La literatura ha dado cuenta de una trágica realidad en América Latina, acentuada de manera particular en Colombia, y, de manera especial, en una ciudad como Santiago de Cali, y es la realidad del despojo y carencia de tierra donde tomar arraigo, desarrollar su existencia, y ser felices las familias más vulnerables y pobres del continente.
Ello se retrata en novelas como “siervo sin tierra”, del célebre escritor colombiano Eduardo Caballero Calderón, y que tiene por protagonista a Siervo Joya, un campesino del departamento de Boyacá, que se ha puesto como objetivo en la vida (como muchos de nuestros campesinos), comprarse un pedacito de tierra que le dé felicidad a él y su familia; no obstante, las cosas para una persona como él no resultan ni medianamente fáciles, y por el contrario, le son esquivas sus aspiraciones, dada su situación económica y las condiciones sociales en que se vive (de violencia), por lo que convertirse en propietario no supera ser solo un anhelado sueño. Siervo tendrá que reponerse a una condena de prisión y se verá inmerso en el devenir político de una época violenta entre liberales y conservadores.
Otro tanto escribía el peruano Ciro Alegría (uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista) quien en su pequeño relato “el mundo es ancho y ajeno”, da cuenta de las dificultades de la comunidad andina de Rumi, que, liderada por su alcalde, tiene que enfrentar la codicia de un potentado, el cual les despoja de sus tierras y ranchos. «Váyanse a otra parte, el mundo es ancho», es como se dirigen los despojadores a los comuneros. Así pues, los desposeídos buscarán un nuevo lugar donde asentarse y vivir, pero, “si bien es cierto que el mundo es ancho o inmenso, siempre será ajeno o extraño para los comuneros”.
De Cali, la mal llamada “sucursal del cielo”, surgen cientos de relatos que dan cuenta de ese trasegar de las familias más pobres y vulnerables de la tierra, que deben soportar el desalojo forzado, esta vez, no por parte de los violentos que defienden intereses de poderosas familias, empresas, industrias y transnacionales en el campo y la zona rural, sino por parte de un Estado indolente que, en lugar de ponerse a los servicios de los más necesitados que llegan a la urbe, tal como se lo exige la Constitución Política, las leyes y los tratados internacionales sobre derechos humanos, termina defendiendo la ociosidad en la tierra, a las grandes constructoras, al gran capital financiero, y a todos los grandes acumuladores de las riquezas que nos brinda la tierra.
Es la experiencia trágica de muchos de “los condenados de la tierra”, como los llamaba Franz Fanon, en otro espacio claro está, que van a ganarse la vida en lugares distintos a los territorios que los vio nacer y crecer, sufriendo la más cruel explotación, padeciendo enfermedades y hasta la muerte de manera trágica, y que, además, deben padecer la violencia de un Estado indolente ante sus necesidades. “Para el hombre andino la comunidad es el único lugar habitable”, prueba de ello es lo que pasa en Cali con La Minga Social, Popular y Comunitaria, en donde se recogen gran cantidad de desplazados por un sistema económico y un establecimiento perverso.
Santiago de Cali viene de ser el escenario de masivos desalojos que han afectado a más de 5.000 familias, tal como da cuenta de ello los casos de los habitantes del Jarillón del río Cauca, Altos de Santa Elena, Sector de Navarro, Aldovea, La Conquista, Villa Victoria, y más recientemente, los desalojos iniciados con el sector de Bajo Pance, frente a los cuales no se ha brindado soluciones reales e integrales a sus ocupantes.
Frente a ese panorama se ha planteado la imperiosa necesidad de instituir un Protocolo de Garantías de Derechos, como herramienta que busca posicionar, desde la Minga Social, Popular y Comunitaria de Cali, la obligación del Estado de actuar para prevenir desalojos forzosos y crear rutas que permitan una vivienda y condiciones de vida digna para los más necesitados, basándose para ello, principalmente, en las distintas Resoluciones de las Naciones Unidas en materia de Hábitat y Vivienda Digna, en los Principios básicos y directrices de la Relatoría Especial sobre Vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, los pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia (T-427 de 2021, T-547 2019 y SU – 016 2021), y el Protocolo propiamente de desalojos de la población de Chiapas - México.
Con ello se pretende abolir una experiencia en extremo inhumana, que afecta gran cantidad de derechos de la población más vulnerables de la sociedad, con pocas posibilidades de adquisición de tierras, tal como dan cuenta de ello las experiencias vividas ya antes enunciadas, en terrenos ociosos y abandonados, y en inmuebles que amenazaban ruina.
Es poner al Estado al servicio de las comunidades más indefensas, y no, como hasta ahora viene sucediendo, para agredirles y revictimizarles.
