El alcalde de Victor Vidal es un curtido dirigente con el temple de los luchadores del Paro Cívico que enfrentaron el gobierno Santos hasta lograr un presupuesto único para Buenaventura de $1.5 billones, para ser ejecutados durante una década para resolver problemas críticos de la ciudad sin depender de los políticos de turno. Igual ha enfrentado la amenaza de la COVID-19 que entró con fuerza en el mes de mayo y logró que el Ministerio de Salud apoyara con equipos de respiradores. Los contagios y muertes Buenaventura están controlados y ahora la preocupación mayor es otra: la inseguridad.
En la noche del pasado 1 de agosto, la Alcaldía de Buenaventura fue atacada con una granada. Aunque todavía ni los grupos narcotraficantes, ni las disidencias de las Farc, ni los paramilitares y las bandas comunes se han atribuido el atentado, Víctor Vidal lo consideró una retaliación por la carta que envió al gobierno.
Desesperado, envió esta propuesta en la que pide la reactivación de una mesa nacional de seguridad, liderada por la ministra del Interior Alicia Arango, para buscar acciones urgentes para el puerto y llevar además inversión social.
La situación en Buenaventura es crítica y no en vano Vidal, quien nació allí y ha recorrido sus calles conociendo los males y potencialidades, lanzó la alerta al gobierno nacional. Como lo relata en su carta, en los barrios Antonio Nariño y Cristobal Colón de la comuna 11 los asesinatos y enfrentamientos entre bandas no paran. A las embarcaciones y pescadores los roban y a los comerciantes los extorsionan. La copa que rebasó el vaso fue el ataque al barco hospital San Raffaele, el pasado 25 de julio, cuando hurtaron varios equipos médicos. Los tripulantes atendían a más de 3 mil personas del Pacífico que no tienen acceso a la salud.
Al puerto incluso ha llegado un ultimátum de las disidencias de las Farc de la columna Jaime Martínez, que ha impuesto, según denuncias de Human Rights Watch, brutales medidas de control social en las comunidades del Cauca para hacer respetar el aislamiento obligatorio por la COVID-19. El 29 de julio, por medio de un panfleto le pedían acciones urgentes al alcalde Vidal para atender la inseguridad en la zona y las supuestas relaciones entre la Armada Nacional y las bandas delincuenciales para robar y traficar en el puerto.
Aunque Victor Vidal después del atentando no ha dado mayores declaraciones sobre lo que se viene para el puerto en materia de seguridad. Está pendiente de la respuesta del gobierno Duque y las demás entidades convocadas para la mesa de seguridad mientras define si endurecer las medidas en un municipio que solo tiene 400 policías para 311 mil habitantes o darle prioridad a la atención de los 120 mil bonaverenses que esperan siga la línea social por la que fue elegido hace 10 meses.
