Desde su proyección en los acuerdos de paz del 2016 entre el gobierno y las Farc, en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (como mecanismo de justicia transicional) se estableció que tanto la Comisión de la Verdad como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas complementarían la labor judicial de la JEP. Esto con el fin de garantizar la verdad como elemento central de la justicia restaurativa acogida para dar prioridad a las víctimas del conflicto armado colombiano.
La JEP, no obstante los obstáculos y la oposición cerrada de los grupos ultraderechista de la política nacional (encarnada en el uribismo gubernamental), se abrió paso. En el momento aborda los casos de secuestros, los falsos positivos, las consecuencias del conflicto en Tumaco, Urabá y el Cauca, la violencia contra los niños y el exterminio de la UP.
Han sido varios los intentos para eliminarla, limitarla o desviarla de su tarea esencial, pero el rechazo de la sociedad ha dado al traste con esas arremetidas perversas, asociadas con la guerra y la violencia política.
Sin embargo, las víctimas, sus organizaciones y las de los derechos humanos han señalado una fuerte y delicada descoordinación entre la JEP, la Comisión de la Verdad y la UBPD, lo que obviamente afecta todo el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Si bien es cierto que cada uno de estos espacios tiene su propia dinámica (como la judicial, en el caso de la JEP); la de la verdad y la de la ubicación de las personas desaparecidas en las otras), no es menos cierto que la acción aislada de cada una de esta perjudica gravemente la construcción de la paz y la legitimidad del mecanismo judicial transicional. Lo peor, les sirve en bandeja de plata los argumentos a los enemigos de la JEP para que la ataquen y desprestigien ante las víctimas.
Nota. La situación de las víctimas en el Cesar como consecuencia de la implantación del extractivismo minero, en este caso del carbón, explotado por Drummond y Glencore, demanda la apertura de un caso especial en la JEP. El modelo minero es uno de los principales generadores de violencia en los territorios y en el asesinato de líderes sociales.
Oro, carbón, níquel y otros minerales estratégicos son objeto de la disputa de poderosas multinacionales mineras que muchas veces acuden a la violencia para obtener ventajas del Estado. Ese sería el caso de Drummond y Glencore, compañías que presuntamente hicieron alianzas con los paramilitares del Bloque Norte, comandado por Jorge 40, para adquirir grandes extensiones de tierra con enormes yacimientos de carbón en el departamento del Cesar. Esto, según varias denuncias, indujo un proceso violento de despojo de tierras a campesinos beneficiarios de la reforma agraria de los años ochenta por parte de poderosos terratenientes de Codazzi, la Jagua de Ibirico, el Paso, Valledupar, San Diego, Curumaní, Chiriguaná, Chimichagua y Ariguani.
