Pese a la manía reformadora de los colombianos, revuelta ahora por el estremecimiento en las cortes con magistrados sindicados por graves infracciones, no somos capaces de concebir un plan de cambios que permita decantar, si aspiramos a enderezar la justicia, los asuntos que requieran normas de los que requieran calidad del elemento humano llamado a servirla. Una gran mayoría piensa en la situación de las dos cortes y los dos consejos, pero se olvida del otro e inmenso y poderoso aparato, la Fiscalía General, que tampoco es un dechado de escrúpulos y eficiencia en el ejercicio de sus labores.
No ha habido farsa más afrentosa para los colombianos que la elección, cada cuatro años, del fiscal general de la Nación. Tan pronto integra la terna el presidente, comienzan los arreglos en el tinglado. Simulando seriedad y severidad, la Corte Suprema de Justicia convoca a los postulados a exponer la que sería su gestión en Sala Plena, y concurren a la citación simulando también seriedad y severidad, con terno nuevo los hombres y sastre de Silvia Tcherasi las mujeres.
Con desenfado y destreza manual, los aspirantes desenvainan los folios de la perorata (nunca se sabrá si escrita por ellos u otra persona) y la leen con circunspección y voz grave. Los magistrados fijan la vista en el cielo raso y los candidatos se humedecen los labios con estudiada pereza. Magistrados y candidatos se levantan, al terminar las tres lecturas, ‘convencidos’ de que el país se creyó el cuento de una evaluación minuciosa de cada programa. Esa es la gracia de las farsas. Al final, nombran al que mejor intrigó y más ofreció en las antesalas.
Siempre se supo, desde hace un cuarto de siglo, que los votos en la Corte Suprema también tienen monto. Los fiscales electos pagaban con burocracia en varios niveles, especialmente con delegados que laboran ante la misma Corte, el reconocimiento electoral de sus méritos “jurídicos”, incluyendo parientes y cónyuges en la copiosa nómina de los imputadores de cargos. Solo ahora, cuando el cambalache saltó de los mentideros a los expedientes de los sobornadores y los sobornados, desaparecieron las presunciones de inocencia.
Uno de los planes que ya debería estar definiendo el ministro de Justicia
es el del cuerpo de normas que ubiquen a la Fiscalía
donde debe estar: en el Ejecutivo
Uno de los planes que ya debería estar definiendo el ministro de Justicia es el del cuerpo de normas que ubiquen a la Fiscalía donde debe estar: en el Ejecutivo, para que la responsabilidad de designar al fiscal comprometa al presidente desde el punto de vista institucional y el fiscal se comprometa a trabajar como tal sin pensar en la retribución de una farsa como la de nuestra sedicente meritocracia. Un jurista y no un manzanillo debe ser el huésped del búnker. Allá el presidente si obra en sentido contrario. Encajar la Fiscalía en el modelo más conocido y eficaz es lo procedente.
Pero Colombia es dura para deshacerse de ciertas tradiciones, como la de esperar a que el Estado, o parte de su engranaje, se pudra para llevarlo, entonces sí, a la sala de cirugía constitucional. Si la postración imperceptible que horadaba a la justicia no vuela la tapa de su olla de podredumbre, allí seguiríamos. La Fiscalía también tiene una larga historia de malezas y alimañas, y no debe ser intocable, como lo han pretendido varios de los fiscales. Quienquiera que sea el fiscal debe obrar como aportante y no como opositor de una reforma necesaria de su estructura. La contratación de ex consejeros de Estado que le corrieron el período a uno de ellos fue una vulgaridad.
La yunta de clientelismo político y judicial entre Corte Suprema y Fiscalía tiene que desaparecer de los títulos, los capítulos, los artículos y los parágrafos. No es suficiente botar ahora a las fichas de Bustos, porque cuando llegue otro fiscal continuaría la ristra de cuotas. Es indispensable un deslinde con amojonamiento que asigne funciones y competencias diferentes, que caractericen la misión de cada corporación y cada organismo. Estamos sufriendo los efectos de esa mixtura que los constituyentes del 91 consideraron original y que remató en un engendro que ofendió a la simbólica toga que magistrados y letrados probos habían honrado con sabiduría y moral.
