Los críticos del actual gobierno, todos miembros de la élite de poder que manejó el Estado colombiano durante más de dos siglos, le imputan al presidente Petro que quiere destruir la democracia y la economía, cargos cuyo significado genera interrogantes que se alejan de toda lógica histórica.
El gobierno actual, desde la campaña electoral, luego en la ley 2294 de 2023 de iniciativa gubernamental y además en los discursos ante la comunidad internacional en el escenario de la ONU, ha dicho entre líneas y también en forma concreta, que el espíritu de sus políticas es el de revivir los fundamentos del estado Moderno y los de la economía clásica. El primero, mediante el cual occidente retomó los principios de la democracia griega de la antigüedad y el segundo, al que se le debe la acumulación capitalista que hoy existe.
Lo que se aprecia en el plan de gobierno consignado en la correspondiente ley, es el propósito de fortalecer la democracia participativa, esa que ha sido tan esquiva en Colombia, a pesar que se deriva de la carta constitucional vigente. Por eso no se entiende de qué manera es que el gobierno quiere destruir la democracia, cuando hay una ley vigente cuyo espíritu significa todo lo contrario y cuando el gobierno solo puede hacer lo que la ley le permite. La crítica, parece que no tiene claro qué es el Estado de derecho y tampoco el concepto de dictadura, este que impone decisiones sin acatar la ley.
Dicen los críticos que con las políticas del gobierno se va a aumentar el desempleo y la pobreza; pero justamente, el capitalismo clásico, que durante gran parte del siglo XX se sustentó en los conceptos keynesianos del Estado Interventor-Benefactor, precisamente, tenían como eje de la política macroeconómica el pleno empleo.
Las evidencias históricas nos muestran que el desempleo y la pobreza se han incrementado es en el capitalismo neoliberal, que se tomó el poder de Estado en los años ochenta, según los señalan los indicadores como el coeficiente de Gini y las estadísticas de empleo, a pesar de que ocultan el desempleo disfrazado y el subempleo, características relevantes en el período del capitalismo rentista cuyo poder se concentra en los grandes fondos como Black Rock y Vanguard, entre otros.
Recuperar los fundamentos del Estado Interventor-Benefactor, porque aplicarlo al pie de la letra no es posible, genera un efecto todo lo contrario al que le endilgan los críticos, que ahora han trasladado sus argumentos al debate electoral de Argentina, país que también ha sido fuertemente azotado por el flagelo neoliberal.
Las políticas de rescate del aparato productivo, lo que traerán es fortalecimiento de la base económica para permitir procesos de crecimiento sostenido en el largo plazo. Y fortalecer la democracia participativa en el marco de la descentralización política, es el medio para revitalizar el régimen político que ha estado en manos de la politiquería y la corrupción por tanto tiempo.
Entonces lo que vemos en los ataques de la oposición a las políticas del actual gobierno, no tiene argumentos sólidos para desconocer lo que fue el país durante el siglo XX, cuando se presentó el crecimiento empresarial gracias a las políticas de pleno empleo y logró soportar el régimen democrático, a pesar de los vientos de dictadura militar que soplaron en toda Suramérica. Es una postura absurda esa de afirma que regresar al capitalismo clásico como el que existía en Colombia antes de 1980, es propiciar la destrucción de la democracia y la economía.
