Ángel Zúñiga, el patrullero de la policía de Cali, dio una lucha histórica cuando en días pasados (11 de junio de 2020) se negó a seguir las órdenes de sus superiores en una acción de desalojo adelantada en Cali, contra habitantes de asentamientos marginales en la zona del río Pance. Tal como lo denuncio el policía, la intención no era reubicarlos sino sacarlos por la fuerza. Esta era una operación de ese orden, un desalojo forzado, lo que el destacamento policial del cual formaba parte el policía Ángel Zúñiga. Sin necesidad de invocar los instrumentos legales que obligan a las autoridades colombianas a abstenerse de incurrir en este tipo de violaciones, Zúñiga apeló a los arrestos de solidaridad humana para optar por la dignidad de sus conciudadanos. De esa manera, él no hizo más que hacer valer la vigencia de los derechos fundamentales que Colombia está obligada a defender por haber firmado acuerdos internacionales al respecto.
Estos desalojos forzados se suman al robo de viviendas por el sistema financiero que ha permitido el engaño de la gente por décadas, usando la capitalización de intereses y desbordadas tasas de interés para engañar a la población y con liquidaciones fraudulentas les arrebatan la vivienda hipotecada. Ya desde los años setenta a la fecha, millones de personas han perdido su vivienda después de haber pagado mas de 10 veces el dinero prestado por los bancos, que además cuentan con la aprobación de jueces y magistrados a la hora de desalojar a la gente de su vivienda.
Un fundamento que rige es el derecho humano a una vivienda digna. Este principio está consagrado en el derecho internacional, cuya validez Colombia consagra como signataria de pactos internacionales de derechos civiles. De manera que toda acción que violente ese fundamento hace del desalojo un acto forzado.
En relación con el derecho a la vivienda, las autoridades nacionales y locales se han comprometido a garantizar que durante la pandemia ningún ciudadano sufra la desprotección de la falta de una vivienda. Al menos así lo habían anunciado.
No obstante, la realidad concreta es diferente. Las acciones que el policía Ángel Zúñiga denunció ocurrieron en el marco de una administración que, como la de Iván Ospina, alcalde de Cali, se precia de ser progresista y protector de los derechos humanos.
La decepción es creciente. Así, por ejemplo, ha llamado incluso la atención de la prensa internacional, el desdén por el derecho, el desacato a la prelación que los acuerdos internacionales tienen sobre el engranaje jurídico nacional y el irrespeto por la ciudadanía que la alcaldía de Claudia López, en Bogotá, ha demostrado con el adelanto de un plan de desalojos en un sector de la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de la capital. Los anuncios de políticas paliativas en el marco de la pandemia no han detenido la aplicación de estas medidas que atentan contra los derechos básicos de la población. Tanto The Washington Post (1 junio de 2020) como el medio inglés The Guardian (2 de junio de 2020) advirtieron de los atentados a los derechos fundamentales en la aplicación de desalojos forzados por la alcaldía en Bogotá.
Detrás de estas políticas está en acción el sector financiero que en esta pandemia ha buscado, y conseguido, enriquecerse aún más por la vía del despojo. El desacato de las autoridades colombianos a sus obligaciones de proteger los derechos básicos de sus ciudadanos, y que se adelanta con saña contra los sectores más pobres de la población, constituye una amenaza aún más letal que la que trae el coronavirus.
Por lo tanto, es entendible el engaño de la “Hipoteca Inversa” que propone este gobierno, entregarles a los bancos, con Luis Carlos Sarmiento Angulo como uno de sus mayores representantes, la vivienda de los mas humildes, pues no es otra cosa que hipotecar las viviendas de los mayores a los bancos. Lo único que se pide a los alcaldes, alcaldesa y presidente, es aplicar la Constitución, porque de manera cada vez más frontal operan como agentes, no del orden constitucional, sino de los intereses de los más poderosos; por lo menos hagan valer la Constitución, pues la vida y dignidad de los ciudadanos parece no tener la prioridad.
