De no haber sido por la DEA, jamás, pero jamás, habría salido a la luz pública el escándalo del jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Gustavo Moreno, hoy ad portas de ser extraditado, y de los exmagistrados y expresidentes de la Corte Suprema de Justicia (Leónidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino), así como de otros tantos, señalados de torcer procesos y de favorecer con decisiones mendaces a político corruptos que pagaban por ello.
Y en medio del escándalo, el estupor y el asombro de algunos políticos, ministros, parlamentarios y parlamentarias, y de togados de distintas cortes, los cuales salieron sin ninguna pena “dizque” a proponerle al país grandes reformas a la justicia y hasta una Asamblea Nacional Constituyente limitada, cuando todo el mundo sabía porque era de conocimiento público y con mayor razón ellos que eran quienes los proponían y elegían, que en las más altas esferas de las cortes venían desde tiempo atrás funcionando organizaciones delincuenciales conformadas en su mayoría por magistrados y exmagistrados, lobistas y auxiliares de la justicia, dedicadas a favorecer por grandes sumas de dinero a políticos corruptos, a contratistas del Estado, a narcotraficantes y a jefes de bandas criminales.
De estos, sin embargo, llama la atención que coincidan en la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia dos precandidatos presidenciales, la senadora Viviane Morales, liberal, y el senador Roy Barreras del partido de la U. Ella, la primera exfiscal general de la nación entre el 2011 y el 2012 quien no hizo nada, pero nada, por desmontar la corrupción del aparato de la Fiscalía cuando tuvo el poder para hacerlo, ni por investigar las denuncias que por corrupción se desataron en aquella época contra algunos magistrados de las altas cortes. Él, absuelto, por estas mismas cortes, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, pese a las pruebas, por el desfalco y la quiebra de Caprecom y por disponer supuestamente de manera irregular de bienes que estaban en poder de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, entre otras irregularidades. Y desde luego, ¿con qué autoridad vienen ahora estos dos personajes a proponerle al país una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia?
Sin duda alguna el país necesita reformas urgentes, y puesto que hoy, como nunca antes, nos abriga a los ciudadanos y ciudadanas de a pie la desconfianza y la percepción a raíz de los últimos escándalos de que el Estado ha sido tomado por bandas delincuenciales, sumado al hecho, de que el congreso es un enclave de grandes poderes regionales mafiosos que no está en condiciones de autoreformarse ni de desblindarse con medidas de unas cortes que los ampara a la hora de juzgarlos, condenarlos y reprochar sus conductas, ni de renunciar, por lo menos, a una parte de sus privilegios los cuales debería de avergonzarles, no queda ciertamente otra salida diferente que una Asamblea Nacional Constituyente, pero eso sí, no condicionada al poder judicial ni convocada por los mismos en los que nadie cree sino por las organizaciones sociales, la academia y los demócratas convencidos de la urgente necesidad de reformar al país.
Y como también se trata de que el Estado recupere su credibilidad, una comisión de la verdad, que se encargue de develar el misterio de los grandes procesos por corrupción que fueron juzgados a medias o archivados y otros que quedaron o se están quedando en la impunidad, Foncolpuertos, 2.7 billones de pesos, Dirección Nacional de Estupefacientes 33.000 millones, Interbolsa 380.000 millones, Salucoop 1.7 billones, Fidupetrol 500 millones, Agro Ingreso Seguro 12.700 millones, Transmilenio (calle 26) 162.000 millones, Reficar 2.2 billones, y Caprecom 600.000 millones de pesos, etc., y otros del nivel local, regional y departamental.
