La Universidad del Pacífico en Buenaventura, históricamente siempre ha sido una institución pública agobiada por la escasez de recursos. Sin embargo a partir del 2012, como producto de la gestión del rector Florencio Candelo (reconocida en el positivo informe de la contraloría del 2012), esta situación empezó a cambiar.
La universidad recibió ese año $2600 millones de recursos adicionales a su presupuesto y en el 2013 se recibieron $3200 adicionales y el gobierno ha aprobado más recursos para este año por un valor cercano a los $6000 millones). A esto se le agrega, como producto de la gestión, la aprobación por parte del Congreso de la República de la estampilla pro Universidad del Pacífico por $300.000 millones para los próximos 10 años.
De otra parte, la Universidad tiene cerca de 100 cargos vacantes en su planta docente y cargos en su planta de funcionamiento, lo cual resulta atractivo a los politiqueros locales para fortalecer su caudal electoral. Nunca en la historia de la universidad hubo tantos fondos!!. Ante este volumen de recursos, algunos corruptos de la clase política local se han movilizado y presionado para tomarse la universidad a través de algunos miembros del Consejo Superior y así apoderarse del dinero.
Con el propósito de tomarse la rectoría, un sector de la clase política local apoyada en un grupo de consejeros iniciaron una investigación ilegal contra el rector Florencio Candelo (investigación de competencia exclusiva de la Procuraduría General de la República) y esta se pronunció reclamando su poder preferente sobre la investigación. Tras varias intentonas de toma de la universidad para imponer un rector complaciente con los intereses politiqueros, (incluyendo dos tomas fallidas a la sede administrativa), la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Educación se pronunciaron reconociendo como rector al Sr. Candelo. Finalmente el grupo del Consejo Superior tomó la rectoría de la universidad, suspendiendo al rector bajo el amparo de un venal juez local, usurpando atribuciones de la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Educación y violando el debido proceso y el derecho a la defensa de las personas. Lo anterior bajo una bien tramada estrategia mediática.
Acto seguido nombraron un nuevo rector, violando el estatuto general de la Universidad para después empezar con despidos de directivos que se opusieron a las irregularidades del Consejo Superior y han creado un clima de amedrantamiento en la universidad. Sobra decir que estos miembros del consejo superior han querido perpetuarse en sus puestos, frente a lo cual el Tribunal Superior de Buga determinó que se convocara a nuevas elecciones de consejeros. Sin embargo, al amparo de la nueva rectoría, el representante de los estudiantes, quien había perdido tal investidura por bajo rendimiento académico, apareció matriculado a pesar de que el organismo responsable de matrículas le había rechazado y con ello retornó a ser consejero del Consejo Superior.
Un ejemplo (entre muchos) de los perjuicios ocasionados por el Consejo Superior, es el edificio de laboratorios cuya construcción se encuentra abandonada desde el 2013 y que a pesar de existir los recursos para su terminación y dotación depositados en un banco local desde hace más de un año, los miembros del Consejo Superior no han permitido su terminación, afectando a los estudiantes de los programas de acuicultura y agronomía y colocando en riesgo la renovación del registro de esos programas.
Como resultado de todas estas irregularidades y de las múltiples investigaciones que se han abierto desde el gobierno y la burla que se hace a la institucionalidad desde Buenaventura, la universidad ha sido puesta en el ojo del huracán. Todos los medios de información nacional la mencionan en la famosa lista de universidades a ser intervenidas y por ende se ha caído en el descrédito del que gozan las universidades del listado. Obviamente el Consejo Superior, único
responsable de la situación debe ser denunciado a nivel nacional.
Colectivo de Estudiantes y Docentes de UNIPACÍFICO
Noviembre de 2014
