La Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades por más de 5.000 millones en la gestión del Banco Agrario para la ejecución de subsidios de vivienda de interés social rural.
“Proyectos que se están ejecutando en departamentos como Putumayo, Antioquia, San Andrés, Córdoba, entre otros, no han sido ejecutados y que las interventorías que debieron estar pendientes de la ejecución fallaron en su control”, dijo el contralor delegado para el Sector Agropecuario, Gabriel Romero.
Según el organismo de control, los proyectos de vivienda estaban en predios no aptos para su construcción y se hizo la entrega de las casas sin el cumplimiento de los requisitos técnicos permitidos por el banco, sin que esta entidad reclamara por estos incumplimientos.
De acuerdo con la auditoría, el Banco ha realizado el retiro forma unilateral, mediante acto administrativo, sustentado en evitar la afectación de los ciudadanos para que puedan volver a postularse a programas y para la depuración de la base de datos, sin considerar que el derecho fundamental a una vivienda digna, les había sido reconocido por el Estado.
Ante este señalamiento, el Banco Agrario explicó que los beneficiarios de estas iniciativas fueron retirados por causas como incumplimiento de los contratistas y de los interventores, o presentación errada de los proyectos por parte de los oferentes.
