Las diferencias entre Ecuador y Argentina detonaron raudamente este martes 14 de marzo, luego de que ambos gobiernos ordenaran las expulsiones de sus embajadores. Esto sucede después de que Buenos Aires acogió a la condenada exministra de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, en su sede diplomática radicada en Quito hace dos años y medio y pidiera un salvoconducto para sacarla del país.

Sin embargo, la controversia estalló luego de que Duarte apareció el martes en la institución argentina ubicada en Caracas, sin autorización para abandonar suelo ecuatoriano. La propia Duarte lo comunicó a través de Twitter, donde se consideró una "rehén política" de la Administración de Guillermo Lasso.

"Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura, el Gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política", expresó.

Empero, como consecuencia, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones de la región se deterioraron profundamente.

Durante la tarde-noche de este 14 de marzo, la Cancillería de Ecuador declaró persona non grata al embajador argentino Gabriel Fuks, a quien tildó de no ser idóneo para ese cargo, y ordenó su expulsión del territorio "en un plazo prudente".

El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, justificó en conferencia de prensa que el Gobierno perdió la confianza en Fuks y que este violó "la buena fe y la confianza mutua que se busca en la relación entre Estados".

"En nuestra idea no está romper relaciones con Argentina, pero esta medida era necesaria para que podamos recuperar la confianza. Consideramos que es lo mejor para Ecuador por su dignidad y por respeto absoluto a la Justicia", agregó.

Según relató Holguín, el martes Fuks dio una información diferente y presuntamente contradictoria a la proporcionada el lunes por Santiago Cafiero, canciller argentino, quien notificó la fuga de Duarte de la residencia sin previo aviso.

Además, la misión diplomática argentina no entregó documentos y material solicitado por Ecuador, como las grabaciones de la cámara de seguridad, que pueden esclarecer las condiciones de la salida de Duarte.

Minutos más tarde, desde Buenos Aires reaccionaron tomando una postura similar. La Cancillería nacional emitió un comunicado en el que pidió el retiro del embajador Xavier Monge Yoder, debido a la "incomprensible decisión del Gobierno ecuatoriano".

La misiva de Argentina afirmó que tomaron la resolución de Quito con "tristeza".

"Más allá de las diferencias puestas de manifiesto tras el pedido de asilo diplomático por parte argentina, el rechazo a la concesión de dicho estatus y el consiguiente salvoconducto por las autoridades ecuatorianas; era de público conocimiento que Duarte continuaba alojada en la legación argentina", aseveraron.

Buenos Aires remarcó que no había ninguna obligación de custodiar a Duarte y rechazó la intención de "atribuir a un accionar expreso del Gobierno argentino" la circulación y posterior salida de Ecuador.

¿Por qué Duarte provocó las serias desavenencias entre Argentina y Ecuador?

María de los Ángeles Duarte, funcionaria de diversas carteras durante el mandato de Rafael Correa, pero condenada por corrupción por actos durante su gestión como ministra de Obras Públicas, fue cobijada por la embajada de Argentina durante dos años y medio.

Los lazos de Duarte con el país sudamericano son familiares: está casada con un hombre de nacionalidad argentina con quien tiene un hijo. A través de ese vínculo y bajo el rótulo de 'huesped', estuvo en la embajada argentina en Quito por dos años y medio, hasta que desapareció entre el viernes y sábado pasado.

En diciembre de 2022, el Gobierno de Alberto Fernández le concedió el asilo político y tramitó los permisos correspondientes para su traslado, acción que fue bloqueada por la Administración de Guillermo Lasso.

Ecuador apuntó que algunos argumentos de la solicitud que Argentina le elevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no eran ciertos.

Para Holguín, la salida de Duarte a Venezuela es "una mala noticia para la lucha contra la corrupción e impunidad" y subrayó que no hay una persecución contra ella porque la condena data de 2020, antes de la asunción del actual Gobierno.

La exministra recibió ocho años de cárcel por cohecho en el caso 'Sobornos 2012-2016', la cual sostiene que hubo una financiación indebida de empresas no declaradas a favor del entonces partido oficialista Alianza País.

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