La violencia colombiana es proteica, ofrece muchos rostros y muchas formas en razón de sus fuentes y agencias ejecutoras.
Este fin de semana ha sido especialmente áspera la situación de orden público por el trastorno convulsivo registrado en un extenso territorio que comprende el Bajo cauca antioqueño (Caucasia, Taraza, Cáceres, Nechi, Zaragoza, Valdivia y el Bagre), el sur del departamento de Córdoba (San José de Ure, Montelíbano, Tierralta, Puerto Libertador, Valencia, Planeta Rica, Ayapel, San Pedro de Urabá, Necoclí y Arboletes) y Noreste de Antioquia (Remedios, Segovia, Yarumal, Campamento, Toledo, Anorí, Yalí y Vegachí).
Se trata de una zona rica en oro, con cultivos de coca, con corredores estratégico para el trasiego de droga, la minería ilegal, y con una arraigada presencia de bandas neoparamilitares que trabajan en llave con funcionarios públicos y mafias políticas asociadas a la corrupción y el clientelismo político.
Los Urabeños o Clan del golfo son la principal agencia promotora y ejecutora de la violencia criminal en dicho territorio con una clara hegemonía sobre la población, el gobierno y la economía (que gira alrededor de la minería ilegal, el tráfico de droga, la ganadería y la deforestación).
Los Urabeños son una herencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de los hermanos Castaño y Mancuso.
Don Mario y Otoniel (ambos presos en los Estados Unidos) fueron sus fundadores, quienes se desplazaron desde el departamento del Meta hasta San Pedro Urabá (de donde son oriundos) para organizarlos y ponerlos a operar como una maquina de guerra y despojo de tierras de campesinos pobres.
Con el correr de los años (2010-2023), esta maquina violenta se ubicó como el principal conglomerado criminal con múltiples tentáculos y oficinas delegadas por toda Colombia. Sus negocios son el trafico de drogas, el contrabando, el lavado de activos, la minería ilegal, el sicariato, la corrupción y la colusión con funcionarios estatales de las Fuerzas Armadas y de policía, tal como se ha podido confirmar en días recientes con los eventos relacionados con la fuga y muerte de Matamba y la “olla podrida” de la Unidad Nacional de Protección donde intentaron asesinar a su director, una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro.
En su política de Paz total, el actual gobierno contempló abordar a los Urabeños para intentar desactivar este foco de violencia criminal; en ese sentido hizo varias movidas para entablar diálogos con sus jefes y abogados, además de propiciar medidas jurídicas incluidas en la Ley 2272 del 2022 y en el proyecto de ley de sometimiento para desmantelar esa telaraña delincuencial.
Incluso, el presidente Petro aprobó un Cese al fuego bilateral, nacional y temporal, por seis meses, (ver decreto 2658 del 2022) con dicha banda con el objetivo de lograr alivios humanitarios para la población mas vulnerable donde hace presencia esta red violenta que depreda los derechos humanos de campesinos, mineros artesanales, indígenas, mujeres y afros.
La premisa de este último paso es el ordinal ii del articulo 2 de la Ley 2272 que establece que en la búsqueda de la Paz total se darán “acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”; no se trata, como lo establece el ordinal y de dicha ley de “negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se adelanten diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz”.
Desde luego, esta ruta jurídica tiene sus complejidades dada la problemática que se quiere resolver y el actor que se quiere extinguir mediante su desmantelamiento. Un análisis multidisciplinario (político, sociológico, jurídico, geográfico, psicológico y antropológico) de este fenómeno indica que los Urabeños son una expresión de la violencia criminal instrumentalizada por clanes oligárquicos anidados en los aparatos armados (ejército y policía) del Estado, en las instituciones públicas, en el sistema financiero y en las organizaciones electorales clientelares; con bastante simpatía en las facciones ultraderechistas que tienen su voz en el uribismo.
Así que, desactivar este poderoso “Frankenstein” no es una tarea fácil; hay que tener claro que es, en la práctica, un relacionamiento del gobierno central (presidencia y ministros) con un “Estado oculto” que dispone de enormes recursos e infraestructuras para el uso de la violencia.
A raíz de los hechos sangrientos presentados en los días recientes en el Bajo cauca y los territorios colaterales, -como respuesta a las acciones contra las dragas de la minería ilegal y su uso desenfrenado de mercurio- el presidente Gustavo Petro ha suspendido el decreto 2658 del 31 de diciembre que ordenó el Cese bilateral del fuego con los del Clan del Golfo. Medida lógica y contundente que enfoca a los militares, policías y otras entidades en la movilización para acorralar y erradicar estas hordas asesinas.
Ahora sí, los Urabeños y sus jefes, no tienen otra alternativa distinta a la de acogerse a la ley de sometimiento y desmantelamiento que el gobierno está tramitando en el Senado de la República; que el Fiscal uribista, Francisco Barbosa y sus roscas, pretenden sabotear y bloquear porque temen la confesión de los capos de la mafia que, aceptando a un “principio de oportunidad” más flexible, entregaran información muy valiosa al gobierno para ubicar la telaraña profunda de su criminalidad, que sin lugar a dudas incluye la Fiscalía, en donde por estos días han caído prominentes figuras cercanas a Barbosa, al uribismo y al Clan del Golfo.
El paso dado por el presidente Petro no tiene por qué afectar la Paz total con los demás grupos insurgentes que han aceptado el Cese bilateral del fuego con protocolos de verificación y seguimiento; el que, desde luego, presenta escollos y tropiezos, como suele ocurrir con este tipo de herramientas humanitarias, según la experiencia con el Cese al fuego bilateral pactado con el Eln en el 2017. No tiene porque alterar la Mesa de diálogos con el Eln, próxima a reunirse en Cuba y a tomar una decisión sobre el Cese bilateral.
En estos casos estamos delante de un nítido proceso político con antagonistas del Estado y de su régimen político que pretenden un vuelco completo del régimen social, político y económico predominante, colocado en una transición con muchos altibajos y regresiones por la enorme presión de los mas importantes grupos de poder que quieren bloquear las reformas sociales proyectadas.
