La razón para pensar en desinvertir de Ecopetrol está en los daños que, directa o indirectamente, causa la compañía a la vida humana y la vida de la naturaleza. Desde antes y después que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) le entregó el contrato para el Piloto de Fracking en Puerto Wilches (Santander) se han presentado graves amenazas contra personas y organizaciones que lideran la resistencia a estos proyectos en la región del Magdalena Medio.
Estas graves amenazas se dan justo cuando las organizaciones han participado en audiencias en el Congreso de la República para que se apruebe una ley que prohíba esta técnica, como se hizo ya en varios países del mundo, y hasta un día antes de que se desarrollara el cacerolazo en el municipio de Puerto Wilches con ocasión del desarrollo de un “diálogo territorial” sobre el proyecto piloto por parte la empresa Ecopetrol, la ANH, los ministerios de Minas y del Interior.
Líderes y lideresas que hacen parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, plataforma nacional que con investigaciones, campañas, moviliazación, incidencia y acciones jurídicas, han evidenciado los daños de esta práctica en la vida humana y los ecosistemas, en particular en la contaminación del agua y de la tierra. Los perjuicios de esta práctica para extraer hidrocarburos son expuestos con contundencia por dos relatores especiales de la ONU.
En la tercera audiencia en la Comisión Quinta de la Cámara sobre los proyectos de ley para la prohibición del fracking, Marcos Orellana, relator especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, sintetizó el reclamo de manera contundente: “Nuevas inversiones en este campo son incompatibles con la protección de los derechos humanos. Esto, porque el fracking genera contaminación tóxica, que amenaza la vida, la salud y los ecosistemas; agrava la emergencia planetaria y el cambio climático; vulnera el derecho de vivir en un ambiente sano, y menoscaba el desarrollo sostenible”.
Por su parte, David Boyd, relator especial sobre Medioambiente y Derechos humanos, ya había señalado en audiencia de finales de enero en el Congreso que: “Colombia, como país firmante del Acuerdo de París y de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, se había comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y en ese orden de ideas el desarrollo del fracking iría en contravía de ese objetivo. A la luz de sus obligaciones y en virtud del derecho constitucional e internacional de los derechos humanos y del medioambiente, sostengo, respetuosamente, que el gobierno de Colombia debe aprobar una ley para prohibir el fracking”.
Los daños que generará el fraking en Colombia invitan a pensar a las personas creyentes que tengan inversiones en Ecopetrol a unirse a la campaña de desinversión global que lidera el Movimiento Católico Mundial por el Clima, con el respaldo del papa Francisco, que hace un llamado a las personas, congregaciones, parroquias y diócesis de la Iglesia católica a sacar sus recursos de empresas mineras y de hidrocarburos, entendidos estos como “acciones, bonos corporativos u otras clases de activos, de cualquier compañía de combustibles fósiles”, y en nuestro caso particular, de Ecopetrol.
Esta campaña ha tenido mucho éxito en razón de la conciencia creciente de las personas creyentes de que la creación de Dios debe ser cuidada y que es preferible que la minería y la explotación de combustibles fósiles decrezca y den paso a otras energías que favorezcan la vida del planeta. Entre las instituciones que han desinvertido a nivel global están la Congregación de la Pasión de Inglaterra y Gales y la Orden Jesuita de Canadá. Muchos más ejemplos de esta decisión, amparada en la ética, son de conocimiento público.
