Se acerca el Día Internacional del Trabajo, momento en el que más que nunca debemos conmemorar a la clase trabajadora (de la cual somos parte la mayoría de colombianos). Las diversas victorias que se han enmarcado en esta celebración han sido fruto de la lucha de trabajadoras y trabajadores que históricamente han hecho valer sus derechos, que de ninguna forma son una dádiva del patrón.
Así pues, la actual conmemoración cobra mayor relevancia cuando frente a la serie de decretos emanados del gobierno nacional se atropellan los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en un país que da exenciones tributarias a aquellos que concentran la riqueza y grava a las clases medias y bajas con impuestos regresivos, y donde cerca del 70% de quienes desarrollan una actividad laboral lo hacen en el marco de la informalidad
Es así que por ejemplo el Decreto 558 apunta a la reducción de los aportes que corresponden al 16% y pretende pasarlos al 3%, de igual manera señala el traslado de pensionados de los fondos privados a Colpensiones. ¿Salvavidas para los privados? ¿No qué eran mejor estos fondos? Quedan entonces dudas en torno a cómo se ha de compensar luego el tiempo durante el cual no se cotice el porcentaje completo y la pérdida de rentabilidad de los títulos valor por cinco billones de pesos en medio de este traslado a Colpensiones: un golpe del Régimen de Ahorro Individual contra el Régimen de Prima Media.
Y ni qué decir del Decreto 444, que ha suscitado una de las mayores polémicas en torno a la destinación de los recursos del Fonpet. Así tenemos que se atenta contra uno de los mayores derechos que ha querido ser minado a lo largo del tiempo y es el correspondiente a la pensión, aquel monto que asegura la subsistencia de quien ya por la edad o por circunstancias de salud no puede continuar en el mundo laboral, pero en el país tan solo el 37% de trabajadores que cumplen la edad de retiro alcanzan los requisitos para la merecida pensión, a los demás les devuelven sus aportes. ¿Para qué? ¿Para que los distribuyan durante el resto de su vida?
Así, la Ley 100, uno de los principales enemigos de los trabajadores, entregó el sistema de seguridad social a la privatización: EPS, fondos privados. La salud, uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano, fue entregado a las leyes del mercado, que por estos tiempos de pandemia revela su peor cara con el mayor número de muertes y contagios registrados de forma sectorizada en aquellos territorios donde el empobrecimiento es la norma general.
De igual manera, el Decreto 568, en el cual se establece un impuesto para atender la crisis generada por el coronavirus, donde se grava a los servidores públicos que devengan más de diez millones, pero se deja de lado a los trabajadores privados que tienen igual capacidad de pago. ¿Dádivas para quién?
Ni qué decir de la devolución del IVA que durante la pandemia ha demostrado que a una amplia porción de la sociedad que debería acceder a tal proceso no se le va a devolver nada porque no se encuentra en el registro, de igual forma los programas como Colombia Mayor que atienden a las personas de la tercera edad con subsidios de $80.000. ¿Qué se hace con menos de $3.000 diarios?
El país es el más desigual de América Latina y con la manera en la que está atendiendo la emergencia sanitaria podría ser el más contagiado, luego de emitir el Decreto 593, en el cual se nota el afán por reactivar ciertos sectores de la producción por sobre la salud de quienes ejercen tales funciones: en el decreto no se estipula ningún tipo de medida para proteger la salud de quienes en este momento se envían como carne de cañón para le COVID-19.
Para finalizar hemos de tener en cuenta el afán de la ministra de Educación por reiniciar las clases presenciales, no porque se den cuenta de la necesidad del proceso educativo para el apalancamiento del desarrollo del país, ni porque tengan presente que la educación es medio fundamental para lograr la movilidad social, ni mucho menos, sino sencillamente porque reactivar las instituciones educativas, en especial las públicas, le permitirá al gobierno nacional seguir activando otros sectores económicos, en tanto ya no estarían los padres con sus hijos en el aislamiento, hecho que se exacerba con las declaraciones de la senadora Cabal, la del “Estudien vagos”, quien dice que se mueren más personas por la “influencia” que por el COVID-19, ¿la influencia del partido de gobierno (su partido) en la sociedad?
Así conmemoramos el Día del Trabajo, hoy más que nunca, cuando hemos de reconocer que los derechos laborales y sociales no son una realidad en la sociedad más desigual de América Latina, la sociedad que sigue al pie de la letra los dictados de organismos multilaterales, que en lugar de dar soluciones profundizan la desesperanza de un país que carga no solo la peste del COVID-19 sino la plaga de aquellos que han detentado el poder históricamente.
