Un video borroso en la noche bogotana muestra a un nutrido grupo de policías rodeando un automóvil particular, en el que se presume están introduciendo a alguien contra su voluntad. Los policías actúan con naturalidad, sin importar que lo que están haciendo es cuestionable. El vehículo emprende la marcha y el video continua tras él. Quien graba señala que en el auto hay una estudiante retenida. Luego de seguir el auto un tramo, logran ponerse a la par del vehículo y presionan a sus ocupantes quienes eventualmente se detienen, en mitad de la congestionada vía, para permitir que la mujer descienda del auto.
A pesar de la contundencia de la evidencia, a pesar del proceder irregular de quienes conducían el vehículo, el comandante de la policía de Bogotá, el Mayor General, Hoover Alfredo Penilla Romero no tuvo reparo en salir a los medios a defender sin atisbo de duda el proceder de sus subalternos y a regañar a medios y ciudadanos por criticar el trabajo de una institución altamente cuestionada por su proceder durante las jornadas del Paro Nacional.
Ahora bien, lo que evidencia el video, no es otra cosa que una tentativa, por parte de esos policías de desaparecer forzosamente a la estudiante. Su compañero, quien también fue forzado en otro vehículo, fue sometido a golpes e insultos, por los que recibió incapacidad médica de varios días. Tuvo suerte de salir con vida. No así ocurrió con los cerca de cuatro mil ciudadanos colombianos víctimas de la política brutal de los asesinatos irregulares, camuflados bajo el nombre de Falsos Positivos, cuyo fantasma volvió a emerger en Dabeiba (Antioquia) esta semana.
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Entre 2002 y 2008 la muerte de civiles por parte de brigadas del Ejército era sistemática y hacía parte de una política de resultados para mostrar a la opinión pública éxitos militares
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Como está bien documentado, esta conducta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, no es nueva, ni excepcional, de hecho, entre 2002 y 2008 la muerte de civiles por parte de brigadas del Ejército era sistemática y hacía parte de una política de resultados que tenía como objeto mostrar a la opinión pública éxitos militares, cuyo objeto era beneficiar la imagen política del gobierno de aquel momento. De tal manera que soldados y oficiales, presionados por sus superiores para mostrar resultados positivos, relacionados con número de bajas en combate de guerrilleros, orquestaron una elaborada operación en la cual secuestraban, o manipulaban con falsas promesas laborales a hombres de entre 15 y 28 años para asesinarlos en parajes remotos o incluso en otras regiones del país para luego falsear las necropsias, vestirlos con uniformes guerrilleros y hacerlos pasar por delincuentes.
Durante siete años, está fue una práctica constante en por lo menos once brigadas del Ejército de Colombia, como consta en diversos informes al respecto. Por estos delitos, hasta el momento han sido vinculados a procesos penales más de 800 miembros del Ejército, la gran mayoría de ellos soldados rasos y algunos oficiales de rangos medios, más ningún alto mando de entonces. Algunos, incluso, son parte de la cúpula militar actual, incluido el comandante del ejército, el general Nicacio Martínez Espinel, quien, ejercía de segundo comandante de la Décima Brigada Blindada (2004-2006). A dicha brigada la Fiscalía le abrió investigación por 23 ejecuciones extrajudiciales, llevadas a cabo por soldados bajo su autoridad. A pesar de la gravedad de estos hechos, el presidente Duque no tuvo inconveniente en apoyar su ascenso y presentarlo ante el Congreso, que sin considerar estos antecedentes le concedió el ascenso a general de tres soles. En diciembre de hace un año el presidente lo nombro Comandante del Ejército.
Su nombramiento y el de un grupo importante de la cúpula, todos con investigaciones activas por estos delitos, tenía un mensaje claro, la guerra, con su rostro más despiadado volvía. La promesa no ha hecho más que cumplirse durante este año, que ha visto como el Ejército ha estado involucrado en escándalos de corrupción, en el asesinato de Dilmar Torres, o, el aún por aclararse, de Flower Trompeta, entre otros hechos cuestionables.
Ahora, gracias a la gestión de la JEP, que este gobierno ha tratado de eliminar, contraviniendo lo pactado en el Acuerdo de Paz, comienza otra etapa de aclaración de los luctuosos actos cometidos a sangre fría por miembros del Estado colombiano. Lo de Dabeiba (Antioquia), es escabroso y evidencia un desprecio absoluto por parte de los militares que colaboraron con el exterminio de estos colombianos inermes. Pero así mismo, manifiesta que hubo un plan para ocultar y desviar lo ocurrido, con el cual se re victimizó a las víctimas y a sus deudos. Así mismo, habría que investigar cómo las autoridades de ese municipio antioqueño actuaron ante la barbarie, si su omisión al denunciar fue cómplice o si esa actitud estuvo condicionada por miedo.
Ahora bien, es claro que lo ocurrido en Dabeiba (Antioquia) es importante y va a contribuir a la verdad de lo que sucedió, pero así mismo, es claro que aún falta trabajo para revelar el complejo entramado que subyace a la desaparición forzada de personas en Colombia, cuyas cifras reales hablan de más 80.000 personas. Por suerte los muchachos retenidos de manera irregular por la Policía en Bogotá no sufrieron la misma suerte de los muchachos del cementerio de Dabeiba (Antioquia).
