El regreso a clases, el 1 de agosto de 2020, ha generado controversia en el país por los diversos puntos de vista frente al tema y, como todo, siempre existen enfoques que no coinciden; no obstante, se debería abogar por un consenso que reconozca la otredad, el pensamiento distinto y la posibilidad de la concertación, con miras al bien común de los más de 7.770.000 estudiantes de colegios oficiales y los más de 1.871.000 de colegios privados.
Si reunimos por grupos de intereses, tendríamos:
a. Instituciones del sector público, donde encontramos, colegios, universidades, institutos, etc.
b. Instituciones del sector privado, donde están los mismos anteriormente descritos.
c. Alumnos, padres de familia.
d. Docentes.
e. Ministerio de Educación Nacional, Secretarías distritales y municipales.
Por el lado de las instituciones públicas no se escuchan voces, solo se acogen a las determinaciones del Ministerio de Educación; por el lado de las privadas vemos que las posiciones están divididas, sin embargo, es de anotar que la mayoría de las asociaciones de colegios privados quieren regresar a clase y aplicar lo que el Mineducación ha llamado “alternancia”, que, según sus lineamientos, se refiere a conjugar distintas variables y según la territorialidad. En este sentido, se postulan estrategias, como la alternancia del trabajo que han apoyado las familias en las casas con el acompañamiento de los maestros, paralelo con periodos de presencialidad (bajo protocolos de bioseguridad concertados con las entidades de salud) y con grupos organizados o priorizados, hasta lograr un retorno progresivo y gradual a las aulas del 100% de la comunidad educativa.
Las asociaciones de padres de familia que se encuentran agrupadas en la Confederación Nacional de Padres de Familia, que lidera Carlos Ballesteros, están solicitando subsidios y no préstamos, rechazan la alternancia y el retorno a la presencialidad, porque consideran que no existen garantías. También, proponen un periodo sabático hasta diciembre, por la falta de interconectividad en el 67% del territorio nacional, ya que tampoco se cuenta en muchos hogares, ni colegios, con las suficientes computadoras, tabletas, así como los recursos para la instalación de baterías sanitarias, lavado de manos, elementos de bioseguridad y para desinfección.
El gremio docente, a través de Fecode, según ha manifestado su presidente (Nelson Alarcón), no regresará a clases presenciales dentro del modelo de alternancia y dice que si es necesario se declarará en desobediencia civil. La misma posición ha expresado la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia (Fendidoc), quienes, además de decir que no existen las condiciones dadas, sobre todo económicas, para la implementación de los protocolos de bioseguridad, tienen una preocupación adicional y es que si algún alumno llegara a contagiarse de la COVID-19 podrían existir demandas contra docentes y directivos, carga esta que no pretenden asumir. A los docentes de los colegios privados les preocuparía, principalmente, que llegara a prosperar la propuesta de suspensión de clases o que se dé un tiempo sabático, puesto que dejarían de devengar, y perderían las garantías para su subsistencia.
De otra parte, se encuentran las secretarías de educación de los entes territoriales (municipales, distritales y departamentales, que suman 95 en todo el país), que siguen atentas a las determinaciones tomadas para aplicar los protocolos de bioseguridad que diseñó el Ministerio de Salud; sin embargo, existen muchas dudas, sobre quién garantizaría la compra de los elementos de bioseguridad en las instituciones, y a los padres les tocaría un gasto extra para poder enviar a sus hijos.
Como podemos observar aquí, el panorama es bastante conflictivo porque los docentes han expresado que no quieren regresar de manera presencial, solo virtual; los padres de familia no encuentran garantías para la alternancia; el interés de los colegios públicos está condicionado a lo que decida el gobierno nacional; los colegios privados sí quieren la alternancia, debido a que necesitan justificar los costos educativos, que, según leímos, se han aumentado en muchos casos (no parecen dispuestos a ceder, para mantener sus ingresos y ganancias). Además, es de anotar que el Ministerio de Educación está en la misma posición de los privados y no quiere llevar el tema a la discusión, ni tampoco se pronuncian ante las quejas reiteradas de los padres de familia. En síntesis, esta posición de poca solidaridad, aunada a la grave situación económica revelada por el Dane (que señaló que el mes de mayo de 2020 la economía había caído en un 20,06% y que, según sus proyecciones, seguirá en declive son la receta para el desastre en el sector educativo), pinta un difícil panorama.
La suma de estos hechos, podrían generar deserción escolar y la migración de gran cantidad de estudiantes de los colegios privados a los públicos, en el mejor de los casos; frente a estas realidades, es preciso preguntarnos: ¿Los colegios públicos tienen la capacidad de recibirlos y cuentan con los cupos necesarios de presentarse este fenómeno social que aumenta con el paso de los días, sin que hasta hoy se vislumbre una solución en el corto plazo?. Igualmente que pasaría con los docentes de los colegios privados, y con las instituciones educativas privadas, que atienden un número considerable de la matrícula de la educación básica y media.
