La decisión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de establecer un protocolo cuando se producen movilizaciones, marca un derrotero para todos los mandatarios de los entes territoriales de Colombia. En esa ruta, definida al comienzo de su administración, les sacó ventaja a los demás ejecutivos departamentales y municipales, pero, de paso, asegura que el diálogo sea la vía que se debe tomar, más que la utilización de la fuerza pública que costó la vida del estudiante Dilan Mauricio Cruz.
La necesidad de desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha sido un clamor popular cuya bandera fue asumida en el Paro 21N y que, sin duda, volverá a ser estandarte en las actividades de protesta que se retoman el 21 de enero en demanda de cambios estructurales en un país minado por las medidas retardatarias del presidente Iván Duque, la politiquería y la corrupción en todas las esferas.
La alcaldesa López consultó las inquietudes de obreros, estudiantes y demás expresiones populares válidas, relacionadas con los desmanes del Esmad y que, antes que apoyo a la institucionalidad, han despertado rechazo e indignación cuando los ven en las calles.
Sobre este tema hay polémica. Apenas previsible. En Colombia hay quienes, azuzados por la ideología macartista del otrora presidente y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez, y quienes consideran que se debe brindar garantías a la protesta social, sin reprimir su desarrollo.
Por supuesto, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay brotes de violencia. Los encapuchados los han protagonizado. Pero con una disposición al diálogo como la esbozada por el gobierno bogotano, el curso de la historia de las protestas debe cambiar. El asunto, en adelante, es de más compromiso. Ya se venía dando, pero sin duda, será mayor para reclamar de quienes vandalizan, que abandonen sus prácticas porque contaminan las protestas.
La expectativa que se tiene es que otros territorios asuman el mismo protocolo. Es una medida encaminada a garantizar que las movilizaciones, que se retoman este mes, permitan un desarrollo sin violencia. Protestar es válido, salvo para quienes encuentran en la utilización de la fuerza pública, el único camino para mantener un “clima de sana convivencia en el país” como llama la derecha colombiana al estado represivo que han querido mantener por años.
