El lunes 14 de julio de 1997, el campesino Daniel Morales fue asesinado cuando regresaba a su parcela de la vereda Mechoacán, de la Jagua de Ibirico, en el Cesar, de donde dos meses antes él y su familia habían sido desplazados por paramilitares. Sin embargo, nueve años más tarde la víctima aparecía otorgando escritura de compraventa a dos personas que enseguida le vendieron la tierra a la compañía Drummond.
El 6 de septiembre de 2006 se produjo en la misma región un fraude similar a la fe pública. Esteban Uriel Santander, ya fallecido, y María Obtolia González, desplazada por la fuerza en dos ocasiones, les escrituraban sus tierras a dos intermediarios de la misma transnacional.
Los antecedentes de los que protagonizaban la impostura de compra no eran los mejores. Entre quienes recibieron la escritura de Daniel Morales, casi dos lustros después de su muerte, estaban Ana Alicia Quiroz Martínez y Víctor Julio Vásquez Fernández. Ella, exalcalde de la Jagua de Ibirico, y él reconocido integrante de la estructura paramilitar que entonces estaba al mando de Rodrigo Tovar Pupo o ‘Jorge 40’.
No se trataba de casos aislados. En un debate parlamentario promovido en 2014, el senador Iván Cepeda documentó que hacían parte de una estrategia de despojo sistemático de tierras ejecutado mientras la transnacional Drummond construía un corredor de cinco municipios del Cesar para ensanchar sus bloques de explotación carbonífera.
El interés de la Drummond por aquellas tierras, que llegaron a sumar más de 20.000 hectáreas, se hizo evidente en los despachos administrativos y judiciales que recibieron las denuncias sobre lo que ocurría. En el caso de la supuesta venta hecha por Daniel Morales la Fiscalía dispuso, en mayo de 20 de mayo de 2011, cancelar la escritura pública por falsedad en documento. Aun así, el 26 de marzo de 2012 Drummond inició un proceso de prescripción de dominio para quedarse con la tierra que sabía anegada de sangre y dolor por el despojo.
El total de predios que quedaron disponibles para la explotación, merced al despojo y a la falsificación de documentos en notarías y oficinas de instrumentos públicos llegaron a ser 250.
Es cierto que varias de esas tierras fueron ocupadas por campesinos que no disponían de bienes, pero lo es también que su posesión fue forzada progresivamente por el Incoder y por las entidades que lo sucedieron en su misión institucional.
Las investigaciones se fueron quedando rezagadas u olvidadas a partir de 2007, cuando el Ministerio de Ambiente aprobó el plan de manejo ambiental del proyecto carbonífero. Allí la vereda Mechoacán quedó incluida en el área de influencia.
En sus debates Cepeda denunció incluso que paramilitares llegaron a tener parcelas en Mechoacán, a nombre de terceros. En los archivos de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía se encuentra una confesión hecha en ese sentido por alias Amaury.
Uno de los despachos que más avanzó en sus investigaciones fue la Fiscalía de Chiriguaná, Cesar, que llegó a tener lista una resolución de acusación por los delitos de falsedad material en documento público y concierto para delinquir. Sin embargo, cuando eso ocurrió la Drummond solicitó cambio de asignación del proceso. Según los campesinos de la región lo hizo para evitar a toda costa la cancelación de los títulos. También emprendió una especie de contraofensiva ante la justicia civil e impulsó con sus abogados procesos de pertenencia en contra de los verdaderos dueños de la tierra.
No se sabe con certeza cuantas personas murieron en esa época, pero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde por estos días avanza un proceso sobre las relaciones de la Drummond con el paramilitarismo podría establecerlo.
Por ahora el máximo tribunal de la justicia transicional se ha ocupado de establecer la verdad sobre los asesinatos de sindicalistas de la transnacional y se ha apoyado en testimonios creíbles de los propios perpetradores.
El proceso de búsqueda de verdad y justicia ha escalado alto. En los expedientes ya figuran los nombres de Augusto Jiménez Mejía, presidente de la compañía en los 90; Gary Drummond, socio principal, y Mike Tracy, expresidente mundial. En las sesiones más recientes el exparamilitar Jairo de Jesús los señaló como máximos representantes responsables de las muertes violentas de los sindicalistas Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, ocurridas el 12 de marzo de 2001. Las víctimas eran, respectivamente, presidente y vicepresidente de Sintramiernegética.
Pero el gran pendiente podría ser el tema de los desplazamientos y despojos de tierras, que también significaron una alta cuota de sangre.
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