Los Vallecaucanos denunciamos el ATROPELLO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA contra el SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES, en los municipios de CARTAGO, TULUÁ, BUGA, PALMIRA y BUENAVENTURA, pues a través de los CUATRO (04) ACUERDOS, PSAA15-10402 de octubre 29 del año 2015, PSAA16-10450 de febrero 18 de 2016, PSAA16-10475 de febrero 29 de 2016 y PSAA16-10479 de marzo 7 de 2016, DESAPARECIERON los Juzgados de Menores, convirtiéndolos en Juzgados Penales para Adultos.
Desde que se conoció el proyecto del acuerdo del 29 de octubre de 2015, desde el sistema ya se advertía LA CATÁSTROFE que se desencadenaría. Para lo cual los empleados de los juzgados enviaron sendos escritos advirtiendo al respecto, LO QUE EL CONSEJO DESCONOCIÓ POR COMPLETO, DESATÁNDOSE GRAN CAOS EN LA ATENCIÓN PARA LOS ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRABA SANCIONADOS, EN ESPECIAL LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD quienes ya no contaban con Juez natural para tramitar permisos de atención médica o para conceder la libertad por término de la sanción. Esto en razón de haber trasladado a los Juzgados y los que deberían conocer por orden del Consejo Superior de la Judicatura, propusieron conflicto de competencia en razón de la especialidad que da la Ley 1098 de 2006 para juzgamiento de los adolescentes.
Desde el 25 de enero de 2016, no HAY JUZGADO ESPECIALIZADO QUE ASUMA LA ETAPA DE CONOCIMIENTO, durante este tiempo y hasta el nueve (09) de marzo de 2016, han salido ACUERDOS SOBRE ACUERDOS Y trasladado a los Juzgados de CARTAGO para CALI, y nuevamente de CALI PARA CARTAGO, el de BUGA PARA PALMIRA y nuevamente de PALMIRA PARA BUGA. Y A LOS DE TULUÁ Y BUENAVENTURA los tienen un día siendo JUZGADOS DE MENORES y al siguiente día JUZGADOS PARA ADULTOS; esto demuestra que el CONSEJO SUPERIOR y SECCIONAL DE LA JUDICATURA no SABE QUE HACER, pues tienen claro que la ESPECIALIDAD DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA que funciona desde el año 2008 y desde antes como Juzgados de Menores desde el año 1997, es importante para el departamento del Valle del Cauca, MÁXIME LOS NIVELES DE VIOLENCIA QUE SE VIVEN. PERO POR SU PREPOTENCIA, SOBERBIA Y PODER, NO RECONOCEN QUE SE EQUIVOCARON AL EXTERMINAR LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS PARA ADOLESCENTES.
ESTA MALA DECISIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DEVOLVIÓ AL VALLE DEL CAUCA A LOS AÑOS 90 DONDE SE CONTABA CON UNA ATENCIÓN DE SEGUNDA A LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL.
ESTOS ATERRADORES Y DESCOORDINADOS ACUERDOS, HAN IMPACTADO LA DINÁMICA FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES JUDICIALIZADOS, DE LOS EMPLEADOS DE LOS JUZGADOS DE MENORES, DE LOS PENALES DE CONOCIMIENTO (ADULTOS) Y LOS DE FAMILIA, EN RAZÓN QUE DEBEN TRASLADAR SU DOMICILIO, LOS HIJOS PERDER LA CONTINUIDAD DEL ESTUDIO POR TENER QUE CAMBIAR DE CIUDAD, LO QUE INCREMENTA LOS GASTOS PARA EL SOSTENIMIENTO FAMILIAR, CONCLUYENDO CADA ESPOSA, CADA HIJO, MADRE Y RESTO DE FAMILIA, QUE LA VIOLENCIA NO SÓLO ESTÁ EN LA CALLE, QUE POR EL CONTRARIO ESTÁ EN LOS LLAMADOS PADRES DE LA PATRIA, QUIENES SE DAN EL LUJO DE DISPONER DE LA VIDA Y LA SALUD DE LA SOCIEDAD.
La solución no es convertir los Juzgados de Familia en Promiscuos de Familia para atender no sólo los asuntos de familia, que incluyen demandas de alimentos, custodia y cuidado personal, investigación de la paternidad, divorcios y sucesiones, sino también que van a asumir toda EL ÁREA PENAL DE ADOLESCENTES (ETAPA DE GARANTÍAS Y DE CONOCIMIENTO). Lo que se debe es dejar funcionando a los Juzgados de Menores, pero ahora con su nueva denominación, la de JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO.
Además se exige al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA que en los municipios de Cartago, Tuluá, Palmira y Buenaventura cuenten con Juzgados Penales para Adolescentes con funciones de Garantías y dejar de esa manera de ser la CENICIENTA DE LA JUSTICIA, pues no se puede rogar a los Juzgados Penales para Adultos quienes ya tienen suficiente trabajo, realicen las audiencias de garantías de los adolescentes.
