Mucho se ha hablado de los derechos fiduciarios, una creativa figura de supuesta inversión con la que se vienen desarrollando innumerables proyectos habitacionales y hoteleros en el país y otras regiones de América.
Múltiples son los ejemplos de estas estructuras de negocio en diferentes latitudes de Colombia, que van desde el sofocante calor costero o el frío de los cerros capitalinos, hasta el paisaje cafetero del occidente colombiano.
Algunos de los casos más sonados son: BD Bacatá, Best Western, Hotel Windihan y el Tryp en la capital; como también son evidentes en Cartagena, Cali, Boyacá y el Quindío, donde se conoce un proyecto bastante mencionado como lo es: Mocawa, en Armenia.
Pero, ¿qué tienen en común estas inversiones, además de la ambición en algunos casos de los llamados “artistas”? Son habilidosos empresarios con la capacidad de potenciar fuertes estrategias comerciales para embelesar el bolsillo de cientos de inversionistas afanosos de jugosas ganancias. Ejecutivos capaces de construir imperios de cemento y confort apalancados con capitales ajenos y sin control, denominados derechos fiduciarios.
Así parece ser en el escenario nacional, ante las quejas, denuncias, inconformidad e insatisfacción creciente.
¿Cómo empieza el descontrol?
Se invita a personas del común a ser parte de macroproyectos como inversionistas mediante la modalidad de garantía de derechos fiduciarios.
Los Derechos Fiduciarios corresponden a un modelo de negocio que reclutan personas que van tras la promesa de interesantes rentabilidades. Miles de personas son seducidas bajo la convicción de que hacen una inversión segura para su futuro.
Una alternativa que permite a constructores carentes del músculo financiero embarcarse en ambiciosos y costosos proyectos, mediante el uso de capital de terceros.
Lo anterior se plantea como una efectiva manera de evitar el pago de las tasas de interés que acarrean las entidades financieras.
El trago amargo de muchos ocurre cuando después de 3 o 4 años de construido el hotel, y otros 2 o 3 años de operación de éste, el gran esfuerzo que representó utilizar los ahorros del patrimonio familiar o pagar ese crédito tortuoso no brindan el retorno ofrecido en la etapa de venta en la que motivaron a invertir.
Estas personas, al encontrarse con respuestas poco profundas y vanas explicaciones, descubren que están lejos de recibir lo que una vez se les prometió.
Encontrándose con que quienes construyeron y promovieron el negocio son también inversionistas con gran participación y poder de todas las decisiones; y ahora ven en la operación una forma de continuar beneficiándose del negocio.
Mientras tanto, los inversionistas continúan esperando la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien a su vez pretende que la competencia le corresponde a la Superfinanciera, pues el dinero es recolectado siempre a través de una fiducia.
Los promotores de estas iniciativas son respaldados por círculos de poder, fiduciarias, reconocidos constructores, personajes de la vida pública y política. Lo más grave es que el modelo no es entendido por los entes de control, quienes al no tener la especialidad quedan sin competencia para poder determinar los abusos de estos modelos.
Si para un Juez de la República es complicado entender el negocio, para un Fiscal es más complejo. La ventaja que en muchos casos tiene la Fiscalía para no profundizar en este tipo de eventos, es la acumulación de procesos y retrasos del sistema judicial y de investigación.
Lo más grave, es que quienes buscan recurrir a la justicia ordinaria para tangibilizar su inversión, que aparentemente se ve pero no se puede tocar. Que se puede decir que es inversionista y en algunos casos no se puede utilizar y menos recibir fruto porque casi siempre no dan estos jueces prefieren pasarla rápidamente terminando el proceso ante reconocidos y prestigiosos abogados contratados para representar a las importantes fiduciarias, es allí, donde estos abogados juegan un papel clave para sus clientes.
Lo grave, es que quienes buscan la justicia ordinaria para tangibilizar y recuperar su inversión, se ven sometidos ante prestigiosos abogados quienes controlan la forma de exponer al juez sus argumentos para generar más confusión, llevándolo a tomar decisiones desfavorecedoras para los afectados.
La captación del dinero del público para cumplir con las reglas siempre, se hace en su mayoría por medio de fiduciarias a las que los inversionistas ven con agrado; por tener el respaldo de una entidad vigilada por la superintendencia financiera, asumiendo que su relación con estas entidades es sinónimo de responsabilidad y compromiso.
Con la complacencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, se están generando supuestos proyectos que apoyan la cartera de turismo, la construcción y el desarrollo.
La Superintendencia de Industria y Comercio, que debe velar por la protección del consumidor, tiene un gran conflicto de intereses por ver con agrado el supuesto aporte que estas estructuras le conceden a la cartera de turismo. Con el agravante de que llegue la recomendación y el favorecimiento del tío de un Ministro metido con grandes capitales en uno de estos negocios y hermano de la directora de la Cámara de Comercio de Bogotá y uno que otro concejal de colectivos como el Mira. O una de las personas cercanas de su infancia quien pudo jugar tennis con el Superintendente, hablándole bellezas del modelo y sus promotores.
Los medios de comunicación reconocidos prefieren guardar silencio por ahora, ante el cuestionado negocio y no darle relevancia ni seguimiento alguno evitando confrontaciones y cuestionamientos de los escuderos enquistados en los círculos de poder.
Por ahora el panorama para que este negocio sea regulado y controlado en Colombia por diferentes entes de control no muestra ninguna señal positiva para los incautos inversionistas que soñaron con ser dueños de hoteles que utilizaron esta modalidad.
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