Luego de que el Gobierno de Juan Manuel Santos regalara Isagén, tercera generadora eléctrica del país y activo estratégico de la Nación, a la cuestionada firma Brookfield Asset Management, los colombianos recibimos un nuevo golpe: la confirmación por parte de la Contraloría General de la República de los multimillonarios sobrecostos en el proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena.
La Contraloría confirma lo que desde muchos años atrás viene denunciando la Unión Sindical Obrera, USO, el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, entre otros. Se debe resaltar que este proyecto de Reficar inició mal al entregarlo, en 2006, a Glencore, una multinacional suiza, cuya especialidad ha sido el carbón y no el petróleo, cediendo una vez más, los principales activos de Colombia a los privados.
Posteriormente en 2009, Glencore dejó tirado el negocio, generando un gasto a Ecopetrol por valor de $541 millones de dólares, ya que ésta tuvo que recomprar la participación accionaria de Glencore, después de tres años en que la empresa suiza disfrutó de todas las ganancias que pudo.
CB&I, una empresa sin experiencia en la construcción de refinerías ni infraestructura petrolera, asume el proyecto de Reficar y genera sobrecostos del orden de los $4.023 millones de dólares. El proyecto de Reficar originalmente estaba estimado en $3.993 millones de dólares, y terminó costando $8.016 millones de dólares, lo equivalente a más de $27 billones de pesos de hoy. Es necesario resaltar que parte de estos sobrecostos se desprenden de la modalidad de contratación denominada “costos reembolsables” que, en resumidas cuentas, daba a CB&I la libertad de contratar con quien quisiera y por los valores que quisiera, dejando a Ecopetrol la obligación de pagar las facturas. No menos grave es el desplazamiento de mano de obra nacional por la extranjera, denunciada por la USO, extranjeros a quienes se les paga hasta $15 mil dólares mensuales, en promedio.
Quien hoy funge como presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, fue Ministro de Hacienda al hacerse evidentes los sobrecostos de Reficar. Su reemplazo, Mauricio Cárdenas, fungía como Ministro de Minas. Ambos guardaron cómplice silencio ante la gravedad de este hecho (ya que desde el año 2012 había evidencias de sobrecostos por US$ 1.500 millones, y advertencias por dos informes de la Contraloría), al igual que Juan Manuel Santos, quien jamás tomó medidas para evitar que este robo se configurara sino que, por el contrario, ha sido complaciente con estas multinacionales y su desfalco. No contentos con lo anterior han anunciado la venta de Propilco S.A., que el año pasado registró ventas por $1.35 billones de pesos.
Los colombianos debemos unirnos en el clamor de exigir castigo para los responsables de este robo, y el pago a la Nación de los sobrecostos y las pérdidas por su incumplimiento. El gobierno de Juan Manuel Santos y su gabinete, debe responder por su permisividad con estas multinacionales que actúan claramente contra el bienestar de los colombianos. Por último, debemos defender a Ecopetrol, patrimonio de los colombianos, principal empresa pública de Colombia y cuarta mayor empresa petrolera de América Latina, de las garras de quienes quieren entregárselas a los privados.
@sergioandresmn
