El día 9 de abril en Colombia, a partir de la aprobación de la Ley 1448 del 2011 y desde el año 2012, se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Según esta normativa se consideran víctimas a las personas que de manera individual o colectiva sufrieron daño por hechos que ocurrieron desde el 1 de enero de 1985. Sin embargo, esta conmemoración, tal como lo estipula el articulo 142, ha de promover eventos de memoria y reconocimiento de hechos que han victimizado a los colombianos, haciendo énfasis en la reconstrucción de la memoria, la prohibición de la construcción de la verdad oficial, que niega las víctimas e incluso niega la existencia de un conflicto.
Y es que las víctimas en Colombia podrían contarse desde mucho antes de los hechos del 9 de abril del año 1948, con el oprobioso trato por parte de la peor ralea de españoles que llegaron a estas tierras, que tenían artimañas para hacer de las suyas. Un ejemplo es el denominado rescate, el cual básicamente consistía en secuestrar a los indígenas para que sus familias pagasen con oro por su liberación, o la esclavitud a la que fueron sometidos hasta que entró la acción del fray Antonio de Montesinos principalmente, que se tradujo en prohibición de la esclavización de los aborígenes; hecho que condujo al comercio triangular, con la subsecuente esclavización de seres humanos provenientes de África.
La victimización y exclusión en Colombia ha sido una constante y es así que se rememora también el bogotazo, hecho que podríamos enmarcar como punto de inflexión en el que la denominada hegemonía conservadora pretendía instaurar un nuevo periodo de influencia, frente a la posibilidad de ascenso al poder de un liberal como lo era Jorge Eliécer Gaitán, quien tenía amplias posibilidades de suceder al conservador Mariano Ospina Pérez. Gaitán siendo representante a la Cámara realizó debates en torno al monopolio de la tierra en la etapa 1886-1930 (hegemonía conservadora) y también frente a la masacre de las bananeras, de donde no se sabe exactamente el número de víctimas fatales, pero que representa la injerencia de monopolios internacionales en el conflicto social y económico colombiano en cabeza de la United Fruit Company.
El periodo denominado Violencia que consistió básicamente en la prolongación de la guerra por cerca de diez años desde el bogotazo y que pretendió zanjarse con la toma del poder por parte del general Rojas Pinilla, “pacificación” que se logró medianamente y que dio paso a una nueva dictadura: la hegemonía liberal-conservadora con lo que se llamó el Frente nacional: la alternancia del poder entre los dos partidos dominantes, excluyendo tajantemente otras posibilidades y que dio auge al arribo de diferentes fuerzas guerrilleras en el país y por ende de más víctimas en el conflicto del país.
Normalmente se enmarca el conflicto desde la época de las guerrillas, descontando eventos anteriores, es así que se han dado diferentes procesos de paz con los movimientos insurgentes, que fueron seguidos por el exterminio, quizá el más emblemático, el proceso que se firmó con las Farc y otros movimientos guerrilleros, que dio surgimiento al partido Unión Patriótica que acto seguido fue sistemáticamente exterminado logrando que muchos de quienes habían optado por la vía política, retornaran a la vía armada.
Se intentaron más procesos de negociación de la paz como el que desde el principio se veía poco prometedor con el evento de la Silla vacía en el gobierno de Andrés Pastrana, un tormentoso proceso sin pies ni cabeza que terminó dando vía al país al ascenso de la Seguridad Democrática, ocho años de incremento de la violencia sistemática, persecución de líderes sociales, política de falsos positivos, auge del paramilitarismo y demás hechos que se encabezaron por la revictimización, la negación del conflicto interno y la visión de los movimientos insurgentes como terroristas, negando toda vía de diálogo por lo menos con las Farc, en tanto se pretendió llegar a la victoria por la vía armada.
Terminado este periodo se abre una nueva posibilidad en cabeza esta vez del presidente Juan Manuel Santos, se cambió el enfoque de la negociación sacando la mesa del territorio y con seguimiento de actores internacionales al proceso, se logra llegar así a un primer acuerdo que debía ser refrendado en las urnas, donde él no resultó victorioso con un escaso margen de superioridad, en medio de una campaña que se caracterizó por la difamación y la promulgación de mentiras que hacían ver al acuerdo pactado como algo negativo para el país. Sin embargo, se logró un nuevo acuerdo, refrendado esta vez en el Congreso de la República, un acuerdo que desde el principio puso su foco en las víctimas del conflicto y que dentro de sí toma puntos como la Reforma Rural integral, un proceso que debería haberse llevado a cabo en el país desde el final de la hegemonía conservadora.
La implementación del acuerdo ha sido un proceso difícil, ya que finalizado el gobierno Santos, correspondió al ala de la Seguridad Democrática continuar con su implementación, un sector que niega el conflicto, que ha puesto poco empeño en llevar a cabo los puntos pactados, un gobierno en el que se han aumentado los actos violentos en el país con el incremento en el asesinato de líderes sociales: 44 en lo corrido de este año y 14 firmantes del acuerdo; las masacres: 26 a lo largo del 2021 con un saldo de 95 muertes, la persecución a la JEP, que ha logrado dar con la verdad en procesos que por largo tiempo parecían imposibles de ser alcanzados. En definitiva, conmemoramos el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en medio de la violencia generalizada, el incumplimiento del acuerdo de paz con eje en las víctimas y una reforma tributaria que también desconoce la realidad del pueblo colombiano, dando preeminencia a ciertas elites nacionales, muy al estilo de una prolongación de las hegemonías que deberían ser erradicadas de una vez por todas de nuestro país.
