Que un Magistrado del Tribunal de Cundinamarca suspenda el evento de más jerarquía e importancia de un partido político lo menos que causa es inquietud.
Inquietud porque aunque el tema es complejo, dos cosas se entienden fácilmente: por un lado, que cuando se trata de una decisión judicial es porque la causa es una violación a la ley; y de otra parte, porque de eso se deduce que algo grave hay detrás.
Al leer el fallo se encuentra con que se trata de una medida ‘cautelar’ —es decir preventiva— dentro de un proceso de desacato porque la Dirección del Partido Liberal se ha negado a cumplir una sentencia de la máxima corte judicial de Colombia en el campo administrativo, el Consejo de Estado.
Y al leer esa sentencia aparece que se trata de una Violación a la Moralidad Administrativa y al Interés Colectivo por parte del Dr. Rafael Pardo quien fue en su momento Director Único de esa colectividad. Y dice tal pronunciamiento que ello fue mediante actos ilegales, contrarios a la Constitución, atentando contra los principios democráticos, y desconociendo los objetivos del Estado.
En la misma sentencia se declara además que tal actuación por parte del en ese entonces Director Único era a su turno ya contraria a una decisión del Tribunal de Garantías de esa colectividad, es decir, en desconocimiento de nuestro ordenamiento político y legal que hace que los Estatutos de los Partidos tengan una jerarquía equivalente a la de Leyes de la República, y que la responsabilidad de quienes como dirigentes de esas colectividades aspiran a gobernar al país los obliga a que deban respetar los mismos principios morales, éticos y legales que se exigen a los funcionarios públicos.
La Sentencia del Consejo de Estado también declaró que, por ser derivados de esa actuación, todos los actos emanados de las sucesivas Direcciones eran nulos, y resolvió conminar a la Dirección actual a abstenerse de continuar comportándose en forma similar.
Difícil una descalificación mayor a una entidad tan importante como lo que había sido en la historia el Partido Liberal, y difícil un problema institucional más grave que la situación creada al negarse en tres ocasiones sus voceros a obedecer las órdenes de la Administración de Justicia.
Máxime cuando la reacción inicial ante el reciente auto del magistrado del Tribunal fue llamarlo ‘atrabiliario, arbitrario y politiquero’ y afirmar —por lo demás falsamente— que por no haber sido notificado tal Auto del tribunal no darían cumplimiento a ese fallo. Y en razón de eso justificar que el presidente de la República ‘inaugurara’ el evento oficialmente.
Lo cual de paso deja también mal sabor, puesto que las relaciones que ha desarrollado el Dr. Santos con las ‘Directivas’ de ese partido tiene como antecedente la ‘mermelada’ del premio del nombramiento del Dr. Rafael Pardo —es decir, de aquel Director Único— como ministro del Posconflicto tras haber perdido la elección a la Alcaldía de la Capital… Como si como el presidente pudiera no saber que existía esa sentencia de la Alta Corte, o ignorar las calificaciones que respecto a los actos del nombrado contenía (ilegales, inmorales, inconstitucionales, contrarios a los principios democráticos y a los propósitos del Estado, etc.).
Con artimañas, la dirección que preside el Dr. Serpa
pretendió diferir los efectos de la sentencia del Consejo de Estado
y expidó avales para los candidatos en las últimas elecciones
La situación que vive el otrora primer partido político se había agravado con la actitud asumida por la dirección que preside el Dr. Serpa, puesto que, en contra de lo conminado por el Consejo de Estado, planteó el alegato de que los partidos políticos eran entidades privadas y sus funcionarios directivos no sujetos a las exigencias legales y morales que obligaban a los funcionarios públicos. Y acudiendo a artimañas de ‘acciones de apelación’ de ‘aclaración’ y de ‘nulidad’ todas declaradas improcedentes por el Consejo de Estado, (y que llevó esa alta Corte a prevenir a los directores que tal comportamiento era ‘temerario’, por lo que podría llegar a significar), pretendió diferir los efectos de la sentencia y procedió a expedir avales para los candidatos en las últimas elecciones, lo cual deja a los elegidos en una especie de limbo, por lo menos respecto a su calificación para ser parte del Congreso del Partido.
Como si fuera poco, el Dr. Serpa expidió también una Resolución No 3544 —también en contra de lo resuelto en la sentencia que restituye a todos los funcionarios que ocupaban los cargos antes de los actos ilegales del Dr. Pardo—, por medio de la cual se arroga y autoasigna la función de nombrar a todas las personas que deberán llenar esos cargos, es decir a quienes por esa razón serían los otros miembros del Congreso.
De ese tamaño es lo grave que llevó a la razón legal para suspender el Congreso.
Más grave seria en cuanto a la legitimidad, es decir en cuanto al respaldo del liberalismo, tanto a sus actuales directivas, como a la reorientación ideológica que le han dado a ese Partido.
En cuanto a lo primero son demasiado dicientes lo que los resultados electorales —todos en cabeza de esos voceros— han sido: 1998 Serpa, después de ganar la primera vuelta, perdió en la segunda con 46.53 %; 2002 Serpa: 31,8 %; 2006 Serpa:11,83 %; 2010 Pardo: 4,38 %, según se dice, salvándose de perder la personería jurídica gracias a algún manejo en la Registraduría; y en 2014 no pudo ni siquiera presentar candidato propio porque con seguridad la habría perdido.
Y en cuanto a lo segundo porque no es por la simple palabra de un expresidente —el Dr. César Gaviria— declarando que se vuelve ‘el Partido de Centro’ y se asume la línea Neoliberal, que se cambia la ideología y la tradición de un partido que ha sido caracterizado como ‘de matices de Izquierda’, ‘abrevado de las canteras del Socialismo’, ‘coalición de minorías sin vocería suficiente para hacerse oír aisladamente’, o sea por antonomasia ‘el partido del Pueblo’ y como tal afiliado al pensamiento y a la organización que defiende la línea socialdemócrata.
Publicada originalmente el 25 de mayo de 2016
