La población del corregimiento de Micoahumado, municipio de Morales, en el sur de Bolívar ha denunciado, desde este lunes, unas detenciones irregulares por parte del Ejército Nacional. De acuerdo con la fuerza pública se trata de una redada contra miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras la comunidad asegura que los nueve (9) capturados en la acción adelantada por la fuerza pública, son campesinos de la región.
Este episodio se suma a otra serie de problemáticas que tienen a dicho territorio sumido en las confrontaciones principalmente entre el Ejército y el ELN, y las cuales han ocasionado el desplazamiento de decenas de familias al casco urbano.
Los moraleros le han pedido mayor intervención al gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, puesto que, las condiciones de vida se han deteriorado a causa de los enfrentamientos. En ese sentido, rechazaron el aumento de pie de fuerza en la zona, pues este tipo de medidas perjudican más a la población que resulta estigmatizada en medio del conflicto. Por eso, piden otro tipo de presencia estatal.
Ahora bien, este último suceso del lunes alertó más a los pobladores que recuerdan las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, que consistían en la captura ilegal de personas inocentes que posteriormente eran presentadas como miembros de grupos subversivos.
Aunque las cifras oficiales registran un poco más de 4.000 casos de los “falsos positivos”. Otras investigaciones periodísticas y de organizaciones de Derechos Humanos han dicho que esta es una cifra subestimada y llegaría a 10.000 las víctimas de este delito.
¿Qué ocurrió?
Para la comunidad, existe una persecución contra los pobladores del sur de Bolívar. Según expresó La Federación Agrominera del sur de Bolívar (Fedeagromisbol) en un comunicado público, también hay alertas sobre otros operativos de capturas en los municipios de Norosí y Tiquisio.
En el caso de Micoahumado, la federación contó que en el casco urbano se realizó un operativo a la 2 de la mañana en el que participó no solo el Ejército, sino que la policía también se sumó a las detenciones contra presuntos integrantes del ELN. En ese sentido, capturaron a nueve (9) personas: ocho (8) hombres y una (1) mujer que viven en el corregimiento.
De acuerdo con la comunidad, los uniformados ingresaron de forma violenta, hicieron disparos, rompieron las puertas y dañaron algunas viviendas. Luego sacaron a las personas a la fuerza, y según explicaron, no se les permitió vestirse.
Según Fedeagromisbol, entre los detenidos están Fredy Garcia Barragán, discapacitado y quien requiere acompañamiento permanente; Jaime David Colorado Roqueme, hijo de un líder de Asopromic, otra organización afiliada a la federación, entre otros pobladores.
Por ahora, los capturados serán procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado, rebelión y extorsión, mientras la población alega que hacen parte de la comunidad.
“Ante la gravedad de los hechos, la comunidad se dirigió hacia la base militar ubicada en un espacio civil, que la fuerza pública está ocupando desde el mes de enero de 2019 a escasos metros del casco corregimental, violando las normas del DIH; para verificar el estado de las personas detenidas y exigirle a los militares respuestas frente al porqué de los atropellos”, reza el comunicado de la federación del sur de Bolívar.
En consecuencia, manifestaron que la fuerza pública procedió a lanzar gases lacrimógenos y una de las víctimas fue la presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Plaza.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó que el personero de Morales está intentando mediar entre el ejército y la comunidad con respecto a los retenidos. Sin embargo, lo único que se conoció es que la fuerza pública iba a cumplir unas órdenes de captura de dos (2) ciudadanos y en ese procedimiento fueron detenidas siete personas más.
¿Qué denuncia la población?
Ellos denuncian una grave y reiterativa situación de agresión que se viene incrementando desde inicios de este año con la militarización del territorio debido a la llegada de alrededor de 4.000 hombres de la Fuerza de Tarea Marte, de la primera división del Ejército, que contrario a proteger, han generado más violaciones de los derechos humanos contra los bolivarenses.
En febrero de 2019, el presidente Iván Duque dio la orden de aumentar la seguridad en dicha zona del país para combatir la presencia del ELN y la del Clan del Golfo. Sin embargo, la población alega de posibles ejecuciones extrajudiciales, y la permanente persecución al proceso organizativo y sus liderazgos.
“Las comunidades, que ya se encuentran en el casco urbano de Morales, exigen la presencia del Gobernador de Bolívar, del Ministerio del Interior y organismos de control, así como la llegada de una Misión de verificación Institucional con presencia de Naciones Unidas, que se está exigiendo desde inicios de año, sin que hasta el momento se haya dado respuesta positiva”, agregó la Federación.
Las comunidades plantean que mientras no existan esas garantías para su vida se verán obligados a permanecer indefinidamente desplazados forzadamente de su territorio. Y en modo de protesta bloquearon la salida del municipio hacia el departamento de Cesar.
*Artículo originalmente publicado por la Fundación Paz y Reconciliación-PARES.
