La combinación del COVID-19 y la recesión económica ha formado un cóctel explosivo que finalmente ha detonado y llevado a un movimiento de protesta social sin parangón. Tanto así que ni siquiera el miedo al contagio y la muerte por este virus ha mermado las múltiples y masivas manifestaciones en todo el país e, inclusive, afuera de él. Básicamente, las diversas necesidades y demandas sociales de los sectores más marginados por el Estado superaron el temor a la pandemia. La reforma tributaria de la cual se decía era el principal motivo de movilización ciudadana fue retirada tan solo 4 días después de iniciado el paro nacional. Sin embargo, el movimiento ciudadano siguió con una fuerza creciente con la vinculación de la minga indígena, movimiento campesino etc.
Los principales protagonistas de este paro han sido los jóvenes, grupo etario olvidado históricamente por el Estado. Ahora, los jóvenes no solicitan subsidios, como algunos sectores políticos han querido malinterpretar intencionalmente, lo que se pide son oportunidades. Tener la oportunidad de desarrollarse profesional y personalmente. Lo que trasciende cualquier enfoque subsidiario y plantea un nuevo proyecto de país, uno en el que se incluya a los jóvenes como actores activos y trasformadores. El primer paso para este nuevo proyecto de país es involucrar a los jóvenes en el mercado laboral, ya que históricamente hemos sido marginados de este mercado como lo demuestran los datos: una tasa de desempleo de alrededor del 24% (un aumento de casi 4% con respecto a 2020) y una creciente participación del trabajo informal en este segmento de la población, pone de relieve que se han empeorado, aún más, las condiciones laborales de los jóvenes.
Es imperativo que el Estado impulse una política agresiva contra el desempleo juvenil. Las políticas tímidas de empleo por el lado de la oferta enfocadas en aumentar la educación y la experiencia de los jóvenes han fracasado. Se deben impulsar políticas por el lado de la demanda, esto es, que los empresarios y el Estado empiecen a demandar mano de trabajo joven. Respecto a esto hay muchas propuestas, pero me gustaría resaltar 3 que podrían contribuir a la disminución de este de flagelo: (I) Pago de la seguridad social por parte del Estado; (II) Estado como empleador de última instancia y (III) la formalización de los trabajadores de las plataformas digitales. Respecto a la primera, es importante reconocer que recientemente el gobierno decidió subsidiar este costo, sin embargo, esta medida no debe ser transitoria o coyuntural, sino permanente, en aras de aumentar la contratación, en especial, de los jóvenes menos educados.
La segunda medida consiste en la creación de nuevos empleos por parte del Estado para: artistas comunitarios, asistentes de guardería de niños o guardianes de zonas ambientales protegidas. Empleos que no requieren de largos procesos de aprendizajes previos y que se pueden aprender en el hacer diario (learning by doing). Esta medida serviría para reducir directamente (y no de manera indirecta como las políticas enfocadas en aumentar la demanda agregada) el desempleo estructural y cíclico de la economía. Además, esta política podría generar unas externalidades positivas tales como: la reducción de la delincuencia común (véase Corman y Mocan (2005), Wu y Wu (2012)) o una disminución de la depresión (Monjo, 2017), una enfermedad que esta disparada a causa de la pandemia. Sobre esta política hay precedentes históricos muy valiosos como por ejemplo el “new deal” que creó millones de empleos públicos nuevos lo cual ayudo a salir a estados unidos de la depresión económica producto del “crac” del 29.
Las 2 primeras medidas tienen el objetivo de reducir cuantitativamente el índice de desempleo juvenil. La tercera medida está relacionada con mejorar las condiciones cualitativas de los trabajadores de las plataformas digitales. Por ejemplo, solo Rappi tiene 44.000 trabajadores que en su mayoría son jóvenes venezolanos y si le sumamos trabajadores de otras plataformas como UbberEats, Ubber, iFood, entre otras, representan un gran porcentaje del trabajo juvenil. Sin embargo, en Colombia ninguno de estos trabajadores tiene acceso a prestaciones sociales, ARL, vacaciones o indumentaria y todo esto debe salir del bolsillo de los trabajadores. Lo que se traduce en una gran precariedad laboral que va en contra del derecho al trabajo digno. Por lo tanto, el mismo gobierno debe impulsar un proyecto de ley que se proponga formalizar a estos trabajadores para que se les pague lo justo y se les proteja sus derechos.
Estas medidas junto a otras deben salir de la deliberación y el acuerdo entre los distintos actores que conforman la sociedad civil: gobierno, ciudadanos, empresarios, iglesia, academia etc. Teniendo sobre la base que los jóvenes somos un grupo que ha sido excluido y que, por lo tanto, se necesitan de medidas fuertes y urgentes para paliar las graves dificultades que tenemos y con esto formular un nuevo proyecto de país.
