La noticia de la posible construcción de un carreteable de 9 kilómetros de extensión para el tránsito de camiones recolectores de caña, directamente sobre el lecho del río Bugalagrande, a su paso por Andalucía, en el centro del Valle, prendió las alarmas de los ciudadanos de este municipio, famoso por los mecatos tradicionales y la gelatina de pata de res.
La DAR Centro-Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, mediante la resolución 0730 N° 0732-001610 del 7 de diciembre de 2016, autorizó a la sociedad Carlos Sarmiento y Cia. Ingenio San Carlos S.A. la ocupación del cauce del río Bugalagrande y la aprobación de los planos para la construcción de unas obras hidráulicas.
Dichas obras hidráulicas anunciaban el desvío permanente del cauce de la acequia La María (tributaria del río Bugalagrande) y la fundición de un box culvert: sistema modular en concreto reforzado para construir un túnel de 18 metros de largo para permitir el tránsito de los pesados camiones recolectores.
Y si bien los andaluces solo se enteraron diez meses después de emitida la resolución y las obras nunca se materializaron, la ciudadanía expresó su indignación a través de las redes sociales porque la CVC autorizó el proyecto sin informar previamente a la comunidad.
“Nos enteramos por medio de Jorge González, un ambientalista comprometido, porque la CVC nunca informó ni al concejo ni a la alcaldía. De inmediato, el alcalde Wilson Pérez y yo contactamos a la gobernadora Dilian Francisca Toro y en su visita al municipio (realizada el pasado 15 de septiembre) logramos aconsejarla para que, como presidenta de la junta directiva de la CVC, rechazara la ejecución de las obras que degradarían nuestro río y sus ricos ecosistemas”, dijo Andrés Ignacio Garzón, presidente del Concejo de Andalucía.
Claudia Andrea Durán, directora de la DAR Centro-Norte y quien firmó la resolución de la discordia, dijo que el ingenio San Carlos S.A. “manifestó de forma clara desistir de dicho derecho” y agregó que el ingenio no concertó las servidumbres necesarias con los dueños por donde pasaría un tramo del carreteable, por lo que éste sería el verdadero motivo por el cual no se realizaron las obras.
“La CVC siempre ha tenido una visión muy parroquial y estrecha del río. Esta vez autoriza al ingenio San Carlos, sin estudios de impacto ambiental, construir una autopista sobre el río Bugalagrande. Son 166 días, las 24 horas del día, lo que tardarían los camiones de más de 60 toneladas de peso para recolectar las 500 hectáreas de caña de azúcar sembradas en la media montaña tulueña”, expresó Jorge Enrique González Rojas, abogado y ambientalista que dio a conocer a la comunidad la resolución de la CVC.
González Rojas advirtió que de permitirse el carreteable, aumentaría la vulnerabilidad de inundación en algunos barrios en el vecino municipio de Bugalagrande y, se pondría en riesgo la culminación de la bocatoma del sector Voladeros en Andalucía, obra de $5.400 millones de costo y 70% de avance de construcción que garantizaría el suministro de agua potable a más 60 mil habitantes de Andalucía y Bugalagrande.
Pero neutralizar la amenaza del carreteable del ingenio San Carlos solo fue una pequeña victoria para los andaluces, pues otras grandes problemáticas ambientales afectan a la cuenca del río Bugalagrande.
El río
Sobre los 3.600 metros s.n.m., al extremo sur del páramo de Barragán, en el sector La Unión, en Bugalagrande, al unirse en una sola corriente las aguas del río Tibi y la quebrada Los Osos, nace el río Bugalagrande, el cual desciende serpenteando durante 81 kilómetros e irriga más de 15 mil hectáreas de cultivos, para finalmente tributar sus aguas al gran río Cauca.
Embalse quebrada El Buey
Actualmente los municipios de Andalucía y Bugalagrande afrontan uno de los 72 conflictos socio-ambientales que, según el Atlas Global de Justicia Ambiental, sitúa a Colombia, por encima de Brasil (58 casos) y Ecuador (48), como el primer país de América Latina con éste tipo de problemáticas.
La construcción de un embalse con capacidad para 57 millones de metros cúbicos de agua, a la altura de la quebrada El Buey, en la cuenca media-baja del río Bugalagrande, también en jurisdicción de Andalucía, es uno de los mayores desafíos para la comunidad de ambos municipios.
La CVC realizó entre los años 1996 y 2000 varios estudios de prefactibilidad para la construcción de embalses para la regulación de los caudales de algunas cuencas de los municipios del centro del departamento, siendo un gran prospecto la cuenca del río Bugalagrande.
En 2015 la autoridad ambiental hizo el estudio definitivo de factibilidad en la quebrada El Buey y “demostró que se podría mejorar la gestión del recurso hídrico frente a condiciones extremas como en épocas de crecientes o escasez”.
Aún con las supuestas bondades del embalse Quebrada El Buey para los vallecaucanos, en agosto de 2016 los alcaldes: Wilson Pérez, de Andalucía; Jorge Rojas, de Bugalagrande y; Freddy Osorio, de Sevilla, se reunieron con Rubén Darío Materón, director general de la CVC, para expresarle su rechazo al proyecto.
Ante la negativa de los mandatarios locales, Materón dijo a los medios que la CVC solo realizaba los estudios de pre-factibilidad y factibilidad y que no acometerían la etapa de diseño del embalse pues solo las administraciones municipales y la gobernación determinan si se ejecuta o no.
No obstante, para la comunidad de Andalucía (34 mil habitantes) y Bugalagrande (33 mil), la CVC continúa ajustando el proyecto de embalse Quebrada El Buey con miras a su realización.
González Rojas además cree que el embalse modificaría el microclima y las áreas agrícolas de influencia de la cuenca del río Bugalagrande y, contradice el argumento de Materón de que el embalse no haría decrecer el caudal del río, pues arguye, un estudio de 2014 del Instituto Alexander von Humbolt reveló que cada 5 años, el volumen de las aguas del río se reducen en 11,8%.
La “Ptar” de Ceilán
Otra carga contaminante para las ricas aguas del río es el daño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar de Ceilán, corregimiento cordillerano de Bugalagrande.
De acuerdo con la denuncia de Jorge Enrique González Rojas, también representante de la fundación ambiental Los Azahares, en una visita de rutina realizada el 30 de septiembre de 2016 a la cuenca del río, descubrieron averiada la Ptar de Ceilán y las aguas con materia fecal contaminando la quebrada Las Violetas y posteriormente al río Bugalagrande.
González Rojas informó a la CVC y a la alcaldía de Bugalagrande de la problemática de la Ptar de Ceilán y manifestó que el alcalde Jorge Rojas se comprometió a solucionar la situación en dos meses, pero un año después continúa la contaminación.
Monocultivos, una amenaza creciente
A más de 2 mil metros s.n.m., en el corregimiento de Alegrías, en Sevilla, en una zona limítrofe con Bugalagrande y Tuluá, los campesinos manifiestan que la Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A. y sus monocultivos de pino y eucalipto han desecado más de 50 nacederos de agua, muchos de los cuales tributaban sus frías aguas al río Bugalagrande.
Ya en la cuenca media y baja del río, a su paso por Andalucía y Bugalagrande, es nuevamente el riego de los monocultivos de caña de azúcar de los ingenios San Carlos, Mayagüez, entre otros, los que acaparan más del 60% de los acuíferos subterráneos y las aguas del río.
La arrasadora locomotora minera
De acuerdo a José Antonio García, catedrático chileno que ha investigado la actividad minera en la cuenca alta del río Bugalagrande, además de la minería artesanal, practicada durante años a lo largo de la cuenca del río, la minería ilegal con dragas y retroexcavadoras son usadas por breves periodos de tiempo en las márgenes del río, en la alta montaña, en Sevilla.
Asimismo, se conoció que la multinacional minera sudafricana AngloGold Ashanti realizó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, la solicitud para la explotación minera en el municipio de Sevilla, contiguo a las márgenes del río Bugalagrande.
De otro lado, Willmar Viedma, miembro de Asocampoalegre (asociación integrada por más de 200 pequeños y medianos agricultores de la zona rural plana de Andalucía), expresó que la empresa Pisa S.A. aprovechó el contrato de obra pública GM 001 de 1993 para el mantenimiento de la vía: Buga-Tuluá-La Paila, para continuar de manera ilegal, con la explotación de material de arrastre del río Bugalagrande.
“Ni en la Gobernación del Valle, ni en el Ministerio de Minas, ni en la CVC registran autorización, permiso o licencia de alguna índole”; en consecuencia, desde agosto de 2011 instauraron un derecho de petición a Minminas para que se dé el desalojo de la firma, pero 6 años después, aún no obtienen respuesta.
Actualmente y por problemas asociados a los anteriores factores, los andaluces y bugalagrandeños deben soportar el corte de agua potable durante 60 días al año, por tal motivo, la comunidad está organizando un paro cívico indefinido, en defensa del río Bugalagrande.
