus y condición educativa general y que el clamor del pueblo no era otra cosa que su “suspiro” o gemido por una justicia en educación digna para todos.
En efecto la calidad era medida por guarismos artificiosos en que poco o nada cabían las realidades deficitarias de la infraestructura debilitada o precaria y el hacinamiento escolar en que de ordinario se hallaba el estudiantado en medio de la carencia habitual de recursos idóneos para su aprendizaje. No fue difícil comprender por qué el Magisterio abogaba unos cuantos años después de mi graduación, nombramiento o escalafón inicial por unas mejores condiciones para laborar en particular tomando en consideración que a nivel internacional había mayor igualdad entre todas las profesiones y mejor reconocimiento a la profesión docente.
Aunque inicialmente cuando estalló el paro sufría un repentino traslado promovido por adversas circunstancias de poco reconocimiento o colaboración con mi labor, de poca receptividad de grupos en ocasiones desobedientes, rebeldes o indisciplinados pronto me di cuenta que debía encarar las coyunturas por contradictorias que pareciesen. Al mismo tiempo evidencié cierta incomprensión directiva inicialmente pues cuando uno se halla supeditado por normas legales de tipo estatutario las cuales degradan de alguna manera a los nuevos docentes (1278) de alguna manera percibe que se le ha querido responsabilizar inadecuadamente de coyunturas superiores a sus propias fuerzas quizá más allá de los propios alcances o límites de los que debiera ser una ley de auténtica igualdad. Además con algunas normas que parecían represivas empezaba a preocuparme por no hacer parte de las nuevas coyunturas como quiera que debía cumplir insoslayablemente un horario laboral.
Sin embargo, pronto comprendí que la atribulada realidad que vivía el país demandaba en algún grado el nuevo compromiso que asumía ante la inconformidad generalizada que había en el Magisterio. Se trataba sin duda de averiguar por qué los recursos no llegaban al Magisterio a pesar de haber sido enviados por el gobierno. Y también se trataba de ser solidario con el desventurado panorama oscuro que se vislumbraba en el Magisterio por insuficiencias en el régimen de participaciones, la infraestructura , los suministros, la dotación y en el reconocimiento a los derechos de los docentes. Pronto se habló por uno y otro lado del fantasma de la corrupción. Y aunado a ello se había sido testigo indirecto de la desaparición inusitada de alguno que otro docente o administrativo en medio de las contradicciones de una contracultura de delincuencia , una cultura narcodemocrática o antisindical quizá incubada latentemente por años de olvido, venalidad, indiferencia, autoritarismo y hasta injusticia con las condiciones sociales de pobreza de una región sin mayores estímulos en lo económico para su desarrollo como el mismo departamento de Norte de Santander o incluso el orden nacional mismo.
Esta indiferencia se hizo más evidente a nivel social cuando ante el paro parecían indiferentes las voces de quienes eran los beneficiarios del servicio educativo justamente las familias, los padres o incluso algunos estudiantes. El panorama un tanto amorfo hacia el gremio educativo hacia parecer la lucha de unos cuantos como una causa sin beneficiarios directos como si en el fondo la educación no fuese indispensable para un país. Esta apatía, este desencanto, esta falta de reconocimiento del valor de un derecho inenajenable como la educación así como la eventual falta de respeto por el derecho a la protesta en el caso de que este fuese ejercido por el Magisterio me fueron generando el sinsabor de que el fantasma de la corrupción pareciera irse apoderando de los recursos y los sueños de los mismos beneficiarios directos del Estado, de los mismos ciudadanos en formación y en cierta manera me fueron convenciendo de que los espectros de castrochavismo venezolano de la dictadura se fuesen apoderando paulatinamente de la situación en medio de la inactividad general, el amedrentamiento de silencio apátrida. Me parecía que era antipatriótico en últimas entregarse por completo a una réplica y a un espejo de lo que ocurría en Venezuela bajo el ímpetu avasallador de un dictador antidemocrático para quien cualquier divergencia podía ser acallada por la fuerza.
Veía el sufrimiento de quienes habían perdido la democracia en Venezuela y debían aguantar hambre o hacer inmensas colas en el totalitarismo y me parecía que lo que podía ocurrir en mi propia patria estaba a punto de convertirse en una pesadilla monárquico dictatorial o represiva de nunca acabar. Por ello empecé a asociar el paro con la oportunidad de evitar que Colombia fuese un nuevo epicentro para la pesadilla de la sacralización del arrebato de los derechos en nombre del abuso de autoridad antidemocrático de una dirigencia capaz de frustras derechos elementales a la salud, la educación o la protesta y eventualmente incluso derechos a la vida o a la integridad ciudadana de quienes a pesar de su labor empezaban a ser avasallados por su desobediencia al estilo de los tiempos de Gandhi sin mayores armas que contraponer frente al Estado que el viento, el lápiz o silencio de su marcha pacífica. No me parecía que si Colombia era democrática debiera desaparecer el derecho a la protesta tan solo porque este era ejercido por el ramo educativo o un gremio cuya única fuerza fuesen las ideas o la no violencia. Y cuando el espectro del totalitarismo extranjero empezó a vislumbrarse en el escenario colombiano comencé a creer que ello no podía estar sucediendo y que sin duda se había desbordado la corrupción hasta el límite en mi propio país al igual que lo había hecho en el país vecino. Por ello creí injustificado el que la fuerza del derecho tuviese que ser la violencia. Y el paro ya no era una cuestión de gremio sino de ciudadanía en que se corría la amenaza de caer en los excesos de intolerancia del autoritarismo venezolano.
Cuando un reconocido periodista anunció que había que votar en blanco en medio de una cierta incredulidad total con el sistema me di cuenta que uno de los flagelos emergentes que sin duda empezaban aflorar para hacer peligrar la estabilidad democrática y los derechos humanos era sin duda el de la corrupción o “corruptocracia” y ello me indujo a creer que sin duda el país estaba en u serio problema a futuro más que por el porvenir magisterial quizá el de su misma transparencia institucional o vida democrática realmente participativa pues como ya lo decía un viejo aforismo “democracia no es ni anarquía ni tiranía”:”democracy is nor anarchy, nor tirany”.Esto me hizo creer que si bien en algunos casos no se hacía mayor papel por salvar instituciones en educación o salud tampoco se hacía mayor bien con negar –lagalistamente- derechos fundamentales como la protesta cuyo ejercicio pacifico en ningún momento había redundado en la violencia. Y que se corría el riesgo estatal de revivir el espectro del totalitarismo de Venezuela de alguna manera, allí donde nadie puede divergir del gobernante, donde la prensa no es libre y se sufre hambre, desabastecimiento, carestía o escasez de medicinas cuando no limitaciones civiles a la libertad individual.
Me parecía que en efecto a la postre una buena parte de la población infantil y joven resultaba vulnerada por situaciones coyunturales adversas en lo económico al no percibirse estímulos reales al mantenimiento o adecuación de la planta física de los planteles, máxime cuando algunas garantías en materia de insumos o suministros empezaban a disminuirse cada vez más con el tiempo. Si no había una inversión substancial en infraestructura, dotación y suministro alimentario me parecía que comparar la calidad basada en resultados sin implementaciones reales logísticas de las plantas educativas era un verdadero absurdo sobre todo por el habitual hacinamiento estudiantil que observaba. En ocasiones hasta faltaban los seguros de salud más elementales para garantizar derechos a la vida o la integridad de los mismos alumnos.
Al final pude percibir que la falta de representación política por parte de dirigentes era un síntoma más de la indiferencia institucional hacia la defensa de derechos en educación o salud allí en la rama legislativa. La falta de escaños en el congreso claramente definidos para adelantar una reforma legislativa en la cual fuese posible defender en mayor grado las garantías a la educación hacia que fuese tan difícil interpretar las reales angustias del pueblo. Aunado a ello el que inexistiese un estatuto único posibilitaba que quizá persistiesen tratos degradantes o discriminatorios respecto de los nuevos docentes, que continuasen eventuales represalias hacia el común de los docentes al no serles garantizado de plenitud el derecho a la protesta. Sin duda el que algunos rectores jamás e hubiesen aparecido en el paro era una clara reafirmación de que ante la ley algo quebraba la integridad del Magisterio pues según los nuevos decretos siempre habría un alto costo al ejercicio laboral para quienes habían ingresado en una reñida competencia sin importar que fuesen o no docentes.
Si hubiese podido interponer una acción pública para modificar algunas coyunturas altamente desfavorables para los docentes del nuevo decreto 1278 o para revocarlo definitivamente y revivir algunos méritos tradicionales de ascenso del decreto 2277 como el reconocimiento de antigüedad, estudios de especialización y aportes de investigaciones o libros al Magisterio quizá lo hubiese hecho pero no era abogado y de momento carecía del apoyo para enfrentar tamaña talanquera puesta a la unidad del Magisterio quizá por imposiciones economicistas propias de un régimen cada vez más cercano a los intereses que al verdadero altruismo, Estado asociado finalmente con legitimaciones neoliberales o privatizadoras ates que con legitimaciones propiamente democráticas. Con ello los ascensos se dificultarían ante el escaso presupuesto dispuesto para favorecer la estabilidad de los docentes que llegasen a ulteriores grados de escalafón en lo futuro. Ante este panorama me pareció que la idea de la reforma debía in duda incluir lo relativo al estatuto único para mejorar el trato hacia los nuevos docentes y quizá debía modificar el trato diferencial establecido al interior del Magisterio por prerrogativas económicas interpuestas como palo en la rueda para frenar el ascenso de los docentes.
Cuando el paro de Fecode empezó a confluir en acuerdos con el Estado me parecía que una coyuntura de años se había enfrentado por primera vez pero todavía veía derechos y problemáticas aun por abocar en el seno de las leyes estatutarias aún inobjetadas por políticos o juristas al interior del Magisterio a pesar de su proclividad a la desigualdad o la injusticia.
No obstante, lo que me pareció laudable fue el que se diese una eventual solución democrática al conflicto para conjurar así el fantasma de un Estado eventualmente paralelo al de las leyes asociado con pasos falsos de corrupción o totalitarismo. Ahora solo me preocupaba el que desapareciesen del panorama las presiones directivas por recuperar el tiempo o las eventuales represalias hacia los docentes particularmente hacia mi decreto de nombramiento el 1278 pues todavía dependía de artificiosos resultados evaluativos y no me parecía justo desde ningún punto de vista que se sancionase a quienes habían encarado una problemática tan aguda a nivel presupuestal como la presentada de manera tan desventurada en el ramo educativo. A pesar del júbilo por la gradual solución entre directivos o lideres oficiales de índole estatal o sindical ahora esperaba que no recayesen mayores tribulaciones o perjuicios en quienes habían tenido que cambiar los lápices y los salones por recorrer interminables calles en ocasiones sin sol ni sombra, en quienes tenían sobre sus hombros el destino de la educación pero aun parecían trabajar como con las uñas, en quienes hacían parte del Magisterio y empezaban a evidenciar las bondades de la unidad para la defensa de derechos que podían incluir aún a otros integrantes de la comunidad educativa por el altruismo y alcance de los propósitos trazados o en quienes finalmente habían caído irreparablemente en la lucha.
Ahora quedaba pendiente vislumbrar el camino de una defensa más institucional de los derechos que hasta el momento habían estado o en decadencia o en orfandad y aun parecía estar todo pendiente por hacer en el panorama y el espectro político y jurídico. Ahora recordaba las palabras del General Santander: si las armas os dieron la independencia las leyes os darán la libertad”. Y para que se conjurasen o hiciesen desaparecer los espectros del totalitarismo que amenazaban la democracia era preciso ese retorno al legalismo que quizá por algún tiempo se había perdido o abandonado del panorama político, legislativo o jurídico del país.
Y sin embargo,mientras se acordaban algunos puntos álgidos en la negociación que apuntaban a un menoscabo económico sufrido por el gremio educativo todavía irresuelto aún percibía que en ocasiones los recursos eran como desviados con prevaricato por fantasmas de la corrupción que parecían como despojar bienes de un Estado democrático que había depositado su confianza legítima en el buen manejo de los mismos para el bienestar de sus ciudadanos. Y este Estado paralelo al de las leyes era el que todavía incomprendía pues parecía haber represado el crecimiento institucional en breves décadas como si cien años de soledad se hubiesen abreviado en un aguacero intempestivo, pertinaz e impávido de unos cuantos años como para ser capaz de arrebatarlo todo en su vorágine avasalladora o como si el destino de una nación se hubiera jugado al azar y se lo hubiera arrebatado el destino a los hombres de buena voluntad. Y aún estaba todo por resolver a nuestro retorno del parque Agueda Gallardo de Pamplona tras las informaciones recibidas en el parque Colon (ahora llamado de la Victoria) luego de oír acerca de los acuerdos parciales entre Fecode y el Gobierno en Bogotá, D.C.
