¿En qué medida los delitos de injuria y calumnia terminan siendo limitaciones al ejercicio del periodismo? ¿Se compagina el ejercicio de un periodismo bien hecho que procura intereses públicos con los tipos penales citados?
Las respuestas a esas dos preguntas se comprenden mejor al establecer que el ejercicio de la libertad de expresión a través de la historia, tiende a promoverse sin restricciones, sin limitaciones ni censuras. Si estamos ante una práctica periodística virtuosa, el resultado será la despenalización de la injuria y la calumnia, como ha sucedido en países de Europa. La lucha en la región se sigue dando.
En ese sentido, las acciones jurídicas encaminadas a amedrentar, intimidar o amenazar al periodista para limitar el desempeño de su oficio, desestimula y reprime su afán de saber la verdad y lesiona el derecho de todos los ciudadanos a estar bien informados.
Los reportajes que un periodista realiza sobre cierta persona y su actuar público están motivados por la voluntad de saber; de alcanzar la verdad; de valorar información obtenida de diversas fuentes, no por una intención dañina de menoscabar el buen nombre o deteriorar la imagen de aquel cuyos actos públicos van en contravía de la ley o valores estimados por la comunidad. Esa voluntad de saber no es elemento de ningún tipo penal vigente.
Con su trabajo, Mejía puso en evidencias las prácticas
en procedimientos estéticos del médico Ramos
y alertó sobre las acciones de todo un gremio
Esa voluntad, ese afán de saber movió al periodista Juan Esteban Mejía a indagar en las acciones profesionales del médico Carlos Ramos Corena. Con su trabajo, Mejía puso en evidencias las prácticas en procedimientos estéticos del médico citado y alertó sobre las acciones de todo un gremio cuyos resultados hoy se cuestionan por diversos entes de control, sin olvidar, la aparición de otros casos de mujeres valientes, silenciadas por presiones o amenazas personales o judiciales.
Fue en octubre de 2011 que el periodista Juan Esteban Mejía publicó los hallazgos sobre el médico Ramos Corena en la revista Semana. En la nota, se incluyó un dato falso, consignado por los editores del medio, quienes al leer la nota de Mejía, escribieron que Ramos Corena no era médico.
La revista Semana reconoció que la responsabilidad no había sido de Mejía sino de sus editores. Enderezó su actuar y rectificó. En la búsqueda del certificado de los estudios generales de medicina de Ramos Corena, Semana halló que en la página web del médico se publicó que era graduado de la universidad Bolivariana de Medellín. Hecho que no corresponde con la realidad. En la misma nota, se cuenta que la universidad Bolivariana demandó al médico por hacer uso indebido de su nombre aprovechando su buena reputación. Finalmente, Semana halló que sí era médico pero de una universidad del Caribe colombiano.
A pesar de tales circunstancias Juan Esteban Mejía frecuenta hoy los estrados judiciales, y el periodismo virtuoso que realiza ha quedado en un segundo plano. La denuncia por injuria instaurada por Ramos Corena sigue su curso y el periodista ya ha sido vinculado formalmente al proceso a pesar de haber respetado las prácticas y valores del buen ejercicio periodístico. Eso no está en discusión.
Luego de los hallazgos y revelaciones de Mejía, el médico con diploma (no de cirujano plástico), ha enfrentado quejas y denuncias de pacientes que evidencian cicatrices y marcas irreversibles, resultado de prácticas médicas poco o nada idóneas.
La Corte Constitucional ha sido reiterativa al establecer que en un Estado democrático, la libertad de expresión (art 20 CN, el periodismo es una de sus manifestaciones) es prevalente. La Corte ha mencionado en la sentencia T-80 de 1993 que: "Salvo que se demuestre por el afectado la intención dañina o la negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que vulneran o amenazan sus derechos fundamentales". Nada de eso existió o existe en el actuar de Juan Esteban Mejía.
Investigar las acciones del médico son las motivaciones del ejercicio de un periodismo honesto que escudriña en procedimientos oscuros y cuya verdadera y única intención es prevenir al público y hacer un llamado a las autoridades pertinentes.
En otros años, afrontaron procesos similares la hoy senadora Claudia López, denunciada por el expresidente Samper; y Alfredo Molano, denunciado por la familia Araújo de Valledupar, para citar los casos más sonados; procesos que favorecieron a los periodistas. Igual esperamos en el caso de Juan Esteban Mejía, en el que la Fiscalía ha solicitado la preclusión de la investigación pero los jueces insisten. Nada más parecido a un circo itinerante que arma carpas de juzgado en juzgado.
Estamos ante la presencia de un periodista como Juan Esteban Mejía cuyo ejercicio ha descubierto malabares, acrobacias y torcidas intenciones que ahora espera la coherencia de un Estado que se ha comprometido a defender la libertad de expresión y a proteger la actividad periodística ejercida con rectitud y no amedrentarla mediante acciones que buscan el silencio y la impunidad.
