Las conclusiones que se derivan de lo acontecido en el Senado durante los cuestionamientos al Dr. Néstor Humberto Martínez son varias las ya comentadas, pero aún más las que no lo han sido.
Ante todo, que se desvió lo esencial de tal citación como era estudiar si era conducente pedir la renuncia del funcionario, y un video-billete
El tema puntual de su eventual vinculación con el caso Oderbrecht focalizó demasiado los discursos -tanto de los atacantes como el del Fiscal-, dejando de lado otros temas que deberían haber sido más resaltados. La estrategia de desviar la atención hacia el ahora llamado ‘videopetro’ (que se comentará más adelante) cumplió su cometido; y lo logró no solo durante la sesión sino sobre todo respecto a la atención que después le dieron los medios.
Respecto a la idea de la renuncia, solo la senadora Angélica Lozano enfatizó —aunque no lo suficiente— que el problema era más amplio que el caso de Oderbrecht. La verdad, y eso lo tiene claro todo el país, es que el Dr. Martínez, por tener tantos conflictos de interés y tantas situaciones creadas que le impedían tener la objetividad, la neutralidad y la imparcialidad que requiere el cargo de Fiscal General, estaba impedido como el que más para encabezar ese despacho. Su adscripción y ejercicio de liderazgo en un partido político (a pesar de una trayectoria de cambio de partidos y de pertenencia a todos los gobiernos que podía ser mala referencia en cuanto a su lealtad partidista o coherencia ideológica) le significaba compromisos con quienes lo dirigían que iban más allá de lo neutral; su actividad profesional le generaba vínculos aún más limitantes para ser imparcial en sus actuaciones (tan numerosos que los manejaba a través de por lo menos siete firmas); y por supuesto ser el principal asesor del grupo económico más grande del país implicaba dificultades para ser objetivo en los innumerables conflictos y controversias que este podía tener (como fue el caso de los que llevaron a llamarlo a ese debate).
El resumen es que la razón para pedir la renuncia es que nunca debió haber sido escogido para ese cargo, y la misma actitud de hábil litigante lo demostró: acudió a diferenciar su condición de ciudadano particular de su función de fiscal, como si pudieran ser diferentes las obligaciones éticas del uno y del otro; y tanto el acusar de ‘conspiradores’ en su contra a quienes él investigaba, como por las afirmaciones de sus defensores de que era la gran cantidad de enemigos que tenía lo que explicaba que tanto lo cuestionaran (lo que implicaba el ser a su turno enemigo de ellos), lo que se deduce es lo impedido que estaba para ejercer esa función. Lo confirma la necesidad que hubo de nombrar un fiscal ad-hoc.
Que la presentación del video de Petro recibiendo fajos de billetes
tenía por único propósito desviar el debate y servir de cortina de humo
para no profundizarlo no puede tener ninguna duda
Que la presentación del video de Petro recibiendo fajos de billetes tenía por único propósito desviar el debate y servir de cortina de humo para no profundizarlo no puede tener ninguna duda. Sin implicar ninguna acusación y sin que existiera posibilidad de algún delito, sin siquiera saber quién era el otro personaje, ni la fecha o la razón de esa entrega (es decir sin saber ni siquiera de qué se trataba como contenido diferente de que Petro recibía dineros en efectivo) no había ninguna explicación para presentarlo en ese momento.
Pero que logró su cometido deja aún menos dudas: por un lado desapareció del interés de los medios la verdadera razón, el verdadero contenido y lo grave de lo desarrollado en el Congreso, o sea la prevalencia entre la mayoría de la idea de ‘oponerse a la oposición’, así ella tenga la razón y así eso redunde en contra del interés general.
Porque grave es que en lo institucional-político se violara el reglamento del órgano más central de un sistema democrático, al no permitir el derecho que tenían los citantes a que les dieran la palabra después de las intervenciones de los citados.
Y que en lo judicial se iniciara —sin siquiera un intento de acusación, menos de tipificación de algún delito, y por supuesto sin acusador ni ratificación de nadie— una investigación y un proceso en que se parte únicamente de una presunción de culpabilidad —de no se sabe qué violación a no se sabe cual ley o a qué norma—, aplicándola a una persona solo por no haber sido afín al establecimiento.
Pero claro, y por último, en lo mediático también, porque lleva a que aprovechen para justificar la búsqueda del rating en la infortunada polarización que vive la nación.
La razón para pedir la renuncia del fiscal Martínez es que nunca debió haber sido escogido para ese cargo. Foto: Leonel Cordero/Las 2 Orillas
