El 21 de marzo de 2020, cuando Colombia estaba sumida en una cuarentena estricta y el fantasma del covid tenía a todo el país encerrado en su casa, las cárceles de Bogotá colapsaron: se registraron disturbios y protestas en los centros La Modelo, La Picota y en la penitenciaría de mujeres El Buen Pastor. Durante el caos, 24 internos murieron y 107 personas resultaron heridas, incluyendo 76 detenidos y 31 guardias penitenciarios, cuando los guardias respondieron a un motín en la cárcel La Modelo.
En ese momento, la entonces ministra de justicia, Margarita Cabello, manifestó que las muertes y lesiones se produjeron mientras los guardias penitenciarios impedían un “plan criminal de fuga” en el contexto de un reclamo de condiciones adecuadas para prevenir la propagación del Covid-19, pues el hacinamiento supera el 50% de la capacidad de los penales. Sin embargo, las circunstancias de los hechos no fueron claras y aún a la fecha, no hay justificaciones de lo sucedido, ni algún imputado por las muertes.
En medio de un lento proceso de investigaciones por parte de la Fiscalía y posibles conflictos de intereses, Human Rights Watch recibió un informe solicitado a pericias internacionales sobre las autopsias de los 24 muertos de La Modelo. El informe del IFEG (un órgano internacional conformado por 42 destacados especialistas forenses independientes de 23 países que son reconocidos como referentes mundiales en la investigación médico-legal de la tortura, los maltratos y las ejecuciones ilegales) refleja que 14 de los informes de la autopsia señalan específicamente que la forma de muerte fue homicidio.
La mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de la autopsia fueron producidas con el objetivo de matar a los reclusos. Además, los informes de la autopsia no registran ningún signo de heridas por arma de fuego realizadas con la intención únicamente de herir, en lugar de matarlo (por ejemplo, dispararle a alguien en la pierna para evitar que corra). Esto a pesar de que los miembros de la fuerza pública no deben usar armas en su trato con los detenidos salvo en defensa propia o de terceros ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves, o cuando resulte estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona que represente una amenaza grave para la vida y se resista a las autoridades y en tal caso, no debe ser con la intención de asesinarlo.
El informe explica también que los responsables del análisis y la presentación de informes post-mortem no asistieron la escena del incidente, ni se adjunta un informe detallado de la investigación de la escena del crimen, como debería hacerse según lo recomendado por las normas internacionales para las investigaciones de muertes bajo custodia. Esto parece ser una práctica frecuente en Colombia y muchos otros países de América Latina como Brasil y México, pero representa una deficiencia considerable.
La preocupación aumenta porque el 23 de marzo, el medio La Nueva Prensa publicó una grabación de audio de lo que parece ser una reunión entre Cabello y autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) luego de los motines. Se escucha a Cabello decir que se “siente orgullosa” y que “agrade[ce] mucho” a los guardias penitenciarios por haber impedido la fuga, a pesar de la cantidad de muertes injustificadas.
La situación se agrava porque posteriormente, en agosto, el Congreso nombró a Cabello como nueva Procuradora General, institución que está investigando las muertes en La Modelo. Cabello asumió la nueva función en enero y Vivanco, director de HRW, asegura que “existen motivos válidos para temer que haya un conflicto de interés que limite las posibilidades de una investigación oportuna, eficaz e independiente sobre los hechos en La Modelo, dado su anterior cargo como ministra y el hecho de que pareciera tener una opinión formada sobre lo sucedido”.
En abril, el Fiscal Barbosa señaló a los medios de comunicación que cabecillas del ELN y disidencias de las FARC habían instigado los motines en La Modelo pero la Fiscalía aún no ha imputado a nadie en relación con estos delitos. A un año de lo sucedido, no hay respuestas claras.
Este es el informe:
