Dos años después de sentarse formalmente en la mesa de negociaciones de La Habana y a casi dos meses de entrar en vigencia el cese al fuego unilateral e indefinido por parte de las Farc, se sacó a la luz pública un tema fundamental: la necesidad de implementar un plan para desminar el territorio nacional. Colombia en los últimos años ha ocupado en primer o segundo vergonzoso lugar entre los países con más minas antipersonas del mundo.
Afirmó la semana pasada Humberto de la Calle en Hay Festival que este es un tema que se está tratando ya en la mesa, pero lo contradijo rápidamente uno de los voceros de la guerrilla. Como en otros asuntos, lo que sale a la luz por fuera de Cuba, casi siempre son posiciones contradictorias.
Claro, que no se pongan de acuerdo todavía en los métodos y alcance de la justicia transicional o de las posibilidades del ejercicio político en el posacuerdo, es importante pero no urgente. En cambio el asunto de las minas quiebrapatas es vital, porque con ellas se le va la vida a mucha gente. Según la ONU, diez personas caen diariamente en Colombia por este flagelo.
Mientras la guerrilla descansa de acciones bélicas, las minas antipersonas no lo hacen. Esos malditos implementos siguen ahí, enterrados, agazapados, esperando silenciosas a sus víctimas, muchas de ellas campesinos, niños y niñas que van a la escuela, salen a hacer un mandado o simplemente juegan.
Son miles de personas lesionadas de por vida, cuando no muertas por explosiones infames. La mitad de ellas son militares y el resto civiles que nada tienen que ver con el conflicto. Esto es un lastre que de no abordarse pronto y de la manera eficaz, con la colaboración de guerrilla y militares, seguirá destrozando vidas por muchos años, así se haya firmado la paz.
En lo que se ha llamado “desescalamiento del conflicto” el asunto de los territorios minados es de primerísima prioridad. Se trata precisamente de sacar a la población civil del conflicto. Los combatientes ya lo están casi totalmente, porque ante la tregua unilateral, las acciones militares han reducido su intensidad. O sea que guerrilla y fuerzas armadas ya están recibiendo algún beneficio de las negociaciones, mientras la gente del común no puede todavía deambular tranquilamente por ciertos territorios.
La comunidad internacional, en especial los estados garantes, deberían darle ánimos a la mesa para que aborde la posibilidad de poner en práctica el Plan sin tanta dilación, sin tantas condiciones. Tal vez para eso sí sea prerrequisito la tregua bilateral para que guerrilla entregue los planos de todos los territorios donde ha sembrado estos mortíferos aparatos.
Nosotros en las ciudades no sentimos esa amenaza y tal vez por ello la presión mediática sea menor que con los secuestros o las vacunas. Sin embargo, y gracias a que el doctor De La Calle lo trajo a colación, el desminado no da espera. Es hora de que nuestros campesinos sientan algún beneficio de las conversaciones de La Habana.
Es bueno recordar que también las fuerzas militares utilizaron en algún momento las minas para proteger sitios estratégicos como bases o antenas de comunicación. ¿Será que esos sitios ya están totalmente limpios? Llegó la hora de sincerarse todos, Farc y Gobierno, y ponerse con seriedad a eliminar unos de las peores pestes de nuestro conflicto, que además es calificada como un crimen de lesa humanidad.
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