En un día de abril pero de 1994, cerca de 650 guerrilleros organizados en la Corriente de Renovación Socialista (CRS) nacida dentro de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y motivados por comenzar una lucha política tras una dejación de armas, firmaron un acuerdo de paz con el Estado en el corregimiento de Flor del Monte, municipio de Ovejas, departamento de Sucre.
Ese 9 de abril de 1994, en una plaza de aquél corregimiento de los Montes de María, (no muy lejana al corregimiento de Chengue, donde años más tarde 27 personas morirían tras una masacre perpetrada por las AUC), y con la presencia de la comunidad, delegados, observadores nacionales e internacionales y miembros del gobierno nacional, centenares de hombres y mujeres pertenecientes al CRS firmarían el acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria.
Según expertos, este episodio daría lugar al último proceso de concentración efectiva y exitosa de un grupo al margen de la ley. Posterior a ello vendrían dos esfuerzos que no tendrían el mismo desenlace: el fallido proceso de paz con las FARC en el Caguán y las negociaciones con los paramilitares en Santa Fe de Ralito. Al decir de muchos entendidos en el tema y como ha dado muestra la historia: “En el Caguán no cesaron las hostilidades y en Ralito los 'paras' no cumplieron su cese al fuego”.
Desde entonces el país ha seguido siendo testigo de las consecuencias nefastas de un conflicto armado interno que se recrudeció en la década de los ochenta con el fenómeno del narcotráfico y tendría en su dimensión letal una tendencia explosiva entre los años de 1996 y 2002, donde alcanzaría su nivel más crítico según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), como consecuencia del fortalecimiento militar de las guerrillas, la expansión de los grupos paramilitares, la crisis del Estado, la reconfiguración del narcotráfico, entre otros.
Esta tendencia fue sucedida por una etapa decreciente a partir del año 2003 hasta nuestros días, motivada principalmente por “la recuperación de la iniciativa militar del Estado, el repliegue de la guerrilla y la desmovilización parcial de los grupos paramilitares” según el CNMH. Aunque sin lugar a dudas desde entonces hubo una tendencia notoria que apuntaba hacia la baja en la intensidad del conflicto armado en su dimensión letal, este período de tiempo también planteó desde sus inicios nuevas amenazas por el reacomodamiento militar de las guerrilla y el rearme de grupos paramilitares desmovilizados a los que el Estado resolvió llamar eufemísticamente “Bandas Criminales”.
Actualmente el escenario del conflicto armado en nuestro país ha tomado positivas variaciones: Si bien los actores del conflicto armado han sido múltiples, hoy podemos identificar, a demás del Estado colombiano, a guerrillas de extrema izquierda como las “FARC”, el “ELN” y el “EPL”; y grupos armados de extrema derecha (Bandas Criminales y Carteles de la Droga) como “Los Urabeños”, “Rastrojos”, “ERPAC”, “Los paisas”, “Oficina de Envigado”. Entre todos estos actores del conflicto armado en nuestro país, desde el 2012 el Estado ha adelantado conversaciones con uno de ellos (Las FARC), con miras a llegar a un acuerdo de paz que conlleve al fin del conflicto.
Sin duda, tanto para el Estado Colombiano como para la sociedad, poder llegar a un acuerdo de paz con un grupo armado con la estructura militar de las FARC es de suma importancia; no obstante, la eventual firma del acuerdo no representa ni el fin del conflicto armado ni el fin de la violencia pues, por un lado, Las FARC es uno de los múltiples actores de la guerra y, por el otro, es posible que, por varias razones, no todos los integrantes de este grupo armado decidan reintegrarse a la vida civil, optando mejor por constituir o desplazarse a otros grupos armados.
Justo por los escenarios anteriormente descritos, y que son inherentes a cualquier proceso de paz que por su naturaleza es imperfecto, hay que mencionar los enormes desafíos que deberá enfrentar el Estado colombiano para garantizar un proceso de paz exitoso: Tras el acuerdo de paz firmado en 1994 con la Corriente de Renovación Socialista, sus miembros fueron víctimas de persecuciones, durante y después del acuerdo, hasta el punto que algunos dirigentes tuvieron que buscar asilo para proteger sus vidas. Sumado a ello, 64 miembros de la CRS fueron asesinados después de la firma del acuerdo de paz, según informes de la Corporación Nuevo Arcoíris.
¿Cómo garantizará el Estado a los eventuales y ojalá prontos desmovilizados de las FARC que no morirán a manos de grupos armados de extrema derecha?, ¿Qué zonas de concentración para coordinar la desmovilización y el tránsito a la vida civil de este grupo se elegirán? ¿Se ajustarán estas zonas a criterios que tengan en cuenta dinámicas sociales, políticas y de estrategia geográfica?, ¿existirán fácticamente plenas garantías y condiciones que permitan la incorporación de los desmovilizados en la sociedad civil?, ¿Qué papel jugarán los gobernantes desde las regiones en la implementación del acuerdo, siendo que en algunas zonas muchos de ellos fueron elegidos con el apoyo de parapolíticos? ¿Se están construyendo en las regiones planes de desarrollo en sintonía con los retos del posacuerdo y privilegiando la reparación integral a las víctimas?, ¿Podremos decirle a las FARC que con ellos no pasará lo mismo que sucedió con los 29 campesinos, reclamantes de tierras y líderes de izquierda asesinados las últimas semanas?
El proceso de paz con las FARC ha sido de las iniciativas más sensatas por parte del Estado en los últimos tiempos. Todos debemos unirnos para sacar adelante y de la mejor forma el acuerdo y su implementación, comenzando por empoderar a las regiones, desde el Caquetá hasta los Montes de María. Es claro que estamos en un momento histórico y que los colombianos debemos estar, en el mejor sentido de la expresión, a -la altura- de ese desafío. Es claro esto pero es claro también que tenemos muchos retos y que lo que viene con el posacuerdo, que no “posconflicto”, no será fácil.
El tránsito hacia la paz implicará no solo que las FARC dejen las armas. Seguramente seremos una nación mucho más justa y democrática cuando algunos “padres de la patria” dejen de privilegiar sus intereses y velen por los del país, cuando desde el gobierno dejen de firmarse cuantiosas alianzas burocráticas, cuando el sistema de salud deje de matar a nuestros padres, abuelos o hijos porque es “más barato un muerto que un vivo”, cuando no tengamos un sistema clientelista y corrupto. Ese otro gran enemigo sí que es la corrupción, ¡y vaya que también mata!
El tiempo de la paz también es el tiempo de los grandes desafíos. Necesitaremos hoy más que nunca trabajar muy duro por nuestra casa.
