No he sido partidario de los que dicen para justificar algunos eventos bochornosos que todos somos culpables, pero en este artículo tengo que decir de que en el desastre de Hidroituango es del que se pueden esperar consecuencias como la de mayor miseria e inseguridad en Medellín, porque la plata de la inversión social que aportaba EPM se está yendo por el túnel de la casa de máquinas. Además, podría venirse un posible apagón eléctrico y, de lo que sí estoy seguro, un aumento considerable en las tarifas de energía. Todo porque muchos ciudadanos al momento de votar no miden las secuelas que se desprenden de su voto.
En el caso de Hidroituango se señalan como responsables por acción u omisión al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia, pero no se menciona para nada la responsabilidad que le cabe a la Asamblea Departamental de Antioquia, al Concejo de Medellín, a la Contraloría (tanto departamental como municipal de Medellín). Miren ustedes como por la falta de control fiscal, disciplinario y político al proyecto hidroeléctrico más importante del país lo construyeron a la topa tolondra como dice la sabiduría popular.
Resulta imperdonable a los ojos de la ciudadanía que tanto el gerente general de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Londoño de la Cuesta, como la Contralora General de Medellín, Patricia Bonilla Sandoval, tuvieran conocimiento de la existencia de un mapa de riesgos que podía amenazar el proyecto hidroeléctrico Ituango, realizado por la empresa Marsh Risk Consulting en el año 2014; mismo que fuera actualizado en el año 2016, en el que encontraron más de 90 episodios de riesgos que fueron clasificados según la metodología utilizada en su nivel de riesgo así: extremo, alto, tolerable y aceptable. De los más de 90 riegos, 16 señalaban condiciones geológicas desfavorables que afectaban sustancialmente la ejecución del proyecto.
En marzo 22 de 2017 se convocó una sección conjunta de la Asamblea Departamental de Antioquia y del Concejo de Medellín para supuestamente adelantar un debate de control político a los responsables del proyecto Hidroituango, pero hay que decir que la negligencia de los concejales de Medellín y diputados de Antioquia no tiene límite. En esa sesión conjunta se hizo un recuento de los episodios que se presentaron en el año 2012 con la adjudicación a dedo de la licitación al consorcio Camargo Correa y se proyectó en el recinto del Concejo de Medellín la imagen del cartel del pago de sobornos del consorcio constructor (la imagen del cartel corruptor a continuación, y se encuentra en el acta 229 de la sesión del Concejo de Medellín del 22 de marzo de 2017).
Concejales, diputados y contralores estaban en la obligación legal de investigar los hechos denunciados y ponerlos en conocimiento de la autoridad competente, pero no lo hicieron. Por el contrario, muchos de ellos se han dedicado a hablar maravillas del proyecto y a decir que ponen las manos en el fuego por los directivos de EPM (lo que hoy puedo asegurar es que se les van a quemar).
Todo parece indicar que los dineros de EPM y de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango los han manejado como los de una tienda de barrio o una finca de propiedad de los funcionarios. El acucioso gobernador de Antioquia y el gerente de EPM con los dineros de los contribuyentes están pagando una nómina de 18 funcionarios en la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., que nos cuesta 78 millones de pesos mensuales, para que estos afortunados tomen tinto en la oficina, habida cuenta de que no hacen absolutamente nada. Así lo confirma la Contraloría de Antioquia en respuesta al Movimiento Cívico y UNIGEEP:
- ¿Cuál es el costo mensual de la nómina?
- ¿Qué actividades ha desarrollado la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. que justifiquen el pago de la nómina?
¿La Contraloría General de Antioquia ya iniciaría un juicio de responsabilidad fiscal y una acción de repetición contra los que pagan esa nómina?
