Se acaba de iniciar el cuatrienio del presidente Iván Duque con dos caras de la misma moneda en su posesión: un discurso del presidente del Senado, Ernesto Macías, con un alud de críticas al Juan Manuel Santos, que oculta las muchas coincidencias en las políticas neoliberales entre la U y el Centro Democrático. Acto seguido, la intervención del nuevo inquilino del Palacio de Nariño dejó esbozadas sus políticas principales, que no deben llevar a engaño a nuestros compatriotas, mostrando su total identidad con los exmandatarios de turno al admitir que “hemos sido capaces de construir un vigoroso aparato productivo, con una economía impetuosa, cuyo potencial es reconocido en todo el mundo y se debe mantener todo lo que funcione, corregir lo que sea necesario y construir nuevas iniciativas”. Visión que dista mucho de la realidad de una economía enclenque arrasada por los Tratados de Libre Comercio que inundan a Colombia con toda clase de bienes que antes se producían internamente.
Dijo además el nuevo mandatario que “se han hecho compromisos y promesas con organizaciones sociales sin asegurar su financiamiento”, lo que puede significar que no va a honrar dichos acuerdos, por ejemplo con Fecode, CUT, Buenaventura, Quibdó, Dignidades y organizaciones agrarias, pero a renglón seguido añadió que “la protesta social no debe estar por encima de los demás ciudadanos”. Se identifica así con los anuncios del nuevo ministro de Defensa en contra de la lucha social, pero el clima intimidatorio no fue óbice para llamar a un pacto por Colombia, ya que “por encima de las diferencias están las cosas que nos unen para llegar a consensos necesarios”. Se podría tratar de un nuevo Frente Nacional, ya que se refiere a los partidos tradicionales que se le han unido. En cuanto a la paz, coincide también con su antecesor cuando afirma que “creo en la desmovilización, el desarme, la reinserción, buscar oportunidades para la base guerrillera con provisión de bienes públicos”, pero con un matiz, ya que va a presentar un proyecto de ley para que “en adelante en nuestra Constitución Nacional, el narcotráfico y el secuestro no sean delitos conexos al delito político”, aplicable a nuevos procesos de paz.
En cuanto al programa de reactivación económica anuncia “un sistema tributario y desarrollo productivo”, en el cual “la meta es aumentar recaudo, bajar impuestos a los generadores de empleo y mejorar ingreso de los trabajadores (¿?)”. Agrega que hará “todas las reformas estructurales requeridas para la sostenibilidad fiscal de la Nación”, lo que siempre ha significado aumento de impuestos regresivos como el IVA. También se compromete con la seguridad jurídica de empresarios extranjeros, como los acuerdos con España, que nos tiene al borde de perder cinco billones de pesos con GNFenosa. Habla de impulsar el agro “respaldado por el comercio exterior” y lograr “la seguridad alimentaria” abriéndose al mundo”, políticas que han sido un fracaso desde 1990 con la apertura económica de César Gaviria, que llevó a Colombia a importar 14 millones de toneladas anuales de alimentos que antes eran producidos por nuestros campesinos, indígenas y empresarios del agro. Se compromete Duque con una “reforma pensional sostenible”, sobre lo cual la OCDE, a la que acaba de ingresar el país, exige que se aumente la edad de pensión, que sea igual para hombres y mujeres y se suba la cotización. Duque remató su discurso con una propuesta de reforma política para “eliminar el voto preferente”, lo que daría al traste con los partidos de oposición que se nutren de los votos de opinión.
Como se ve, el panorama político ha tenido variaciones por cuanto hay un reagrupamiento de fuerzas tradicionales alrededor del presidente Iván Duque, los mismos que han venido gobernando hace treinta años, cuyas diferencias se han matizado. Pero, por otro lado, ha surgido una crecida oposición de cerca de 25 senadores de distintas vertientes que pueden acercarse con base en una unidad de acción basada en puntos comunes de defensa de la soberanía, la producción nacional agraria e industrial, los derechos democráticos y el derecho a la protesta civilizada. En estos momentos de la historia, con un proceso de paz en vías de consolidación y otro en ciernes, se requiere el desarme de los espíritus de todos los colombianos sin distingos para que la controversia política se desarrolle por cauces civilizados, ya que el lenguaje pugnaz y desenfrenado nos llevaría por caminos inciertos e insospechados.
