A raíz del reciente descontento expresado por habitantes de numerosos barrios de Popayán, al recibir notorios aumentos en el valor de los recibos de energía eléctrica como consecuencia de la aprobación por la Alcaldía Municipal de la nueva estratificación, en Juntas de Acción Comunal y diversas organizaciones se reunieron habitantes y dirigentes comunitarios para exigir la modificación de la medida.
La protesta también se ha registrado en la mayoría de ciudades del país, donde autoridades nacionales exigieron actualización catastral y nueva estratificación teniendo como referencia el sistema clasificador de población usado por gobiernos de la mayoría de países llamados “en desarrollo”, para planillar a ciudadanos según los ingresos, ubicación y calidad de vivienda, y disposición de buenas vías de acceso y servicios públicos, entre otros parámetros, para fijar tarifas de impuestos, como el predial, construir obras vías, centros educativos y de salud y trazar políticas de salud, vivienda, empleo y numerosos subsidios enfocados a combatir la pobreza, y que en Popayán, con la nueva estratificación que reemplazó la vigente desde 1998, generó descontento entre habitantes de numerosos barrios, que subieron de estrato y, por consiguiente, de tarifas de energía y otros servicios públicos y bajaron de puntaje en el Sisben, lo que limita su acceso a programas asistencialistas del gobierno en Salud, Familias en Acción, ayudas en dinero y especie para alimentación de niños, jóvenes y ancianos y acceso a planes de vivienda gratuitos y subsidiados.
Similar revuelo causado en Popayán por el saliente gobierno del conservador Francisco Fuentes, quien generó la actualización catastral y de estratos en Bogotá, otras ciudades y municipios del país, donde por ley del gobierno nacional, debió implementarse y sin reversa, así candidatos y concejales en campaña oportunistamente ofrezcan desmontarla.
Si bien el sistema de estratos es más fácil de aplicar, en especial en barrios marginales donde es homogénea la pobreza y en urbanizaciones donde se nota la riqueza, su justeza se diluye en sectores, donde estas diferencias no son tan marcadas al interior de los barrios, como por ejemplo sucede en el Matamoros o Lomas de Granada, en Popayán, donde al lado de una humilde vivienda, inmigrantes con plata levantan edificios de 3, 4 pisos con grandes tiendas en el primero y también son propietarios de varios vehículos, pero por la ubicación del barrio figuran con igual estrato al de su vecino pobre. Situaciones similares se presentan en barrios que antes fueron residenciales para las elites que emigraron a lujosas urbanizaciones de la periferia y que con los años se depauperaron convirtiéndose en inquilinatos habitados por ‘pobres vergonzantes’, algunos de ellos ancianos sin familia, subempleados que sobreviven en las calles, en medio de pequeños comercios y restaurantes, residencias de paso, prostitutas y delincuentes, tal como lo expresará en reciente entrevista, el alcalde Petro, al referirse a numerosos habitantes del centro de Bogotá, actualmente arruinados, sin empleo fijo, seguridad social y ayudas del Estado, porque les da pena solicitarlas y los parámetros de estratificación los excluyen al tener como base fundamental la ubicación de la residencia, sin profundizar en su reales condiciones de vida. Situación similar afrontan en los centros de Cali y otras ciudades donde las alcaldías y el sector privado impulsan proyectos de recuperación de los sectores en decadencia.
En fin, aunque la tendencia promovida por diseñadores de parámetros para medir niveles de pobreza y trazar políticas públicas para combatirla, tiende a cambiar, al considerar las condiciones y calidad de vida e ingresos de los individuos y familias, no tanto por el sitio donde estén ubicadas sus residencias, sino por la real situación socioeconómica con respecto a si tienen o no empleo de calidad, seguridad social, vivienda y otras garantías para llevar una vida digna, la implementación de nuevas metodologías de “estratificación” de la población se demoran y por ahora rigen las vigentes.
En países de tendencia ‘socialista’, como Brasil y Venezuela y Ecuador y en Colombia, con economía predominantemente capitalista, en épocas del petróleo caro, la tendencia de los gobiernos fue a incrementar subsidios a los pobres, como doble estrategia para disminuir índices de miseria, fortalecer la clase media y asegurar votos de millones de beneficiarios. En época de vacas flacas y elecciones apretadas, como las que afrontará Maduro en diciembre, ya no hay teta pa’ tanta gente y gobiernos populistas como el venezolano, sin el abundante chorro de dólares del petróleo, se ven apretados y toman medidas extremas y guerreristas, a lo nazi contra judíos, marcando y demoliendo casas de colombianos pobres a quienes Chávez se las dio, además de cédula y subsidios para que votaran por él, acusando indiscriminadamente a los más humildes y vulnerables de integrar las mafias de paramilitares y contrabandistas, que en realidad existen estimuladas por las marcadas diferencias de precios de bienes y monedas entre los dos países, aliadas con civiles y militares venezolanos para contrabandear gasolina, alimentos subsidiados y drogas legales e ilegales.
En Colombia y Popayán, a los habitantes de barrios donde en años recientes subsidiaron construcción y mejora de viviendas, instalaron servicios públicos y pavimentaron calles, los gobiernos nacional y municipal, les cobran estas obras, subiéndoles el estrato y por consiguiente tarifas de impuestos y servicios.
Píldora difícil de tragar cuando con la subida del dólar, muchos alimentos y artículos importados van cuesta arriba y amplios sectores de la población, sub o desempleados, viven de subsidios ligados al puntaje fijado en el Sisben, antes de la nueva estratificación y ayudas en dinero y especie y programas de beneficencia para desplazados reales y colados.
