Todos habrán oído aquello de que los tres poderes del Estado son autónomos e independientes. Mentiras. Y vamos a probarlo.
La rama ejecutiva tiene por cabeza al Presidente de la República, elegido por el pueblo y que solo al pueblo responde. Poder autónomo e independiente.
El Congreso es elegido por el pueblo. Poder autónomo e independiente.
El poder judicial es elegido por el Congreso, sí, por los políticos que el pueblo en tan poco estima. Los aspirantes a las Cortes tienen que convencer a los políticos para que los incluyan en las listas del Consejo Superior de la Judicatura, elegido por el Congreso. Poder dependiente con cero de autonomía. El que no tiene padrino no va a ninguna Corte. La Corte Constitucional depende del Presidente y de los congresistas. Doble dependencia. Ninguna autonomía. Ningún compromiso con el pueblo.
No se sorprenda nadie, entonces, de que ese poder obre con la única mira de satisfacer a sus electores, que elegirán a los compañeros de Sala y Corte de los magistrados ya electos.
Ese engendro perverso es hijo natural de la Constitución del 91, la madre de semejante despropósito, de semejante monstruosidad.
Poco ganamos con quejarnos de los jueces y magistrados morosos; poco con lamentar sus fallos equivocados y sus morosidades indignantes; poco cuando nos mostramos indignados con la indulgencia con el crimen y la ineptitud en el manejo de asuntos tan graves como los que tienen que resolver. Si la fuente del río viene contaminada, irremisiblemente, sus aguas bajarán turbias.
El ex Presidente Álvaro Uribe ha sido víctima de fechorías judiciales inconcebibles, repugnantes, que el Fiscal Jaimes ha puesto de bulto. De acusador y denunciante lo convierten en acusado, en una voltereta que parece maroma de circo; interceptan sus comunicaciones, explicando que se equivocaron los magistrados de número telefónico y entre unos ochenta millones les cayó el de Uribe, muy interesante, según dijeron; oyen con fruición las conversaciones personales e íntimas de su víctima con el abogado que lo representa en juicio, y no se inmutan; aceptan como partes en el juicio al Fiscal que debiera estar condenado hace rato y de víctima de Uribe no tiene nada que mostrar, y les parece magnífica tal hazaña; su testigo estrella es un sujeto que produce náuseas, y se les olvidan los preceptos más elementales de la crítica testimonial, sin sonrojarse; nunca tuvieron curiosidad por averiguar cómo ese sujeto atroz pasó de maleante que deambulaba por los peores patios de La Picota, a disfrutar de cómoda y amplia suite, con nevera, trago, mujeres, computador y siete “sim cards” que no examinan, y como si tal cosa; escriben más de mil quinientas cincuenta páginas de basura, sin una prueba, sin un concepto serio, sin un análisis decente de lo que examinan, y quieren que doblemos la cerviz ante tamaño esperpento. ¡Qué horror! Más que prevaricadora, es una Corte despreciable.
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El ex Presidente Álvaro Uribe ha sido víctima de fechorías judiciales inconcebibles, repugnantes, que el Fiscal Jaimes ha puesto de bulto
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El proveído de la Fiscalía acepta y alborota el cotarro, que más parece gallinero cuando asoma el zorro. Y más que por la decisión final, la de pedir lo elemental y obvio, el fin de esa causa grotesca, por las pruebas practicadas, por las verdades ocultas que quedaron en evidencia, porque el juez o magistrado que examine el proceso quedará abrumado por la inocencia del que se persigue y por la mala fe, los desvíos, las trapacerías de cuantos lo ultrajaron, denunciantes e investigadores.
El caso del ex Presidente es monstruoso. Pero no debe sorprender. Las obras hay que juzgarlas en relación con quien las ejecuta. Y con dolor de Patria habremos de recordar que la Corte que persigue a Uribe es la del cartel de la toga, la que viene de magistrados corruptos por el dinero, torcidos por los intereses políticos. La Corte heredera de quienes parrandeaban gratis en cantinas de delincuentes y al salir da la farra dejaban constancia de su gratitud imperecedera con los dueños del antro que los acogía. De los que asistían a corralejas, invitados por bandidos. De los que se iban de juerga a ferias en Neiva, con la plata del fisco. De los que borraban el contenido de los equipos que registraban el número de visitas que recibían de un mafioso internacional. De los que aceptaban regalos para sus esposas, que los encontraban de todo su gusto. De los que vendían fallos, de los que seleccionaban mañosamente los asuntos que querían atender, porque eran los que producían dinero.
Queda por ver ahora lo que hagan jueces y magistrados que recojan el expediente que el país entero examinará con lupa. No hay que olvidar que los jueces de conocimiento dependen en sus aspiraciones y su futuro entero de aquellos magistrados que no han obrado como jueces sino como partes. De los herederos del cartel de la toga, para ser claros. ¡La Constitución del 91!