Para la implementación del modelo económico neoliberal, entre cuyos ejes están el abaratamiento de la mano de obra y la privatización de las actividades, bienes y servicios que venía ejecutando el Estado, sus ideólogos lanzaron varias propuestas para llevar a cabo dichos objetivos, como fueron la flexibilización laboral –Ley 50 y subsiguientes– y varios procesos de liquidación para la posterior privatización de las entidades estatales. En la década de los años 1990, muchas organizaciones sindicales enfrentaron con valentía y audacia esas políticas neoliberales, pero infortunadamente otra dirigencia sindical fue cooptada bajo la figura de la conciliación o concertación de los derechos de los trabajadores. El saldo al cabo de más de treinta años de liquidación de empresas del Estado y privatización de bienes y servicios esenciales son las altísimas tarifas que cobra el sector privado.
Una de las herramientas esenciales de los neoliberales para conseguir sus propósitos que conllevarían a liquidar prestantes instituciones del Estado –como Puertos de Colombia, Conastil, Telecom, la Caja de Crédito Agrario, el Banco Central Hipotecario y el Ganadero, etcétera– fueron los Planes de Retiro Voluntario. Los patrones se los endulzaron a los trabajadores como una pensión anticipada para quienes tenían más de veinte años de trabajo y con una compensación bonificada para los que no cumplían el requisito. A estos últimos los engatusaron con que con dicho capital que les bonificaban podrían ser grandes emprendedores y/o propietarios de sus empresas.
La consecuencia de esa política neoliberal fue la “despatrimonialización” de los colombianos, pues vía liquidación de todas esas entidades del Estado y su posterior “feria” al sector privado, los colombianos perdieron los recursos acumulados por varias generaciones de trabajadores en esas entidades. Pero, además, con la liquidación de las organizaciones sindicales de los trabajadores, debilitaron la capacidad de movilización de la clase obrera, comenzó la proliferación de la contratación informal sin ningún tipo de garantías sociales y pauperizó aún más la mano de obra. Por eso es muy grave que el Gobierno de Gustavo Petro –que se presta de ser de izquierda–, a través del viceministro de Educación y con el respaldo del ministro Alejandro Gaviria, neoliberales confesos, haya lanzado la propuesta de un Plan de Retiro Voluntario para 52 mil profesores, acompañado de la incorporación de 40 mil “maestros voluntarios”, con el silencio cómplice, por el momento, del sector mayoritario de Fecode.
Dicha propuesta va de la mano del viejo anhelo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que en febrero de 2001 trajeron la "Misión Alesina”, en cuyas conclusiones el señor Alberto Alesina dijo que para poder garantizar la deuda externa había que “quebrarle el espinazo a Fecode”, lo que está próximo a cumplir el gobierno de Petro de la mano de la OCDE. El plan lo que busca en el fondo es debilitar la capacidad de negociación de Fecode, abaratar aún más la mano de obra de los docentes y directivos docentes con diversas formas de contratación (por horas cátedra y órdenes de prestación de servicios), acabar el estatuto docente, eliminar la estabilidad laboral y profundizar en la privatización de la educación, lo que, de paso, atenta contra la calidad de la misma. ¡Es urgente la reacción de Fecode y de las centrales obreras!
