En la práctica, afrontamos hoy en día una ecuación difícil de resolver: la conciliación entre el derecho de los ciudadanos a garantizar su propia seguridad o sus propiedades —autorizando la adquisición y tenencia de armas de fuego para protegerse contra elementos armados o delincuentes que se aprovechan del clima de inseguridad— y los riesgos potenciales y reales asociados con la proliferación de las armas ligeras y el potencial de violencia que tal situación provoca. ¿Cómo se resolverá esta difícil ecuación en un país donde reina el delito y la inseguridad y el orden público se ha derrumbado? Todos los días los medios reportan un gran número de incidentes delictivos cada vez más violentos —relacionados con las drogas, robos en hogares, robo de vehículos, agresión sexual, agresión física y fraude personal, entre otros— y una serie de trágicos acontecimientos que involucran armas de fuego que han caído en manos de menores y delincuentes jóvenes. La combinación de unos jóvenes sin rumbo, la difusión de una cultura de la violencia, el mercado de las drogas y el fácil acceso a las armas es, desafortunadamente, una mezcla explosiva. Los ciudadanos comparten una creciente sensación general de inseguridad (inseguridad humana: homicidios, robos a mano armada), desesperanza y altas tasas de victimización que los hace sentir más vulnerables, a expensas de fuerzas mayores, elementos criminales o personas con cuentas pendientes perdidos en una competición con pocas o ninguna regla o posibilidad de mejora. Somos todos ciudadanos de un país en el que conviven el miedo al delito, la victimización delictiva, las victimizaciones pasadas y los llamados delitos de baja prevalencia. “En la sociedad de hoy, con todos sus peligros, todos los intentos por reforzar la seguridad de las personas son muy bien recibidos. La seguridad es una condición sine qua non de todas las libertades y una cualidad básica de una sociedad democrática”.
Es importante que se controle la tenencia de armas de fuego si queremos garantizar la seguridad de la población y el logro de una sociedad más pacífica, pero no se debe restringir sin motivo el derecho de los ciudadanos a garantizar su propia seguridad y a sus propiedades, ni tampoco su derecho a garantizar su seguridad personal en el desempeño de obligaciones públicas importantes o después de haber desempeñado tales funciones. En un país en el que cada vez resulta más difícil mantener la disciplina y el Estado y la seguridad de las personas, los ciudadanos inocentes y en plena posesión de sus facultades mentales deberían poder protegerse de la amenaza de un ataque contra sus vidas o su integridad en caso necesario (algunas veces a costa de su propia vida). Por ejemplo, en el Reino Unido las estadísticas en relación con la delincuencia han empeorado después de la prohibición total impuesta sobre la tenencia de pistolas y armas de fuego. Los ciudadanos tienen derecho a la tenencia de las armas y el uso de las armas de fuego; no se trata a ciudadanos honrados, inocentes e inermes como a presuntos delincuentes, cualquier tipo de restricción se debería referir a la situación psicológica de la persona y también debería aplicarse a los sospechosos de haber cometido delitos y normas más claras por lo que respecta la limitación del uso de las armas a menores y a personas que puedan considerarse peligrosas para la seguridad pública, incluidas las destinadas a fomentar una mayor transparencia y apertura, mediante la creación de registros y el intercambio periódico de la información entre autoridades.
Por un lado, eso es así, pero, por otro, también es cierto que la mayoría de los delitos no se cometen con armas legalmente adquiridas y por este motivo debemos adoptar una postura diferente en esta lucha, un enfoque objetivo y desapasionado sobre esta controvertida cuestión. Actualmente, cualquier delincuente habilidosa puede comprar un arma de forma relativamente fácil, una opción popular para los delincuentes y las armas se venden en las calles de las principales ciudades, sin hablar de las armas que siguen llegando a manos de terroristas, que superan con creces las propias de las armas ligeras y las armas pequeñas. La aplicación de restricciones indebidas, por consiguiente, no impedirá la tenencia de armas por parte de la delincuencia organizada o de grupos de delincuentes cada vez más violentos y malhechores y sólo limitará indebidamente los derechos de los ciudadanos contra ataque ajenos o violaciones por obra de terceras personas, incluido el derecho a la defensa personal necesarios para la supervivencia.
Las armas de fuego no son un producto más como cualquier otro. La legislación en materia de armas de fuego destinadas únicamente a un uso civil y que ahora se somete a un sistema de licencias y se controla estrictamente trata cuestiones sensibles para todos, como la seguridad de los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, el control de la adquisición y tenencia de armas y de su posible mal uso con fines delictivos. Las justificadas preocupaciones de los ciudadanos en materia de seguridad acerca de la posesión legal de armas, el uso indebido y los delitos relacionados con las armas de fuego hacen necesaria una evaluación de las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Por ejemplo, mientras que algunos desean prohibir completamente las armas y limitar su uso legítimo, otros no quieren ningún tipo de control sobre la compra y el uso de armas. En respuesta a un problema que afecta a toda la sociedad, debemos encontrar soluciones a una serie de difíciles cuestiones técnicamente difíciles y controvertidas sobre los crecientes niveles del delito y la percepción del público de la seguridad en la comunidad, lo que supone un difícil reto para la convivencia. Esto hace que sea fundamental adoptar un enfoque más estricto sobre la tenencia ilegal de armas, la venta y tenencia de armas y la delincuencia organizada, con el fin de mejorar sustancialmente los niveles de seguridad. El Estado debería contar con una legislación moderna en materia de armas de fuego que dé prioridad a la seguridad de los ciudadanos y la necesidad de proteger a los niños y los jóvenes. De este modo reforzamos la protección que garantiza el Estado de Derecho. Es necesario que se emprendan medidas enérgicas y se intensifiquen los controles, incluida la venta por internet. Nuestros controles fronterizos se deben reforzar aún más, ya que los inmigrantes ilegales aún consiguen entrar y las armas pueden entrar clandestinamente con mayor facilidad asimismo a través del refuerzo de la cooperación en el ámbito de la seguridad. ¿Qué podemos decir a las madres o familiares que han perdido a sus hijos a causa de delitos perpetrados a punta de pistola?, ¿de dónde vienen tales pistolas? y ¿qué estamos haciendo para detener el contrabando ilegal de armas mortíferas y sobre las políticas de prevención del delito?
Nota:
El delito no solo está relacionado con el sistema de justicia penal, la confianza de la comunidad en la ley y el orden, sino también con otras condiciones sociales y económicas. “La naturaleza, grado y consecuencias de la actividad criminal, así como la percepción del público sobre su propia seguridad son cuestiones que tienen una influencia directa e indirecta sobre la calidad de vida de la gente. El delito puede adquirir muchas formas, y tener una influencia importante sobre el bienestar de las víctimas, sus familias, amigos y la comunidad en pleno. Aquellos que se ven afectados más directamente pueden sufrir consecuencias financieras, físicas, psicológicas y emocionales, mientras que el miedo al delito en sí puede afectar a la gente y restringir sus vidas de muchas maneras. El delito también puede generar costos económicos importantes, como el suministro de servicios para el cumplimiento de la ley y servicios correctivos, así como costos a las empresas y jefes de familia como consecuencia del delito o de la implementación de medidas preventivas”. Véase Manual para encuestas de victimización delictiva, Comisión de ONUDD-CEE, Naciones Unidas, Ginebra, 2010.
