Desde hace mucho tiempo, muchos analistas económicos vienen señalando que la política social colombiana, cuyo eje central ha sido la transferencia de subsidios condicionados —Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Viejitos en acción, entre otros— estaba contribuyendo a los altos niveles de informalidad del mercado de trabajo en Colombia. No se trata de no apoyar a los sectores pobres y marginados pero más que limosnas lo que se requiere es dotarlos de los mecanismos para que ellos puedan salir de la pobreza. La forma más eficiente es la universalización de las políticas sociales para que los derechos que consagra la Constitución de 1991 sean una realidad para todos los colombianos, especialmente para aquellos que más lo requieren. Las políticas de subsidios, como las mencionadas, deben ser focalizadas y por poco tiempo, de manera que los sectores marginados se preparen para poder recibir los beneficios de las estrategias de buena educación, de empleo formal, salud, etc., que les generan los mecanismos para mejorar su calidad de vida de manera permanente.
Pero no ha habido forma: los subsidios tienen un potencial político irresistible y en vez de fortalecer la educación pública, por ejemplo, o mejorar de verdad la calidad de los servicios de salud para los pobres, se han ampliado de tal manera estas transferencias de dinero que ya se hacen evidentes sus consecuencias. Sí, más niños van a la escuela por ejemplo, con Familias en Acción, pero esa educación sigue siendo de tan bajo nivel, que jamás podrán competir con aquellos de mayores ingresos que acuden a colegios de muy buena calidad. Dos mundos que nunca se juntarán, los pobres y los ricos a menos que los primeros sean servidores de los segundos. Esa es la sociedad colombiana a años luz de lo que debería ser un país equitativo.
Con gran despliegue, El Tiempo titula "Por subsidios, difícil tener trabajadores en el sector agrario". Siempre se piensa que la gente pobre no tiene racionalidad económica y se equivocan. Para qué van a tener un trabajo permanente con horarios si pueden trabajar a destajo, y así tener los numerosos subsidios del Gobierno y además los ingresos de su trabajo. Conclusión, los empresarios que dicen que ahora sí quieren tener trabajadores formales —hay que creerles— no consiguen gente que quiera vincularse a sus nóminas.
Las explicaciones que plantean los empresarios del campo sobre esta actitud de los trabajadores demuestra el profundo error de esta política social asistencialista y clientelista. Los empresarios afirman, como lo señala el medio señalado, que "la gente que recibe regularmente subsidios gubernamentales, está en la posición más cómoda para vivir". Y lo más grave, afirma el empresario "creo que la condición de pobreza es un buen negocio". Gravísimo, porque no solo se desestimula la actividad productiva sino que estos sectores vivirán y morirán como pobres.
Con certeza, este mismo problema se tiene que estar dando en zonas urbanas, donde los gobiernos amplían permanentemente la cobertura de estos subsidios. Realmente, ¿el deber del Estado es hacer de la pobreza una profesión? O más bien su responsabilidad debe ser ofrecerles a los menos favorecidos los medios para que dejen de ser pobres y entren a formar parte de las clases medias que son las que fortalecen la democracia y las que construyen sociedades que progresan.
Descubrieron que el agua moja y lo peor es que no se ven cambios en el horizonte porque las políticas universales son más costosas y además no compran votos.
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