Con una denuncia pública titulada “La irregular implementación del PNIS en el municipio de Tarazá” tres de las principales organizaciones sociales del Bajo Cauca, la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca Antioqueño (Asocbac), la Asociación de Campesinos Unidos Río Nechí (Asocurn)y Asocomunal, le exigen al gobierno nacional que avance con prontitud en el rediseño o reestructuración de la ruta técnica de atención del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
A cinco años de su puesta en marcha, el PNIS atraviesa por enormes dificultades operativas, presupuestales, técnicas y de cumplimento a las familias que voluntariamente se acogieron a la que es considerada como la política de sustitución de hoja de coca más ambiciosa que se ha diseñado en el mundo. Ambiciosa porque priorizó a 99.097 familias, entre cultivadoras, no cultivadoras y recolectoras, en 56 municipios de 14 departamentos, pero ni tan ambiciosa porque no alcanza a cubrir la totalidad de territorios con presencia de cultivos ilícitos y porque excluyó en su etapa de individualización a 88.939 familias.
En Tarazá, el PNIS aterrizó en 2017 con la promesa de cambiar el dominio de la economía de la coca en uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado. La expectativa fue muy alta. Tan alta que en pocas semanas se suscribieron 4.091 familias -2.924 cultivadoras, 302 no cultivadoras y 865 recolectores. Así, iniciaron una ruta de atención prioritaria -diseñada para 24 meses y diferencial para familias cultivadores y recolectoras- que incluía desde seguridad alimentaria, proyectos productivos de ciclo corto, asistencia técnica y una “graduación” con un proyecto productivo que le garantizaría a cada familia estabilidad económica.
No obstante, el balance del programa resulta siendo crítico y así lo vienen denunciando las organizaciones sociales. Inicialmente, afirman que las proveedores y operadores han encarecido excesivamente el costo de los insumos y animales necesarios para iniciar con los proyectos productivos de ciclo corto; con diferencias hasta de 5 mil pesos en comparación con los precios registrados en la región. Por ejemplo, una cabeza de ganado que en el territorio podría estar costando 7.800 pesos en promedio el kilo, es presentado por el operador bajo una oferta de 13.000 pesos kilo.
Esas irregularidades se han traslado a la Procuraduría, la Defensoría y a las instancias encargadas de hacer seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, sin respuestas o soluciones a la vista.
La mayoría de las críticas se dirigen hacia el principal operador del programa: la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), organismo internacional enfocado en la promoción de la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología, sin mayor experiencia en la implementación de políticas de carácter rural de las dimensiones del PNIS. De ahí que, tras múltiples fallas, incumplimientos y retrasos, las organizaciones sociales -que abogan por la continuidad del programa- vienen solicitando que la OEI sea retirada de la operación.
Al gobierno Petro le corresponderá recomponer la ruta técnica del PNIS, valorar su continuidad bajo un enfoque de priorización familiar, y asegurar la sostenibilidad de los proyectos productivos seleccionados por las familias. Una tarea titánica que inicia por nombrar un titular en la cabeza de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y que además implicará volver a los territorios para ajustar a la paz total las particularidades sociales de un programa complejo y que requiere como ningún otro de un enfoque diferencial.
Es el llamado que hacen desde Tarazá las organizaciones sociales comprometidas con la paz, la sustitución voluntaria y la defensa de la vida.
